Analítica15 febrero, 2024
Uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa la democracia es la participación política y el Estado tiene la obligación no solo de garantizarla, sino también de estimularla.
De acuerdo a organizaciones de las sociedad civil más de 10 millones de venezolanos -un 40% de los 25 millones 700 mil en edad de votar- corren el riesgo de no poder inscribirse o no poder actualizar su dirección en los centros del registro electoral y, por ende, no poder votar en las elecciones presidenciales de 2024 y en las parlamentarias, regionales y municipales de 2025.
Anteriormente, desde el Consejo Nacional Electoral se hacían campañas para promover la inscripción de los jóvenes o los cambios de residencia de los electores ya inscritos y para ello se colocaban puntos de registro en sitios públicos. Ahora, por conveniencia partidista, parece que más bien se intenta que el trámite sea casi que clandestino.
Lo mismo ocurre con el voto en el exterior, 7.7 millones de venezolanos viven fuera del país , y aunque esa cifra incluye a los menores de edad, da una idea de la inmensa masa de ciudadanos a los que su derecho al voto le será confiscado.
El CNE debe cumplir con su deber, y los factores políticos y grupos de la sociedad civil deben activarse para estimular el registro, porque la democracia se nutre de la participación.
Tomada de: Analítica
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