Analítica11 agosto, 20230
La impunidad mina la confianza depositada en las instituciones públicas, generando un lastre que ha infligido profundos perjuicios a la democracia.
Lamentablemente, ha persistido como una tendencia recurrente que los gobiernos protejan a sus propios miembros, incluso cuando han incurrido en actos ilícitos. En el contexto venezolano, esta lamentable práctica se ha normalizado, fomentando la propagación de la corrupción, una enfermedad perniciosa que ha arraigado en la sociedad.Para afrontar y solventar este desafío, se vuelve imperativo robustecer y desvincular el poder judicial. Asimismo, se debe intensificar la transparencia y la obligación de rendir cuentas de todos los servidores públicos. Sin embargo, lo más crucial es educar a la población acerca de la imperiosa necesidad de establecer la supremacía de la justicia para poder avanzar y convivir en armonía.
Tomada de: Analítica
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