Cada vez que el señor Maduro quiere –en su irracional empeño de restarle valor a los millones de votos obtenidos por la MUD el 6 de diciembre– burlar la voluntad popular acude a la fastidiosa jugada de llamar en su auxilio al Tribunal Supremo, en especial a la Sala Constitucional, para que le apruebe lo que su real gana desea sin pasar por la Asamblea Nacional, tal como lo dispone diáfana y claramente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La democracia no puede existir si uno de los poderes ignora al otro, lo interfiere o desestima sus funciones. El Poder Ejecutivo tiene su función propia y jamás puede invadir la esfera de los otros poderes, pues, si así lo hiciere, estaría contrariando su propia legitimidad. Debe existir siempre un clima de respeto y armonía entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, garantizado a su vez por la preeminencia de la Constitución.
Que el presidente Maduro se empeñe en no entender ni respetar lo que su predecesor, Hugo Chávez, se empeñó en difundir con “la Bicha” en la mano, es burlarse en público de quien hoy, ya fallecido, no está en capacidad de defenderse de las graves distorsiones y usos arbitrarios que está cometiendo con la única finalidad de proteger sus intereses personales.
A la Constitución Nacional la están usando como un chaleco salvavidas una serie de personajes a los cuales en nada les preocupa ya la “esencia revolucionaria” del proyecto que los llevó, violando el ordenamiento constitucional y el juramento militar, a atentar contra el sistema democrático en dos oportunidades, en las cuales, por cierto, sí hubo un intento de magnicidio, esa vez real y verdadero.
Lo que no pudieron con las armas se les permitió luego por la vía del voto popular. Hoy reniegan del voto, se atemorizan ante la voluntad mayoritaria y maniobran para impedir las elecciones. Parafraseando el machista dicho popular, Maduro propone… y la Sala Constitucional dispone a placer. Se olvidan de la historia, borran de su memoria que otros gobiernos más duros y fuertes se han desplomado de la noche a la mañana y que no existen excepciones a esa regla.
En el Chile democrático de hoy se discute y se ventila el comportamiento de la Corte Suprema durante la dictadura militar. En un artículo firmado por Carlos Peña, publicado en El Mercurio, se analiza un documento de la CIA, hecho público recientemente, en el cual se revela que Pinochet “ordenó personalmente el asesinato de Letelier”, el canciller de Allende, rescatado de la prisión por Diego Arria.
Lo más impactante, dice el articulista, es que, según esos documentos, “la Corte Suprema, con amable docilidad, aceptó las instrucciones de Pinochet para impedir la extradición de los militares que participaron en el homicidio, hasta el extremo de mostrar a Pinochet, y someter a su previa aprobación, la sentencia que la denegaba. ¡La Cortesometiendo a la revisión de una de las partes interesadas la sentencia que dirime el conflicto!”.
Tantos años después de Pinochet y de su sangrienta dictadura, aquí en Venezuela una sala del Alto Tribunal se muestra tan dócil y amable como si el dictador chileno hubiera reencarnado, para mayor desgracia nuestra, en Miraflores.
Fuente: El Nacional
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