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Por El Nacional -agosto 19, 2021
El Nacional tenía que apelar en cuanto salió la sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del oficialismo que le obliga a cancelar al número tres del régimen (y ahora amo y señor de las candidaturas del PSUV) más de 30 millones de dólares por “daño moral”. Había que hacerlo, aunque se tuviera la certeza de que no habría decisión ajustada a derecho, pues desde hace muchos años la justicia es otra de las cosas inexistentes en el país.
La decisión N° 0302 ratifica que el periódico tiene que pagarle a Diosdado Cabello por haber informado al reproducir, en 2015, una noticia publicada en el diario ABC de Madrid. Para la justicia del régimen al capitán se le causó un “daño moral”.
Los magistrados de la Sala Constitucional decidieron que sus colegas de la Civil actuaron correctamente al aplicar una indexación que multiplicó en millones lo pautado por un tribunal inferior, que calculó el supuesto daño en poco más de 13 millones de dólares. Y se encargaron de explicar que había que recurrir a un “mecanismo de ajustes periódicos del valor nominal de la moneda con el objeto de restablecer el equilibrio roto por el aumento o disminución en el poder adquisitivo de esta”. Agregaron que no puede considerarse justo o legal que una deuda mermada logre extinguir una obligación. Es decir, que El Nacional debe asumir la responsabilidad por la devaluación de la moneda, tragedia que tiene a otros muy conocidos culpables. La pregunta obligada es si se aplicará el mismo criterio cuando se resuelvan asuntos en los que el deudor es el Estado.
Toda esta patraña legal, que lleva años, lo que ha hecho es menoscabar una vez más el derecho a la libertad de prensa. El Nacional no ha sido el único objeto de la política de eliminación, por cierre o compra, de medios de comunicación, pero ha dado ejemplo en la batalla porque todavía sigue en pie.
El verdadero daño moral es el que le han infligido al pueblo venezolano, al que todos los días le violan sus derechos. No solo en lo que se refiere a necesidades básicas, sino que contra muchos ciudadanos se han cometido delitos que no prescriben, aunque tienen que ventilarse ante la justicia internacional porque ha quedado en evidencia que, con tribunales convertidos en instrumentos para la venganza y la amenaza, jamás habrá una justicia justa.
Por esto es que les mortifica tanto la actuación de la Corte Penal Internacional y de otras instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones tardan, pero llegarán y serán personalísimas. La sentencia de la Sala Constitucional es una prueba más de lo que el mundo entero sabe: que en Venezuela los encargados de impartir justicia solo sirven a los intereses del régimen.
Tomada de: El Nacional
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