Marta de la VegaPublicado diciembre 21, 2020 / Twitter: @martadelavegav
Entre el 7 y el 12 de diciembre de 2020 tuvo lugar, no solo en Venezuela sino en muchas ciudades del mundo, la Consulta Popular de iniciativa ciudadana e impulsada por el gobierno interino de Juan Guaidó, amparada por el artículo 70 de la Constitución actual. A pesar de las voces agoreras y de las circunstancias del país agravadas por la pandemia de covid 19, que hacían temer muy poca participación, el balance al analizar los resultados ha sido exitoso.
La farsa electoral ilegítima e inconstitucional del 6 de diciembre pasado para dizque elegir un nuevo parlamento quedó al descubierto. En realidad fue para que Maduro ganara la sumisión y el doblegamiento de quienes se prestaron al juego del soborno y la corrupción con prebendas inocultables, a fin de que un grupo de falsa oposición suplantara de forma ilegal a los diputados que forman parte del único poder vigente que es la Asamblea Nacional en ejercicio.
El vacío de poder que permitió, de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución venezolana, que Juan Guaidó asumiera el cargo de presidente interino de la república en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional en enero de 2019, no ha cesado. Tampoco han cambiado las condiciones de usurpación del Poder Ejecutivo por parte de Maduro, así como la usurpación de posiciones en las demás instituciones del Estado, incluido el Poder Judicial y sus magistrados, al servicio de la dictadura y de la voluntad de dominación que impone la camarilla que arrasa con lo que queda en pie de la vida nacional y sus ciudadanos, desde las más altas cúpulas del poder político.
Se mantienen y ahondan la ruina, el despojo y la indefensión de la gente, la violencia criminal, la arbitrariedad y la impunidad de un régimen que ha dejado de ser gobierno para convertirse en una banda mafiosa de delincuentes, sustentada por Estados forajidos y carteles del crimen organizado transnacional que apoyan sin escrúpulos la calamidad, definida por E. Garzón Valdés (2009) como “aquella desgracia, desastre o miseria que resulta de acciones humanas intencionales”, para diferenciarla de la catástrofe. Es esta acción deliberada y recurrente a la que nos han conducido la corrupción, la ineptitud y el cinismo de quienes se dicen funcionarios públicos al servicio del bien común de la república.
Tal situación ocurre en un entorno de agudización de la crisis humanitaria compleja que sufre el país y que en sí misma constituye un crimen de lesa humanidad en contra de la población más vulnerable, diezmada por la imposibilidad de acceder a alimentos, a causa de sus precios o de su escasez; por la falta de servicios médicos de salud, sin medicinas, ni accesorios ni equipos médicos que permitan el tratamiento; sin gasolina para movilizar los vehículos ni a las personas enfermas; sin servicios públicos básicos como agua y electricidad que no son suministrados de manera corriente y continua ni siquiera en la capital, Caracas.
En este escenario nos enfrentamos al futuro inmediato y al mediano plazo de una Venezuela maltratada hasta lo indecible, a pesar de las luchas llevadas a cabo y que sigue impulsando todas las iniciativas válidas para restituir el hilo constitucional y recuperar de manera pacífica la democracia, la decencia y la justicia, pisoteadas a diario por los personeros del régimen tiránico, sus acólitos y secuaces. Puesto que no podemos salir a actuar con fusil y metrallas para desalojar a quienes han secuestrado el país y sus instituciones, el primer paso es apelar a las bases de legitimidad de la continuidad institucional que se mantiene hasta que las causas que provocaron el vacío de poder se acaben.
En este sentido, es una magnífica noticia la instalación en la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, el 16 de diciembre de 2020, de la Comisión Delegada. Integrada por la junta directiva, presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes del Parlamento, su tarea es mantener las funciones del Poder Legislativo, una vez finalizado el período de sesiones ordinarias el 15 de diciembre y al regreso a las actividades a partir del 5 de enero de 2021 para el nuevo período constitucional 2021-2026.
En términos de la Constitución, debe prolongarse el ejercicio de la misma Asamblea Nacional electa en 2015 por “continuidad institucional”. La legitimidad de esta acción política está fundamentada en los artículos 195 y 16 constitucionales y en el artículo 53 del Reglamento Interior y de Debates.
Las propuestas de negociación, mientras tanto y de manera simultánea, no pueden ser desechadas. La cohabitación no puede ser entendida como la convivencia con los responsables de atrocidades, directa o indirectamente, por ser integrantes en la línea de mando de tantos desafueros cometidos en el país y del saqueo de las arcas públicas. La democracia no es un bien negociable. Es inaceptable la transición hacia la paz con impunidad.
Marta De La Vega es Investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora en UCAB y USB.
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Tomada de: TalCualDigital
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