Analítica, 23 octubre, 2026
Hay quienes invocan el ejemplo de Mandela para calificar de extremista a María Corina Machado. Desmantelar el apartheid era una tarea de enorme complejidad: había que transformar un sistema de dominación racial arraigado en las leyes, las instituciones, la economía y los cuerpos de seguridad, evitando una guerra civil. Mandela negoció para hacer posible esa transformación.
Pero quienes recurren a esa comparación omiten que María Corina manifestó públicamente, el 2 de febrero de 2026, en un encuentro con medios colombianos, su disposición a reunirse con Delcy Rodríguez para discutir un cronograma de transición. ¿Por qué se insiste en presentarla como contraria al diálogo?
También afirmó que, aunque Estados Unidos no la había incluido en las negociaciones con el régimen, no tendría reparos en aceptar lo que fuera conveniente para Venezuela y no contradijera la Constitución y las leyes. ¿Es esa la posición de una extremista?
En su propuesta al país plantea un gran acuerdo nacional, con participación de todos, para avanzar en la recuperación de Venezuela. Su convocatoria comprende tanto a los partidos de la unidad como a organizaciones provenientes de la izquierda democrática y del chavismo. ¿Esa apertura merece llamarse extremismo?
María Corina no ha prometido «freír en aceite las cabezas» de sus adversarios, como sí lo hizo Chávez en 1998. Ha insistido en que quienes sean señalados como responsables de delitos deberán responder ante la justicia. Esa justicia debe ser independiente del Ejecutivo, capaz de determinar responsabilidades individuales mediante pruebas y respetuosa del derecho a la defensa. Sobre esas garantías puede construirse la reconciliación.
Se pueden cuestionar sus decisiones, discutir sus estrategias y discrepar de sus posiciones. Pero calificarla de extremista exige explicar qué conducta concreta justifica esa acusación. Ofrecer diálogo, convocar un acuerdo plural y exigir respeto a la Constitución son expresiones de una voluntad democrática.
A veces pareciera que lo que incomoda es su insistencia en que Venezuela necesita una verdadera revolución ética y moral. Esa exigencia debe traducirse en reglas que obliguen a todos: rendición de cuentas, rechazo de la corrupción, independencia judicial y límites al poder, incluido el de quienes lleguen a gobernar.
Quienes invocan a Mandela harían bien en recordar que su transición también exigió esclarecer el pasado y escuchar a las víctimas. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación buscó hacerlo mediante un difícil equilibrio entre verdad, reparación y amnistías condicionadas. Su experiencia muestra la complejidad de reconciliar a una sociedad herida. Exigir una justicia independiente y respetuosa del derecho a la defensa es plenamente compatible con esa aspiración.
Después de tanto daño, recuperar esas bases es una condición ineludible para construir un país sano.
Tomada de: analitica
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