El decreto del Estado de Excepción es una muestra más del pretorianismo bolivariano y sus hordas fanatizadas quienes pretenden ejercer el poder no con el favor de los votos del pueblo, sino con la fuerza de las bayonetas
La declaración del Estado de Excepción por parte del iletrado Maduro forma parte de la militarización de la sociedad venezolana impulsada por el proyecto fachochavista desde su llegada al poder. El régimen decreta el Estado de Excepción basado en una fantasiosa guerra económica y una supuesta agresión al territorio nacional, sentando un precedente grave y sumamente alarmante.
Recordemos que los Estados de Excepción en nuestro país (1989, 1992 y 1999) han sido episodios represivos y sangrientos, caracterizados por violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que aún siguen sin ser efectivamente investigadas.
El decreto del Estado de Excepción aprobado recientemente por el pupilo del santón de Sai Baba, se enmarca dentro de la Doctrina Militar Bolivariana, esperpento facho-militarista de impronta autoritaria y delictiva impuesto por el pranato bolivariano. Representa un terrorismo de Estado, ejecutado por la Fuerza Armada Nacional (FAN), institución que ha devenido en el brazo amado del PSUV. Mediante dicho decreto se institucionaliza el uso del músculo opresivo militar a fin de acallar y exterminar a la disidencia política, así como silenciar a las organizaciones no gubernamentales en favor de los derechos humanos (Provea, Cofavic, Foro Penal, etc). Igualmente, reafirma el nuevo papel de la FAN como garante del orden interno y del control militar del Estado.
Este repudiable decreto facho-bolivariano no representa una demostración de fuerza, como algunos han afirmado, sino todo lo contario, es una clara manifestación de debilidad, de falta de apoyo popular y de miedo por parte de Maduro ante la factibilidad del referéndum revocatorio. Constituye un nuevo desafuero del pranato fachobolivariano en su desespero por neutralizar al parlamento y mantener el ataque contra las competencias del Poder Legislativo. El texto del mismo es un vulgar calco de los abyectos decretos emitidos por los regímenes militares del Cono Sur del siglo pasado que les permitieron exterminar a sus enemigos políticos. Constituye un respaldo jurídico a la represión desmedida del hamponato cívico-militar que nos desgobierna y que pretende continuar esta práctica nefasta de manera indefinida.
Cabe acotar que no es la primera vez que el régimen apela a la Doctrina Militar Bolivariana a fin de justificar sus fechorías. Recordemos la militarización de la seguridad pública mediante las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLPs), razias policiaco-militares violatorias de los derechos humanos de los más humildes. Estas desesperadas tropelías de los chafarotes bolivarianos se han traducido en la muerte de aproximadamente 245 personas en 2015, y más de 45 ciudadanos en lo que va del año 2016. Decesos que han ocurrido producto de “enfrentamientos armados con las autoridades” según los partes oficiales. Sin embargo, las evidencias indican que en la mayoría de los casos se trató de vulgares ajusticiamientos de ciudadanos a manos de funcionarios militares y policiales. Muchas de las víctimas fueron asesinadas por disparos a quema ropa, o fueron vistas por última vez bajo custodia militar-policial y luego fueron halladas muertas. Además se han realizado detenciones, desalojos y deportaciones arbitrarias bajo la excusa de la seguridad ciudadana.
El decreto del Estado de Excepción es una muestra más del pretorianismo bolivariano y sus hordas fanatizadas quienes pretenden ejercer el poder no con el favor de los votos del pueblo, sino con la fuerza de las bayonetas.
La soldadesca bolivariana pretende convertirse en los garantes de una putrefacta hegemonía excluyente y explotadora a punta de fusil.
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