Del tercer informe de la Oficina de Asuntos Humanitarios de ONU, OCHA, sobre la caótica situación de la frontera entre Venezuela y Colombia, se desprende que hasta el 3 de septiembre 16.890 personas habían sido retornadas a Colombia; 154 de ellas eran sujeto de protección internacional y nunca debieron ser devueltas, y 709, víctimas del conflicto en la zona.
Según el mismo informe, el Norte de Santander es el departamento más afectado por la llegada masiva de deportados y retornados. En otros departamentos siguen aumentando las cifras: en Arauca hay 361 personas retornadas y 63 deportadas; en la Guajira, 172 colombianos deportados.
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, reveló que la deportación de colombianos ha llegado hasta Caracas. Así lo reportó durante un consejo extraordinario de ministros celebrado en Cúcuta al que asistieron embajadores de 17 países acreditados en Bogotá. “Me acaban de avisar que llegaron por Arauca 32 deportados desde Caracas”.
Quedan a la luz las graves violaciones de los derechos humanos que se cometen contra los ciudadanos colombianos que se encuentran en Venezuela, así los altos personeros del gobierno se empeñen en negar esta situación, al extremo de realizar un acto meramente político en el puente Simón Bolívar que une San Antonio del Táchira con Cúcuta.
Según Ley de Extranjería y Migración, vigente en Venezuela desde marzo de 2004, para la deportación del territorio de la República se debe abrir una articulación probatoria de 72 horas, con el fin de determinar el tipo de sanción aplicable de acuerdo con la gravedad o reincidencia de la infracción cometida.
Es evidente que Venezuela no cumplió con la normativa nacional concerniente a las deportaciones y le negó a estos ciudadanos el derecho a la defensa, consagrado en el artículo 49 de nuestra Constitución Nacional referente al debido proceso.
Por otra parte, el defensor del pueblo, que se empeña en defender las violaciones de los derechos humanos que se cometen en la revolución, se ha enfrascado en una disputa con su homólogo colombiano en la que no deja de mostrar sus costuras rojas rojitas.
Tarek William Saab alega que en la frontera no hay violaciones de los derechos humanos y respalda sus afirmaciones con fotos en Twitter, en las que se le ve con la representante en Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, y aseverando que esta oficina respalda sus afirmaciones.
Este señor acaba de ser desmentido por Acnur-Venezuela en un comunicado en el que expresan que esa oficina “nunca hizo declaraciones sobre la no deportación de refugiados reconocidos o solicitantes de asilo hacia Colombia como ha declarado el defensor del pueblo venezolano”.
Una vez más el defensor del pueblo le miente al país, y sigue dando muestras de su perverso accionar, no precisamente en defensa de los derechos humanos, aunque lo veamos a cada rato en televisión anunciando que ha resuelto más de 20.000 casos desde que llegó al cargo.
Fuente: El Nacional
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