Gabriela Rojas|Agosto 25, 2022
Mientras en Latinoamérica y el continente la discusión toma matices, se enfría y se calienta según el momento político, en Venezuela el debate se queda en el entorno de las redes sociales y en espacios de activismo. Pero en los curules parlamentarios y otros organismos de toma de decisiones, del aborto no se habla
Entre el falso dilema de «lo urgente» y «lo importante», el debate público sobre temas transversales de la sociedad se ha ido quedando en el tintero de una agenda postergada en todos los ámbitos del país: legislativos, políticos, educativos, y socioeconómicos. La despenalización del aborto es uno de ellos.
Mientras en Latinoamérica y el continente la discusión toma matices, se enfría y se calienta según el momento político, en Venezuela el debate de la opinión pública se queda en el entorno de la tuitósfera en redes sociales y en algunos espacios de activismo. Pero en los curules parlamentarios, instituciones de gobierno y otros organismos de toma de decisiones, del aborto no se habla.
Aunque no se hable, no quiere decir que no ocurra. La opacidad en las cifras oficiales sanitarias y la ausencia de difusión de indicadores como la mortalidad y morbilidad materna, desde 2016, minimizan la perspectiva de definir políticas públicas sin tener un conocimiento sobre la cantidad de mujeres y los métodos de riesgo bajo los cuales se practica la interrupción de embarazos no deseados en Venezuela.
Según un estudio realizado por la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa (Avesa) en 2018, el aborto inseguro era la tercera causa de muerte materna en Venezuela. A pesar de que no es una cifra oficial, el dato surge de una investigación llevada a cabo en cinco centros de salud del país.
Magdymar León, coordinadora ejecutiva de Avesa, explica que en Venezuela el aborto está penalizado en prácticamente todas sus formas. «Solo se permite el llamado aborto terapéutico, lo que se conoce como causal vida, en el cual se determina a través de una junta médica que existe alguna malformación congénita que hace inviable el embarazo o en el cual está en riesgo la vida de la madre».
Pero León aclara que esto depende del hospital o de la posibilidad de conformar esta junta, porque realmente no existe un protocolo clínico establecido o autorizado por el Ministerio de salud, que forme parte de la estructura de servicios de cualquier institución de salud.
Hay un vacío enorme porque es una decisión que en todo caso hace una junta médica, pero no es una decisión que pueda tomar cada mujer», apunta.
El Código Penal venezolano contempla la penalización del aborto en los artículos 430, 431, 432 y 433, un articulado que data de 1915 y que a pesar de las reformas de este instrumento jurídico, no ha sido revisado.
Las sanciones y penas de prisión para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo va de seis meses a dos años. Para quienes la ayuden o realicen esta práctica con el consentimiento de ella, un profesional de salud por ejemplo, puede recibir de 12 a 30 meses de prisión; pero si esta practica conduce a la muerte de la mujer, la pena de cárcel será de tres a cinco años.
Además de la criminalización, hay otros aspectos de implementación de la norma con el que las mujeres deben enfrentarse, por ejemplo el uso de las pastillas mifepristona y misoprostol, que son casi imposibles de conseguir en farmacias, por lo que se convierten en un producto susceptible al contrabando y la especulación. El protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que se necesitan doce pastillas para interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas de gestación, por lo que la dificultad para adquirirlas las elimina como una opción accesible para la mayoría de las mujeres.
Y si bien las penas que sancionan la interrupción de un embarazo son menores a las establecidas para los delitos de violencia sexual, el índice de casos de violaciones que nunca llegan a juicio o de causas que reciben sobreseimiento revelan más de 90% de impunidad en violencia contra las mujeres, indica la coordinadora de Avesa.
Mirando para otro lado
En febrero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Esta decisión venía precedida por el debate que se dio en México cinco meses antes, luego del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de México que estableció que penalizar el aborto es inconstitucional. Aún así, en México solo cuatro estados permitían la interrupción voluntaria sin causales: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, donde se permite hasta las 12 semanas de gestación. Pero luego del fallo de la corte, los estados que lo prohibían tuvieron que considerar en sus legislaciones la inconstitucionalidad de criminalizar los casos.
