Analítica23 julio, 2026
El primero de agosto comenzará un proceso de negociación singular. En un extremo de la mesa estará la Asamblea Nacional elegida en 2015, reconocida por diversos gobiernos como el último órgano legislativo de origen plenamente democrático.
En el otro, la Asamblea instalada tras las elecciones de 2025, cuya legitimidad ha sido cuestionada por amplios sectores de la oposición y por varios gobiernos extranjeros. Sin ocupar formalmente un asiento, pero con influencia evidente sobre el desenlace, estará Estados Unidos, cuyo respaldo será determinante para que los acuerdos que allí se alcancen puedan traducirse en una normalización política e institucional.El mandato de esa mesa es claro: iniciar la reconstrucción institucional de Venezuela. Su primera tarea será acordar la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que garantice procesos electorales confiables y de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia que recupere su independencia. Pero la reinstitucionalización no termina allí. También exigirá revisar la situación de organismos como la Fiscalía, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, cuya actuación ha sido objeto de severos cuestionamientos durante los últimos años.
Si el propósito final es devolver a los venezolanos la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes, también será indispensable adoptar otras decisiones: la liberación de los presos políticos, la restitución de los partidos políticos intervenidos a sus legítimas autoridades, el levantamiento de las inhabilitaciones políticas, el cese de las restricciones judiciales impuestas a numerosos dirigentes y ciudadanos, y el retorno seguro de quienes se han visto obligados al exilio.
A ello se suma una responsabilidad decisiva: acordar un calendario electoral creíble. Ello implica depurar y actualizar el registro electoral, facilitar el voto de los millones de venezolanos que viven en el exterior y establecer mecanismos que garanticen que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al sufragio y que su voto sea respetado.
Todo esto constituye una tarea enorme, pero no suficiente.
Porque la mesa tiene una tercera pata que aún no existe. La negociación puede crear las condiciones para recuperar la institucionalidad, pero no está diseñada para dirigir la reconstrucción del país. Venezuela necesita, además, un organismo independiente, integrado por personas de reconocida competencia y probidad, con capacidad para planificar, coordinar y ejecutar el gran programa de recuperación nacional: desde la reconstrucción de la infraestructura devastada hasta la recuperación de la economía, los servicios públicos y las instituciones del Estado.
La mesa puede restablecer las reglas. Pero hará falta esa tercera pata para reconstruir el país.
Tomada de: analitica

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