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Ahiana Figueroa|@ahianaf|Diciembre 20, 2022
El aumento de las tarifas no ha generado una mejora de los servicios públicos, los cuales siguen presentando constantes fallas que afectan de múltiples formas a la población. La administración de Nicolás Maduro prometió que al cerrar 2022 todas las familias venezolanas tendrían electricidad y agua constante. Pero falló
La precariedad de los servicios públicos en Venezuela comenzó con la crisis eléctrica en el año 2009, esto hizo que poco a poco el resto de las empresas que proveían otros servicios cayeran en una espiral de deterioro. Sin embargo, pocos recuerdan que la precariedad en la prestación del Estado para cubrir estas necesidades a la población se inició con la estatización y nacionalización de las empresas dedicadas a proveer luz, agua potable, telefonía y gas.
En 2021 y 2022, se intensificaron los problemas en la prestación de los servicios públicos, a lo que se sumó el aumento de las tarifas varias veces en estos dos años.
Hasta la fecha, ese incremento tarifario no va en concordancia con una mejora de los servicios, por lo que la administración de Nicolás Maduro afirmó a comienzos de 2022 que resolvería esta situación. Meses después volvió con la promesa al afirmar que para finales de este año todas las familias venezolanas tendrían electricidad y agua constante. Pero falló.
Ante el deterioro de los servicios públicos, a causa del bloqueo y la indolencia, tenemos el reto en el 2022 de garantizar la estabilización del agua, electricidad, transporte, distribución del gas y combustible. El Pueblo reclama soluciones prontas y justicia contra las mafias. pic.twitter.com/OWpE5Vvdd3
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 16, 2022
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En unas declaraciones dadas el jueves 18 de agosto de 2022 aseguró que su gobierno debía dar «respuestas claras a los problemas de las comunidades», y ratificó su compromiso de optimizar los servicios públicos.
«Hemos tenido que parir para obtener los repuestos para arreglar los sistemas. 31 de diciembre una meta, el 100% de la solución de averías en tuberías de agua (…) Aunque dejemos el pellejo. Hemos atendido 60% de los casos», dijo durante una transmisión por la estatal VTV, en la que presentó los «Avances del 1×10 del Buen Gobierno», la cual atiende las denuncias realizadas por las comunidades de manera directa.
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En su meta de llevar el agua potable al 100% de los hogares venezolanos para finales de 2022, Maduro indicó que la solución vendría en la resolución de las averías de todo el sistema de distribución. Mientras que el ministro de Atención de las Aguas, general Rodolfo Marco Torres aseguró «que llueva, truene o relampagué esa meta la vamos a cumplir, estamos trabajando para ello».
También el ministro de Energía Eléctrica, general Néstor Reverol, se propuso resolver 100% de los problemas de electricidad. «Se ha hecho seguimiento a los reportes de fallas de los servicios públicos, así como la meta de cumplimiento de sus soluciones. Se han resuelto 60% de los casos de averías de agua potable (…) También estamos preparando los planes para resolver 100% de los problemas eléctricos«, dijo ese mismo jueves 18 de agosto.
*Lea también: El aumento de las tarifas de los servicios públicos: el tema del que no habla Maduro
Pues llegado diciembre, las protestas por la falta de servicios públicos continúan. Barrios y urbanizaciones enteras en varias regiones del país aún tiene varios años sin luz y/o agua. Por otra parte, los cortes de energía continúan. Aixa López, representante del Comité de Usuarios por los Apagones, indicó que casi 200.000 fallas eléctricas ocurrieron en Venezuela en 2022. Aseguró que el corte del servicio por racionamiento se debe a que de los 36.000 megavatios instalados del Servicio Eléctrico Nacional (SEN) solo funciona la mitad.
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La cifra de fallas de este año representa un aumento del 13,9% respecto al mismo periodo de 2021, cuando se computaron 175.399 cortes eléctricos en la capital y en los 23 estados.
Advirtió que los estados andinos se han visto muy afectados en 2022, pero que Zulia es la entidad que «no ha salido del reinado» con más fallas de todo el territorio.