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Con Colombia y México, la interrupción del embarazo se hizo ley igual que en Argentina, Uruguay y Cuba, los únicos cinco países de América Latina que lo permiten a petición de cualquier mujer embarazada. En el caso de Argentina el plazo límite son 14 semanas; en Uruguay y Cuba es hasta la semana 12 de gestación.
En cuanto al continente solo Canadá, Guyana y la Guyana Francesa cuentan con una legislación que garantiza el aborto libre, legal y seguro. Con la polémica sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el precedente del caso Roe vs Wade, hecha pública en junio de 2022, se revocó el derecho constitucional al aborto en el ámbito federal y ahora cada estado determina la legalidad dentro de sus territorios, lo que generó que en pocos días, casi la mitad de los estados aprobaran leyes que lo prohíben o en el que se intensifican medidas estrictas para regularlo.
Otros países latinoamericanos han desarrollado políticas públicas que lo permiten según causales específicas, como por ejemplo, en Bolivia se permite en caso de violación, incesto o patologías de salud mental; en Perú por violación y por riesgo de vida para la mujer; en Ecuador solo está habilitado en caso de violación.
En Surinam, Nicaragua, República Dominicana y Honduras el aborto está prohibido totalmente.
En naciones como Brasil, Panamá, Guatemala y Paraguay el aborto sigue siendo ilegal, pero se permite si se comprueba que es para salvar la vida de la mujer, las mismas circunstancias válidas en Venezuela.
«Debe haber una flexibilización de la norma. En comparación con la región donde al menos han avanzado en causales o por plazos, en Venezuela ese debate ni se ha dado», señala la directora de Avesa. Agrega que esto ocurre en un contexto socioeconómico en el cual «hay una deficiencia importante en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A la vez hay una idea generalizada de que el aborto es para adolescentes o mujeres irresponsables y la realidad es que continuamente abortan mujeres que sufren diferentes tipos de violencia y están en condiciones socioeconómicas distintas. Lo común es que todas ponen en riesgo su salud y su vida porque no hay alternativas para contar con un aborto seguro en Venezuela».
Un camino al debate parlamentario
El próximo 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el aborto legal, seguro y accesible, una fecha que se ha hecho símbolo de un movimiento con impulso en Latinoamérica, liderizado por grupos feministas denominados «la marea verde».
Más allá de las marchas y movilización de calle en convocatorias recientes, Venezuela sigue rezagada en los cambios, a pesar del contexto de emergencia humanitaria compleja que ha impactado de manera diferenciada la vida de las mujeres, y en especial, las garantías de derechos en torno a la salud sexual y reproductiva.
Por ello, el movimiento conformado por la plataforma social La Ruta Verde y el Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (Cedesex) están impulsando el Proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que consta de 18 artículos y seis capítulos en el que se destacan las defensas y garantías con la implementación de políticas públicas para todas las personas.
Enfocados en la visibilización del tema que se generará el próximo 28 de septiembre se activó una campaña nacional para recoger más de 21 mil firmas de electoras y electores del padrón electoral, con el fin de introducir por iniciativa popular este proyecto de ley en la Asamblea Nacional que fue electa en diciembre de 2020.
El proyecto de Ley incluye en su capítulo final una disposición derogatoria de los cuatro artículos del Código Penal Venezolano que criminalizan el derecho a la interrupción del embarazo en el país.
El pasado 17 de agosto, el equipo de Avesa sirvió de voceras de la coalición denominada Alianza Salud para Todas durante la tercera reunión de la mesa técnica conformada en la Asamblea Nacional, que está a cargo de la elaboración de la Ley sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, reunión en la cual estuvieron presentes las diputadas Yurami Quintero, Asia Villegas, Marelis Pérez Marcano, Dilberly Rodríguez, Vanessa Robertazo y Silvia Melina Vásquez; además de representantes del Ministerio de la Mujer, diversas ONG, redes y colectivos de base.
Tomada de: TalCualDigital
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