martes, 8 de marzo de 2022

Ni el aumento salarial aplacará protestas de pensionados y jubilados para este #9Mar

 

Brian Contreras|Marzo 8, 2022

Incluso tras el aumento, se necesitan al menos 15 salarios mínimos o pagos de pensión para adquirir la canasta alimentaria, mientras que hace 20 años la remuneración de los pensionados superaba el precio de los alimentos esenciales. Para 1999, cuando el chavismo llega al poder, el salario mínimo permitía a pensionados y jubilados cubrir sus necesidades con plenitud, según indican las cifras históricas del INE


La destrucción del sistema de remuneraciones para pensionados y jubilados ha provocado que los adultos mayores padezcan condiciones inhumanas para apenas sobrevivir en un país como Venezuela.


Durante casi un año, cuando en mayo de 2021 el oficialismo aumentó el salario mínimo —utilizado como base de cálculo para las pensiones— a la irrisoria cantidad de Bs 7, los abuelos han ganado $1,5 mensuales en un país donde la canasta alimentaria se estima en $448, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

 

El hambre a la que son sometidos venezolanos que pasaron toda su vida laboral cotizando un porcentaje de su salario con la ilusión de garantizar su vejez es una prueba sólida de la traición de un Gobierno que ha basado su discurso en el apoyo a la clase trabajadora.


De acuerdo con registros del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para 1999, cuando el chavismo llega al poder, el salario mínimo se establecía en Bs 196.000 (19.600.000.000.000.000 bolívares al añadir los ceros de las reconversiones), mientras que la canasta alimentaria normativa tenía un valor de Bs 126.000. De hecho, fue la primera ocasión, en al menos una década, en la que la remuneración mínima superaba a la canasta alimentaria. Esto quiere decir que los pensionados y jubilados podían cubrir sus necesidades alimentarias con plenitud.




 


Salarios y canasta básica expresados en bolívares fuertes (11 ceros menos que los bolívares actuales). Fuente: INE



 

Esta brecha entre un mayor salario mínimo (en bolívares) frente a la canasta se amplió durante la siguiente década. Fue a partir de 2012 cuando la situación cambió y esta relación se revirtió.


De acuerdo con una investigación de Prodavinci, desde el año 2001 hasta febrero de 2022, la pensión de vejez en Venezuela perdió un 99,5% de su valor. En otras palabras, un pensionado adquiría una remuneración 207 veces mayor que hace 21 años.


Con el aumento salarial anunciado por Nicolás Maduro, la situación no cambia demasiado. Ahora que los pensionados recibirán un pago de «medio petro», equivalentes a $29,27, se necesitarían 15 pagos para cubrir la canasta alimentaria. La brecha es enorme.


De acuerdo con la legislación actual, un trabajador necesita cotizar 750 semanas para recibir su pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Al descontar los días feriados, fines de semana y posibles vacaciones, se requieren unos 20 años de trabajo continuo para recibir la remuneración.


Según cálculos de Prodavinci, si un trabajador con salario mínimo se pensionaba en 2020, habría aportado $3.411 y el Estado le otorgaría durante los próximos 25 años tan solo $450, apenas un 8% de lo cotizado.


Cuando se incluyen otros sectores profesionales, la situación empeora, porque cotizaron más dinero, pero reciben la misma cantidad por pensión. Por ejemplo, un profesor universitario habría cotizado $16.426 e igual recibiría $450 en los próximos 25 años.


Este colapso, entre lo cotizado y lo recibido, es resultado de la destrucción de los salarios gracias a la inflación. Al cotizar en bolívares, las enormes cantidades aportadas durante 20 años se diluyeron con la brutal devaluación de la moneda.


Para ponerlo en perspectiva, en el año 2000 un dólar equivalía a Bs 660 de aquel entonces. 22 años más tarde, ese mismo dólar tiene un valor de Bs 4.500.000.000.000.000 (cuatromil quinientos billones), incluyendo los ceros de las tres reconversiones cambiarias aprobadas durante la gestión chavista, que dejan evidencia de la devaluación de la moneda nacional en las últimas dos décadas.


Ante esta situación, la tercera edad se ve obligada a mantenerse trabajando en su edad de retiro. La pensión es más un aporte anecdótico que una remuneración útil y sus ingresos principales suelen ser por otras vías. La otra alternativa es directamente padecer hambre y precariedad, dependiendo de las dádivas que otorga el gobierno de Nicolás Maduro.


Según cifras oficiales, hasta diciembre de 2020 había alrededor de 5 millones de jubilados y pensionados en el país. Maduro ha promovido en diversos discursos la idea de que su Gobierno «protege» a la totalidad de la población de la tercera edad. Sin embargo, los montos de las pensiones sugieren lo contrario.


Pensionados exigen reivindicación de sus derechos

Por estos motivos, la tercera edad se movilizará en todo el país este miércoles 9 de marzo. El Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados y Jubilados afirma que se agotaron las vías de conciliación y diálogo, por lo que emprenderán la acción cívica mediante una protesta en las inmediaciones del IVSS.



La exigencia es reivindicar los derechos de esta población, ante la destrucción de sus ingresos y la brecha existente con la cantidad de dinero que cotizaron en sus vidas laborales. La intención es que la pensión les permita cubrir, al menos, la canasta básica familiar, algo muy lejano del monto aprobado por Maduro con el aumento más reciente.


«Vamos a una acción conjunta de protesta cívica pacífica y constitucional, de carácter nacional, simultánea en cada estado frente a las sedes administrativas regionales del IVSS, con la única exigencia al Ejecutivo nacional de homologar la pensión al costo de la canasta básica familiar, como lo establece la Constitución nacional en su artículo 91», declaró la presidenta del comité en Portuguesa, Irma Mendoza.

 

De igual forma, otro causal de protesta es el impago de la pensión a más de 15.000 pensionados venezolanos que se encuentran en el exterior. La deuda se acumula desde hace seis años, lo que constituye una flagrante violación a la Constitución y a la Ley de los Seguros Sociales, además de a los convenios internacionales en materia laboral.

Tomada de: TalCualDigital

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