El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) es una organización no gubernamental que ha tenido como labor estudiar e informar sobre la situación de los servicios desde hace cinco años, basándose en la percepción ciudadana con una muestra de 12 urbes del país. En un reciente informe señaló que la opinión negativa sobre la calidad del servicio de energía eléctrica en los hogares empeoró en 2022, cuando alcanzó 47,1% en febrero mientras que en el segundo trimestre, este valor ascendió a 62,4%.
«Las urbes del occidente como San Cristóbal y Mérida se han mantenido entre los porcentajes más elevados de apreciación negativa del servicio eléctrico con algunas excepciones donde Porlamar se posicionó en los primeros lugares, según la percepción ciudadana», acotó el OVSP.
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En su último reporte del 15 de diciembre se destaca, entre muchos otros, que en ese solo día los pobladores de Ciudad Bolívar en el estado Bolívar se encontraban sin internet y telefonía fija de Cantv, que tres meses sin agua sumaban pobladores de comunidad Mirí de Socopó en Barinas, que Maracaibo y otras zonas del estado Zulia presentaron fallas eléctricas y, que la comunidad Los Samanes en Maracay no contaba con servicio de agua por tuberías, electricidad y alumbrado público. Mientras que los habitantes del sector El Pinar en Cumaná protestaron por un desbordamiento de aguas servidas que no había sido atendido.
El ejemplo de ese jueves 15 es reflejo a lo que también sucede en el resto de los días del año.
De nuevo #Tinaquillo #Cojedes #Venezuela lleva 1 semana #SinAgua #SOS Hasta cuando seguira @Hidrocentro2011 @R_MarcoTorres @_Vpsops @NestorLReverol La indiferencia y la incapacidad en el manejo de los servicios públicos es donde mejor se destaca el desgobierno de @NicolasMaduro pic.twitter.com/uRHZ6eqw1N
— Francisco D´Luca 🇻🇪 (@FrankDLuca) December 19, 2022
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*Lea también: Maduro quiere «embellecer» al Metro de Caracas tras años de desinversión
Centralización y obras inconclusas
Con la estatización de las empresas privadas que prestaban servicios públicos como Cantv y la Electricidad de Caracas se echó también por la borda el plan de descentralización del país, que consistía en descongestionar la toma de decisiones desde el alto poder ejecutivo.
El proceso de descentralización en Venezuela comenzó en el año 1989 con la participación de los venezolanos en la escogencia de sus gobernadores y alcaldes. La presencia de los líderes regionales más las distintas empresas que prestaban un servicio público en cada estado contribuyeron a la optimización de la toma de políticas públicas y en la ejecución de planes para mejorar la infraestructura del país.
No obstante, con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 se llevó a cabo un proceso de nacionalización que generó luego serias consecuencias. Un informe de la ONG Transparencia Venezuela recuerda que en 2017 ya el Estado contaba con 503 empresas, de las cuales 70% se crearon o estatizaron en su gobierno.
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Años más tarde, luego de no haberse aprovechado la inmensa cantidad de recursos provenientes del petróleo que sumó casi 1 billón de dólares en un período de 10 años durante la gestión de Chávez, los recursos perdidos por irregularidades y corrupción, así como su desvío por motivos políticos (campaña y propaganda), llegó el colapso de la infraestructura de todos los servicios públicos.
«Venezuela presenta una cantidad importante de obras de infraestructura bajo la responsabilidad del Estado, cuyo proceso constructivo se encuentra paralizado o con muy fuertes retrasos en su ejecución, a causa mayormente de falta de recursos financieros y proyectos mal formulados, evidenciando serias fallas en el proceso de planificación y ejecución, generando consecuencias muy negativas sobre el desarrollo económico de la nación y el bienestar de su población, además de ingentes pérdidas materiales», se indicó en un informe que presentó la comisión especial designada por la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat y El Grupo Orinoco para tratar el tema.
