La reelección indefinida es uno de los más graves atentados contra la democracia. Lo que se vende como un supuesto derecho del pueblo a elegir a quien quiera, tantas veces como quiera, no es más que un disfraz para encubrir la concentración del poder en manos de un solo hombre. Es la legalización del caudillismo, la institucionalización del abuso y la renuncia a la alternancia como principio básico de la vida republicana.
La perpetuación de una persona en el poder, termina vaciando las instituciones, sometiendo la justicia, anulando al parlamento y cerrando las vías para el cambio pacífico. Lo que comienza como una “opción democrática” se convierte en la sentencia de muerte de la democracia misma. Se abre el camino a la persecución, a la censura y al exilio de miles de ciudadanos que se niegan a rendirse ante un poder absoluto.
Elegir a un autócrata y permitirle eternizarse en el cargo no es un acto de soberanía, es un suicidio colectivo. Las sociedades que caen en esta trampa pagan el precio con generaciones enteras sometidas al atraso, a la corrupción y al miedo. La historia reciente de nuestra región lo demuestra con crudeza: donde hay reelección indefinida, tarde o temprano desaparecen la libertad, la justicia y la esperanza.
La democracia no se defiende con discursos, sino con límites claros al poder. Y la reelección permanente es, sin lugar a dudas, su mayor perversión.
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