Leomagno Flores14 julio, 2026
El derecho no puede dar la espalda a la realidad ni divorciarse de la lógica más elemental. Imaginemos que el pasado 3 de enero, en lugar de un bombardeo, se hubiese suscitado un escenario catastrófico como el doble terremoto del 24 de junio de 2026 y el Presidente de la República, queda sepultado bajo las toneladas de escombros de una edificación colapsada.
Transcurren las semanas, concluyen las labores de rescate sin éxito y se cumplen 180 días de una evidente «ausencia forzosa» no contemplada en la Constitución como un hecho generador de la Ausencia Absoluta; y sin embargo, científica y médicamente, la supervivencia es imposible en esos 180 días. Sin embargo, en el plano estrictamente civil, el ordenamiento jurídico exige el transcurso de varios años para declarar la muerte presunta de una persona desaparecida. Ante este vacío, ¿Debe el Estado venezolano congelar su institucionalidad y esperar un decenio para resolver la titularidad del Poder Ejecutivo? La respuesta jurídica y lógica es un rotundo no.Este símil del terremoto no es un mero ejercicio de ficción; es el reflejo exacto de la parálisis institucional que vive Venezuela bajo un argumento absurdo. Hoy, los escombros no son de concreto, sino políticos y judiciales. Con la extracción y sometimiento de Nicolás Maduro a la justicia de los Estados Unidos, es jurídicamente obvio que la figura de «ausencia forzosa» dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha perdido todo sustento y debe transformarse de inmediato en una FALTA ABSOLUTA. Pretender que un mandatario bajo arresto, procesado en tribunales extranjeros y despojado materialmente de su capacidad de mando sigue en una «pausa temporal» es tan irracional, como esperar que alguien sobreviva seis meses bajo la tierra. El vacío de poder real es definitivo.
El error de interpretación radica en confundir las instituciones del Derecho Civil con las del Derecho Constitucional. El Código Civil venezolano, en su artículo 434 y siguientes, regula la presunción de muerte para proteger el patrimonio y los derechos de particulares; un proceso deliberadamente lento. Por el contrario, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) es una norma de derecho público diseñada para garantizar la continuidad del Estado, la gobernabilidad y la soberanía popular. El destino de una nación no puede someterse a prórrogas artificiales ni a ficciones legales para encubrir una acefalía presidencial evidente.
La propia Carta Magna ofrece la solución en su artículo 234, al establecer que las faltas temporales del Presidente serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por la Asamblea Nacional por 90 días más. El espíritu del constituyente es nítido: el estatus de transición temporal tiene un límite perentorio y fatal de 180 días. Una vez expirado este plazo máximo, la falta temporal se transmuta de pleno derecho en una falta absoluta. La detención forzosa e irreversible de un mandatario en el extranjero destruye cualquier posibilidad de retorno o ejercicio real del cargo dentro del territorio nacional.
De allí que, la tragedia que vive el país por el doblete sísmico, ni política ni jurídicamente, debe ser alegada, ni por propios ni extraños, como una excusa válida para violar la Constitución, máxime cuando la urgencia y tamaño de la reconstrucción de la Venezuela sobreviviente, a la ensordecedora y brutal ruptura del silencio centenario de la tierra, es un reto que exige la reinstitucionalización de la República.
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