Dos días antes, Michelle Bachelet informó que la oficina que preside en la ONU logró extender por un año el memorando de entendimiento con la administración de Maduro
La Misión Internacional Independiente de la ONU, que investiga los casos de violación de DDHH en Venezuela desde 2014, emitió un comunicado para informar que tanto el mandatario Nicolás Maduro, como varios funcionarios de su gabinete ministerial y las fuerzas de seguridad están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión, vía comunicado.
Este organismo independiente investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen dentro de investigaciones exhaustivas dentro de un informe compuesto por 443 páginas. También estudió otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.
«Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno», agregó Valiñas.
Fueron investigados de manera profunda 16 casos de operativos realizados por las fuerzas de seguridad del Estado que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales, así como también examinaron 2.552 casos donde los organismos de seguridad tuvieron la responsabilidad de 5.094 muertes.
Mencionaron las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) durante su actuación entre 2015 y 2017, así como las actuaciones de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que según el organismo independiente de la ONU, estos dos últimos fueron responsables del 59% de las muertes en el periodo analizado (2014-2019) y autores de ejecuciones extrajudiciales.
«Funcionarios de la FAES-PNB dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios de la FAES se refieren como sembrar “semillas”, dice el comunicado.
Valiñas enfatizó que las ejecuciones extrajudiciales «no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad» porque los altos mandos de las fuerzas de seguridad conocen las acciones de sus subordinados «pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones». Además, recalcó que los asesinatos «parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen».
Se investigó la represión selectiva hecha por los servicios de inteligencia en Venezuela como el Sebin y la Dgcim, donde el objetivo del primero es la oposición, la disidencia a la administración de Maduro y activistas de DDHH, mientras que el segundo busca al personal militar y a civiles asociados, que presuntamente estuvieron implicados en golpes de Estado.
“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox, integrante de la misión.
Pasaron la lupa por la represión y el uso excesivo de la fuerza durante las protestas realizadas por la oposición en los años 2014, 2017 y 2019, donde al menos 36 manifestantes murieron por disparos de armas de fuego y otras menos letales, así como también hablaron sobre la impunidad del Estado al permitir la agresión de los grupos civiles armados, conocidos como colectivos, que habrían consumado la muerte de al menos siete personas.
Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política, que se profundizó en 2019 cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado del país, luego de declarar que Maduro usurpó el cargo tras reelegirse en unos cuestionados comicios en mayo de 2018 y juramentarse para un segundo mandato en enero de 2019.
En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la situación en el país al presentar un informe en el que denunciaba «detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso» y casos de «tortura y desapariciones forzadas».
Sin embargo, esta misión no es reconocida por la administración venezolana, ya que votaron en contra en 2019 para que pudieran ingresar al país e investigar, por lo que la Misión Independiente trabajó desde el exterior con ayuda de los oficiales dentro del país, así como con la colaboración de varias ONG.
Esta comisión le propuso a Maduro que revisara el informe antes de publicarlo, pero no recibieron respuesta por parte del Ejecutivo.
El 14 de septiembre, Michelle Bachelet presentó una actualización oral de su informe donde tomó nota de la medida de casa por cárcel para el diputado Juan Requesens, así como del «indulto» firmado por Nicolás Maduro que benefició a 110 personas. Además, enfatizó que su equipo en el terreno pudo, después de meses, poder entrar a los calabozos del Sebin y Dgcim donde se entrevistó con 39 presos políticos y que se extendió por un año más el memorando de entendimiento con la administración venezolana para continuar el trabajo en Venezuela.
Lea el informe completo: https://www.scribd.com/document/476265256/Informe-completo-Mision-de-Determinacion-de-hechos-sobre-Venezuela-2020#from_embed
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