El constitucionalista Juan Carlos Apitz señaló que, jurídicamente, es inviable repetir los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro fue reelecto hace casi dos años. Para ello, el Poder Electoral debería considerar que hubo fraude. En caso de que se lograra el objetivo planteado por algunos dirigentes, la nueva elección solo sería para culminar el período presidencial
La posibilidad de que sean anuladas las elecciones presidenciales de mayo de 2018, en las que el gobernante Nicolás Maduro fue reelecto y en medio de condiciones cuestionadas porque el proceso no fue competitivo, pasa por acuerdos políticos ante que la vía jurídica. La afirmación corresponde al constitucionalista Juan Carlos Apitz, quien explicó que las normas previstas en la Ley Orgánica de los Procesos Electorales (Lopre) hacen cuesta arriba la repetición de los comicios.
"Jurídicamente la anulación de las elecciones es inviable. El artículo 170 de la Lopre aclara que la nulidad de los comicios debe ser decretada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) o la jurisdicción contencioso electoral. De allí que la convocatoria de repetición de una nueva elección o la orden de repetir o celebrar una nueva votación se deber realizar entre seis a 12 meses de la fecha en que la resolución del Poder Electoral del Consejo Nacional quedó definitivamente firme o desde la fecha de publicación de la sentencia", explicó.
Apitz puntualizó que un nuevo proceso electoral, si se diera el caso, debería realizarse en las mismas condiciones en que se celebró anteriormente. Esto implicaría que el proceso comicial se ejecute con el mismo número de electores inscritos en el Registro Electoral (RE) y los mismos candidatos que participaron y con idénticos instrumentos y material electoral utilizados en esa oportunidad. La Lopre enfatiza además que "los nuevos titulares de los cargos de elección se encargarán por el resto del período constitucional y legal, sin que pueda entenderse o establecerse como el inicio de un nuevo período".
Por otra parte, el abogado sostuvo que, dentro de las causales para anular una elección, el artículo 215 de la Lopre establece que podrá hacerse "cuando hubiere mediado fraude, cohecho, soborno o violencia en la formación del Registro Electoral, en las votaciones o en los escrutinios y dichos vicios afecten el resultado, y cuando el Consejo Nacional Electoral o el órgano judicial electoral correspondiente determine que en la elección realizada no se ha preservado o se hace imposible determinar la voluntad general de los electores".
Luego de la elección de 2018, el candidato Henri Falcón (Avanzada Progresista) impugnó los resultados ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El constitucionalista Juan Carlos Apitz recordó que el recurso de nulidad de Falcón fue declarado sin lugar.
La firma canadiense de cabildeo político Dickens & Madson, en su informe semestral difundido el viernes 24 de enero por la agencia Reuters, señaló que Avanzada Progresista estaría buscando la validación de Estados Unidos para llegar a un acuerdo con Maduro para repetir el proceso de elecciones presidenciales de 2018.
Llamado a la negociación
El dirigente Henri Falcón, presidente de Avanzada Progresista, no corroborró ni desmintió las gestiones sobre un posible acuerdo. Pero en su cuenta de Twitter, este viernes 28 de enero, Falcón insistió en defender la negociación como vía para solventar la crisis del país.
"El camino es electoral, debemos recuperar los espacios perdidos. La presión interna debe conducirnos a la designación de un nuevo CNE, un gran acuerdo que nos permita avanzar hacia el cambio certero.La negociación es una realidad. Solo a través de un proceso de entendimiento podrá destrabarse el conflicto, que hoy profundiza la peor crisis de nuestra historia. Presión efectiva, voluntad política y unidad con objetivos, para lograr una solución política eficaz", esgrimió.
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