AT&T tiene una decisión difícil por delante: Acatar lo que diga el gobierno de Maduro o plegarse al plan de la oposición y exponerse a que le confisquen sus instalaciones y a la pérdida de su licencia
En abril del año pasado, cuando enfrentaba un alzamiento militar en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó a los servicios de televisión pagada que suspendiesen las transmisiones de CNN y BBC.
DirecTV, que es propiedad de AT&T, acató la orden de inmediato, sacando del aire a los dos canales mientras en todo el mundo circulaban imágenes de camiones militares que la emprendían contra manifestantes.
Ahora, aumentan las presiones para que la empresa televisiva con base en Dallas se le plante firme a los censores del gobierno venezolano. En diciembre, funcionarios del Departamento de Estado se reunieron en Washington con ejecutivos de AT&T y los exhortaron a que ayuden a frenar la maquinaria propagandística de Maduro, según cinco personas al tanto de lo hablado.
El encuentro se produjo después de varios meses de contactos entre AT&T y la oposición venezolana, según los cinco individuos. Bajo un plan que promueve en coordinación con el gobierno estadounidense, DirecTV, la operadora televisiva más grande de Venezuela, reincorporará a su programación una media decena de canales de noticias internacionales que los reguladores venezolanos prohibieron en años recientes, de acuerdo con las fuentes.
AT&T tiene una decisión difícil por delante: Acatar lo que diga el gobierno de Maduro, que Estados Unidos ya no reconoce y al que impuso severas sanciones, o plegarse al plan de la oposición y exponerse a que le confisquen sus instalaciones y a la pérdida de su licencia, dejando a unas 700 personas sin trabajo. Según documentos presentado ante la Comision de Bolsa y Valores, la empresa no necesita tener una presencia física en Venezuela para transmitir a esa nación. Podría hacerlo desde centros de transmisión de Argentina, Brasil o California, de acuerdo con esos documentos.
Los funcionarios estadounidenses y la oposición temen que DirecTV esté siendo usada para propagar programación de Maduro criticando a sus rivales políticos, que no tienen forma de responder, de acuerdo con los cinco individuos, que hablaron a condición de no ser identificados por lo delicado del tema. Una inquietud particular, indicaron, es la cadena privada Globovisión, que es parte de la programación de DirecTV. El canal ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la oposición lo acusa de propagar información falsa.
El secretario de estado Mike Pompeo fue informado de estas gestiones y brindó un apoyo inicial a los planes de reclutar a DirecTV para que ayude a socavar el gobierno de Maduro, según dos informantes al tanto de esas conversaciones.
La planificación está recién empezando, señalaron los dos individuos, y es una de varias opciones que están siendo consideradas para presionar a Maduro, quien sigue controlando las riendas del poder a pesar de sanciones de Estados Unidos, que promueve la figura del líder opositor Juan Guaidó, reconocido por Wahington y unas 50 naciones como presidente interino de Venezuela.
Los dos individuos dijeron que no se ha tomado una decisión todavía en relación con hasta qué punto buscar la colaboración de AT&T, que resiste a pie firme toda iniciativa que comprometa sus operaciones en un país donde tiene 44% del mercado, su presencia más grande en la región.
La división latinoamericana de DirecTV se abstuvo de comentar el tema.
La ampliación de la programación sería importante porque DirecTV llega a personas que dependen del gobierno, como las de barrios humildes de ciudades grandes y del interior, según David Smilde, de la Oficina de Washington para América Latina. Estos sectores no tienen acceso a otras fuentes de información.
“Esto no representaría una amenaza inmediata para Maduro, pero podría complicar a largo plazo la capacidad del gobierno de controlar la información”, dijo Smilde, quien ha pasado temporadas en Venezuela durante más de dos décadas. “Maduro podría confiscar equipo de DirecTV de las casas de la gente, pero esto sería una medida extraordinariamente impopular.
Una clave para la permanencia de Maduro en el poder es la así llamada hegemonía comunicacional: Decenas de diarios controlados por el estado, cuentas en las redes sociales y canales de televisión que reemplazaron a organizaciones noticiosas privadas muy contrarias a su gobierno con una cobertura de 24 horas de Maduro.
El regulador de las comunicaciones, Conatel, amplió la brecha informativa cuando ordenó en el 2017 a las plataformas televisivas pagas, de las cuales DirecTV es la más grande, que elimine diez canales noticiosos internacionales, desde CNN en Español hasta NTN24 de Colombia, acusándolos de violar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. La ley garantiza programación con responsabilidad social, pero ha sido criticada por organizaciones defensoras de la libertad de prensa que dicen que promueve la autocensura a partir de un lenguaje ambiguo y de castigos excesivos. Cuando el Conatel prohibió CNN en Español en el 2017, acusó a esa red de “agresiones directas que atentan contra la paz y la estabilidad democrática de nuestro pueblo venezolano, ya que generan un clima de intolerancia”.
Otra ley aprobada por la asamblea constituyente pro-Maduro en el 2017 amenaza con hasta 20 años de cárcel a todo que publique material que se considera promueve el odio.
“Los operadores de la televisión paga no son los que dan las órdenes”, expresó Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad de Caracas. “Pero son cómplices de un gobierno que censura”, agregó.
Las transmisiones internacionales de DirecTV y sus competidores llenaron hasta hace poco un vacío dejado por Globovisión, el último canal abierto crítico del gobierno, que fue vendido a un empresario allegado a Maduro en el 2013. Poco después de la compra, el canal suavizó su cobertura contra el gobierno. El nuevo dueño de Globovisión, el magnate Raúl Gorrín, fue acusado por fiscales de Miami en relación con un presunto lavado de dinero del que habrían participado hijastros de Maduro. Gorrín, quien fue incorporado hace poco a la lista de fugitivos más buscados del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos, no respondió a preguntas de la AP.
Al intensificarse la censura del gobierno, aumentaron las presiones sobre los servicios de transmisiones privados, sobre todo DirecTV, la única empresa operada por una firma estadounidense sujeta a sanciones impuestas por el gobierno de Trump.
La semana pasada, las redes sociales de Venezuela se dispararon luego de que Carlos Vecchio, enviado de Guaidó a Washington, dijo que las sanciones de Estados Unidos forzarían a DirecTV a eliminar a la “traicionera” Globovisión de su programación.
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Tomada de: TalCualDigital
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