Analítica3 agosto, 20230
La libertad sindical, el derecho a la protesta y a presentar peticiones ante cualquier autoridad o funcionarios, son elementos claramente establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin embargo, de nuevo se usa el sistema de administración de justicia como mecanismo para ahogar la justa protesta de los trabajadores.
Seis dirigentes sindicales han sido sentenciados a 16 años de prisión tan sólo por manifestar pacíficamente por sus derechos laborales, que han sido vulnerados por el actual “Gobierno obrero”.
El fin de las contrataciones colectivas, de las prestaciones sociales y la violación de los preceptos constitucionales sobre el salario digno, han estimulado la protesta, no como parte de un plan conspirativo, sino por sencilla lógica de supervivencia.
Las medidas llegan justamente cuando el fiscal general de la República, Tarek William Saab, intenta convencer a la Corte Penal Internacional de que las autoridades venezolanas hacen lo necesario para perseguir a quienes violen los derechos humanos, pero sentencias como estas no contribuyen a dar validez a su argumento.
Tomada de: Analítica
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