Por El Nacional -enero 4, 2022 / APÓYANOS
El gobierno de Nicolás Maduro se ha empeñado en la liberación de Alex Saab desde que fue detenido en Cabo Verde y para ello han argumentado cualquier cosa, desde que tiene fuero diplomático hasta pagar a unos cuantos para que manifiesten a su favor en varias ciudades del mundo. Han tratado de presentarlo como una víctima.
Sin embargo, le ha sido difícil falsear los hechos que llevaron a la detención y posterior extradición de Saab, pues lo que ocurre en este caso es un proceso judicial que nada tiene que ver con gobiernos o políticas, sino con la violación de leyes, en específico de Estados Unidos. Esa es la razón por la cual las “exigencias” de Maduro y su combo para que lo liberen no tienen eco en ninguna parte. Y ellos lo saben, pues para su desgracia el colombiano está siendo juzgado con todos sus derechos (incluso a una multimillonaria defensa) en un país en el que la administración de justicia es autónoma.
No es el caso del teniente coronel Igbert Marín Chaparro, que en estos momentos está en huelga de hambre en “la Casa de los Sueños”, sitio de reclusión de la Dirección de Inteligencia Militar en donde está desde 2018. Este destacado militar pide que organismos internacionales de defensa de derechos humanos constaten las torturas y los tratos crueles a los que son sometidos los detenidos en este centro. Su salud está ya resentida, pero él solo quiere justicia. No es culpable de ningún delito, aunque fue sentenciado a más de siete años.
Opinar en contra del gobierno chavista le llevó a Marín a perder su libertad y a ser víctima de toda clase de atrocidades, pero él incluso en medio de esta injusticia que ya lleva varios años lo que quiere es detener la violación de derechos humanos de los presos políticos recluidos en la Dgcim y en cualquier otra cárcel venezolana. Preocupa tanto su situación porque nadie quiere que pase a la lista de los inocentes que han perdido la vida injustamente detenidos, y él está abiertamente exponiendo su vida. Por eso los llamados de auxilio de muchas organizaciones no gubernamentales para que al menos una comisión de la oficina de Michelle Bachelet compruebe su denuncia.
Ni a Marín, ni a Javier Tarazona, ni a Roland Carreño ni a ninguno de los más de 200 presos políticos se les ha respetado el debido proceso; es más, en algunos casos se les ha imposibilitado hasta la legítima defensa. Los incomunican, no les facilitan atención médica, además de las aterradoras torturas que les aplican. Todo esto hace obvio que se exija la liberación de todos los que están presos por pensar distinto. No han cometido delito alguno, al contrario de Saab, en contra de quien hay pruebas y testigos.
Por eso, cuando el gobierno chavista se atreve a decir que el colombiano está “secuestrado” y es una víctima, hay que recordar que son ellos los mayores victimarios.
Tomada de: El Nacional
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