Brian Contreras|Octubre 18, 2021
Los controles sobre el precio de bienes de consumo son incompatibles con la realidad del país, ya que los costos de producción se han multiplicado como consecuencia de los efectos de las sanciones
El gobierno de Nicolás Maduro parecía haber saciado su sed de control y regulación en los últimos dos años, después de los catastróficos resultados obtenidos por sus políticas económicas, pero las viejas costumbres nunca se pierden y expertos advierten sobre ciertas prácticas regulatorias que amenazan la sostenibilidad de empresas y comercios.
Después de el lanzamiento del bolívar digital, el pasado 1ro de octubre, el Gobierno parece haber fijado su mirada nuevamente en el control de precios, al exigir a los establecimientos que venden bienes de consumo que respeten una lista de 27 productos con precios acordados hace más de un año que están completamente desactualizados.
A pesar de que la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) se había mostrado más laxa en los últimos meses, suele hacer recordatorios y fiscalizaciones esporádicas que parecen querer dar la impresión de que la ley se cumple, aunque los precios en las calles dicten una realidad distinta.
Sin embargo, en esta ocasión parecen haber incrementado su articulación durante un tiempo más prolongado y empiezan a aplicar una mayor severidad para quienes incumplen la normativa. Así lo denuncia el Grupo Estrategia Consultores.
«Apenas se supo de la reconversión monetaria y la medida entró en vigencia, a través de la Sundde se comenzó un proceso de fiscalización por toda Venezuela que dio como resultado la imposición de algunas sanciones como cierres de establecimientos», comentan.
De acuerdo con sus datos, se produjeron más de 3.000 fiscalizaciones por el incumplimiento de varias normas, pero en especial el irrespeto por la lista de 27 productos con precios acordados, que fueron establecidos en abril de 2020, hace más de 17 meses.
Como era de esperarse, los precios están completamente desfasados, pues se han encarecido desde la publicación de estos «acuerdos» hasta la fecha. Esos precios ordenan, por ejemplo, la venta del kilo de carne en 613.949 bolívares soberanos; mientras que actualmente se vende en unos 27 bolívares digitales (27 millones de soberanos).
«Lo que menos se quiere son controles de precios que, tras un año de aplicados, ya están desfasados y lo que hacen es perjudicar, causar temor y desconfianza en el sector privado que está luchando por mantenerse a flote», destaca la firma.
Uno de los principales problemas de esta práctica es que, incluso si los precios acordados en bolívares son actualizados en función del dólar, el parámetro igualmente queda corto, ya que el costo para producir estos bienes se ha multiplicado.
La escasez de combustible, la crisis financiera global surgida a partir de la pandemia, el incremento de fletes de importación, el autoritarismo de los militares en alcabalas que solicitan pagos para dejar pasar la mercancía y una enorme lista de elementos han contribuido a que los costos de producción en algunos casos incluso se quintupliquen.
En este sentido, los consultores no necesariamente satanizan los controles, pero sí enfatizan que estos deben perseguir un fin concreto e implementarse en un contexto de emergencia, no durante plena recuperación de la estructura comercial del país que puede echar por tierra los últimos dos años de trabajo e inversiones del sector privado.
«Se necesitan políticas de estímulo a la producción que se pueden aplicar sin controlar los precios, porque ahí está la generación del empleo, ya que el Ejecutivo no tiene recursos para crear», recalcan.
A pesar de que estas fiscalizaciones dan indicios de que podría retomarse el control de precios, productores y comerciantes razonaban semanas atrás que era inviable ver un restablecimiento de estas políticas.
Incluso, desde Consecomercio afirmaban que los organismos fiscalizadores habían acudido en diversas ocasiones a comercios para hacer inspectorías, pero al revisar la estructura de costos de los productos, entendían que se vendía al precio adecuado.
Por lo tanto, resta hacer seguimiento a la Sundde y sus fiscalizaciones para determinar si será una política recurrente o los controles son una tendencia de corto plazo con fines políticos, para respaldar la implementación de la reexpresión monetaria.
Tomada de: TalCualDigital
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