Resaltó que entre otros proyectos, son significativos los olvidos en la infraestructura de servicios: transporte y comunicaciones, agua y saneamiento, generación y distribución de electricidad.
En el documento se recomienda la necesidad de crear un registro de proyectos inconclusos, tanto los correspondientes a la administración pública nacional, como a la estatal y municipal; también definir criterios y baremos a aplicar caso por caso para su análisis según la clasificación que se haya hecho de ellos e; iniciar la evaluación de los proyectos inconclusos con las auditorias técnicas necesarias.
Sin embargo, se destaca que se debe formular una política pública que permita progresivamente superar el problema de las obras que quedaron a medias, incluyendo «desde culminar el proyecto, hasta renunciar definitivamente a su terminación».
Muchas de las obras inconclusas están relacionadas con la infraestructura de agua y electricidad, entre ellos: Sistema Tuy IV–Embalse de Cuira, Embalse Puerto Maya, Embalse Dos Bocas; el Programa de Rehabilitación y Optimización de las Plantas Mayores de Potabilización de Agua en Venezuela, el Proyecto Yacambú Quibor (obras de embalse), el Proyecto Gas Anaco Fase II y Construcción de cinco centros operativos, la Central Hidroeléctrica Tocoma, el Proyecto Parque Eólico Paraguaná, el Proyecto Central Termoeléctrica Termo Zulia III (Ciclo Combinado) y el Proyecto Central Termoeléctrica de Bachaquero en Zulia.
De la mano del privado
Las constantes fallas de los servicios públicos hizo que la administración de Nicolás Maduro dejara a un lado la política del chavismo de obviar al sector privado en la solución de los problemas del país. Es por ello que en los últimos dos a tres años se ha permitido que empresas no estatales puedan proveer de los servicios de agua, electricidad, aseo urbano y telecomunicaciones, principalmente.
Como una especie de privatización, más empresas aparecen como salvavidas y hasta forman gremios, con la finalidad de atender en bloque, las diferentes fases que deben cumplir las compañías del Estado.
Para Adriana Jiménez, profesora del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), las asociaciones permiten incorporar financiamiento privado a proyectos de infraestructura para mejorar servicios públicos. Sin embargo, este no ha sido el caso venezolano, ya que hasta ahora solo se ha dejado operar a la empresa privada en la oferta final de los servicios a través de vías distintas al sistema estatal: pozos de agua y generadores o plantas eléctricas.
«La mayor cantidad de proyectos para mejorar los servicios públicos de un país se ha desarrollado con el sector privado, del cual se han resaltado sus bondades en términos de eficiencia desde hace muchas décadas» y agrega Jiménez «el desarrollo de asociaciones público-privadas ha llevado a las sociedades y a los gobiernos a trabajar aún más en la rendición de cuentas, como parte fundamental de la cultura política», tema éste olvidado en Venezuela desde hace varios años.
A pesar de que la administración de Maduro ha optado por dejar hacer a las empresas privadas en este terreno de ofrecer servicios, ha hecho poco para ejecutar los planes de recuperación que requiere la infraestructura física del país, debido a la falta de inversión en su mantenimiento. En su lugar, se ha limitado a poner en práctica varias acciones que han sido calificadas de «cosméticas» y para las cuales ha activado a la Fuerza Armada Nacional (FAN), a las llamadas Bricomiles (Brigadas Comunitarias Militares), los Consejos Comunales, el Movimiento Somos Venezuela, el Movimiento Bolivariano de Familias y organizaciones estudiantiles, entre otros.
Mientras, continúa la percepción de los venezolanos de que no hay un panorama claro en la solución de los servicios públicos y que cada día ven como merma su calidad de vida. «Hace varios años el plan de racionamiento del agua era que nos daban el servicio tres días a la semana, ahora es un solo día. ¿Cómo puedo pensar en que se ha mejorado esta problemática?», dijo Israel González de 52 años desde la parroquia Sucre de Caracas, precisamente la capital del país que ha tenido «más suerte» con los servicios que el resto del país.
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