Brian Contreras|Octubre 5, 2023
Entre los delitos de los cuales se responsabiliza a Guaidó, se encuentran traición a la patria, usurpación a funciones, provecho de dinero, valores o bienes públicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir
El fiscal general designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, acusó al expresidente de la Asamblea Nacional (AN) y otrora presidente interino, Juan Guaidó, de «causar pérdidas al Estado de aproximadamente unos $20.000 millones», después de de que el tribunal federal de Delaware publicara documentos sobre el caso de la posible liquidación de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, a causa de la milmillonaria deuda que contrae Venezuela.
Saab designó a los fiscales 67, 73 y 74 con competencia nacional del Ministerio Público para dictar una nueva orden de aprehensión contra el dirigente de Voluntad Popular. Además de adelantar que solicitaría a Interpol la emisión de una alerta roja para su búsqueda y captura internacionalmente, pues el acusado se encuentra en Estados Unidos.
«Haremos la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague los delitos que ahora conoce y difunde la justicia de Estados Unidos (…) Pedimos que este sujeto sea entregado al país para que pague a la justicia», recalcó el funcionario.
También hizo un balance sobre las investigaciones en contra de Guaidó y otros dirigentes opositores vinculados con el Gobierno Interino, recordando que el expresidente de la AN electa en 2015 ha sido señalado en 28 causas abiertas por el Ministerio Público.
«Se han emitido en total 288 órdenes de aprehensión, de las cuales han sido detenidas y acusadas 129 personas. Otras 13 tienen solicitudes de extradición, a las que se incorporará la 14 cuando tengamos los trámites ya mencionados (contra Guaidó)», detalló.
Esta nueva acusación se integra a las investigaciones abiertas previamente por el Ministerio Público de Saab, quien recordó que entre los delitos de los cuales se responsabiliza a Guaidó, se encuentran traición a la patria, usurpación a funciones, provecho de dinero, valores o bienes públicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El documento al que hace mención Saab resume la demanda de diversos acreedores de Pdvsa contra Venezuela, quienes exigen el remate de Citgo para cubrir parte de las deudas ante el impago por parte del estado venezolano.
En el texto judicial se explica que la defensa de Pdvsa para evitar el pago de los más de $20.000 millones que adeudaba, era argumentar que se trataba de una entidad independiente al Estado venezolano. Por lo tanto, si el Estado contraía una deuda, no debía utilizarse a Pdvsa —concretamente a su filial, Citgo— como colateral para saldar la deuda.
No obstante, los demandantes utilizaron varios argumentos para desmontar esta separación entre Estado y Pdvsa, señalando a la empresa como un «álter ego» de Venezuela. Según el documento, este ha sido el caso al menos desde agosto de 2018 hasta octubre de 2022.
Con esto en cuenta, Saab acusa al equipo judicial designado por Guaidó —reconocido por Estados Unidos como representantes legales del estado venezolano— de otorgar la figura de «álter ego» a la empresa, haciendo que los acreedores de Venezuela puedan apuntar a Citgo en un intento por cobrar la deuda.
«Ese falso Gobierno obligó a Pdvsa a aceptar las condiciones impuestas por Juan Guaidó, usando la figura del Gobierno Interino para acordar un presunto refinanciamiento. Por esa vía prácticamente entregó a Citgo. Los argumentos para que se considerara a Citgo como un álter ego de Venezuela fueron propiciados por el procurador designado por Juan Guaidó, Juan Ignacio Hernández», insistió Saab.
A pesar de las acusaciones y el enrevesado proceso judicial, el documento indica que Pdvsa se consideró como un «álter ego» desde 2018, momento en el que el interinato no tenía reconocimiento por parte de Estados Unidos.
Por otra parte, Saab insinúa que la deuda de Venezuela se engrosó de apenas $3.700 millones a $20.600 millones a causa del dirigente opositor, pese a que esas deudas provienen de acreedores que iniciaron juicios contra Venezuela por impagos o expropiaciones del gobierno chavista.
Tomada de: TalCualDigital
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