Estoy en la obligación de informar a los lectores que este diario no ha recibido ni una bobina de papel por parte de la Corporación Maneiro, la agencia gubernamental encargada de esta responsabilidad. Más que una institución, se trata de la más vulgar comisaría política, cuyas prácticas son semejantes a las del gobierno de Stalin.
La comisaría Maneiro tiene un modo de actuar: entrega papel suficiente a los diarios que aplauden la acción gubernamental y ocultan el sufrimiento venezolano; reparte algunas bobinas entre diarios regionales; no entrega papel a los diarios independientes, como El Nacional.
El principio consiste en destruir: ahogar financieramente a los diarios, hasta provocar su cierre. Los impactos de cada diario cerrado son múltiples: se liquida una fuente de información y opinión, necesaria para el funcionamiento de la democracia; se pierden empleos en un país donde la pobreza crece ahora mismo a velocidad vertiginosa; se clausuran empresas privadas, cuando la totalidad de las gubernamentales ha fracasado del modo más vergonzante y estrepitoso. Empresas con una trayectoria de décadas, productivas y que prestaban un servicio invalorable para la sociedad, como Agroisleña, fueron arruinadas en semanas.
En los últimos años, una y otra vez El Nacional ha denunciado una crítica situación con respecto a su disponibilidad de papel. Si hasta ahora no hemos dejado de imprimir, se debe a la solidaria generosidad de 14 diarios del continente. El paso inicial dado por Anidiarios, de Colombia, abrió una senda que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de los últimos años, con menos páginas, es cierto, pero con la misma férrea voluntad de cumplir con nuestra histórica responsabilidad. La perspectiva para 2017 no es promisoria.
Existe una alta probabilidad de que el próximo año no podamos continuar siendo un diario impreso por falta de papel y nos concentremos en la web. Desde allí continuaremos haciendo lo que nos corresponde.
La persecución que sufre El Nacional no es exclusiva: es la misma que padece el resto de la sociedad. Cuando se persigue a una comunidad –hablo de Villa Rosa, en Margarita– por expresar su rechazo a Maduro y a su gobierno, y se le niega su derecho de acceder a unas bolsas de alimentos; cuando se ordena despedir a todos los empleados del sector público que hayan hecho uso de su derecho constitucional de exigir un referéndum revocatorio; cuando, el reverso de lo anterior, se obliga a los empleados públicos a asistir a concentraciones políticas del gobierno, con listas que deben ser firmadas al inicio y a la finalización de los actos; cuando se violan derechos primarios como el de movilización por el territorio; cuando se somete a los presos políticos a torturas y condiciones carcelarias que violan los más elementales principios de salubridad y de la dignidad a la que tienen derecho las personas; cuando se establece como política real la persecución de Voluntad Popular mientras se propaga el supuesto deseo de diálogo; cuando se usan los dineros públicos para crear unos beneficios que solo se distribuyen entre parientes y amigos del régimen; cuando se hostiliza a empresas como Alimentos Polar, solo por el hecho de producir y cumplir con este propósito; cuando un grupito de familias –los Maduro, los Flores, los Cabello, los Chávez, los Rodríguez y algunas más– se constituyen en una oligarquía excluyente y violenta, que usa los cuerpos armados a su entera disposición para reprimir y someter al resto de la sociedad, estamos en presencia de una misma, reiterada y exclusiva modalidad de conducta.
Perseguir, despedir, negar, impedir, torturar, someter, detener, encarcelar, acusar, humillar, despojar, prohibir, desconocer, vituperar, mentir, aplastar, acorralar, destruir: todas las decisiones y acciones de la oligarquía venezolana en el poder derivan de una misma plataforma: el odio como política pública.
Seguiré recorriendo el mundo, denunciado el sufrimiento y la tragedia que se vive en el país. Informando que a los medios independientes el gobierno nos quiere aniquilar. Típico de las dictaduras.
Entre los insultos a los ciudadanos pobres que firmaron para solicitar el referéndum revocatorio y las amenazas cotidianas a Lorenzo Mendoza; entre la acción de despedir a empleados públicos –que tendrá consecuencias, eso se los puedo asegurar– y negar papel a empresas privadas de comunicación, con lo cual se producirán nuevos desempleados; entre las muertes que se han producido en un centro geriátrico por falta de alimentos, mientras continúan aumentando los gastos en armas, hay diferencias sustantivas, pero un mismo fondo: un desprecio por la vida humana, un odio al pueblo, una pulsión irremediable de destrucción.
Lo sustancial es que el pueblo venezolano ha rasgado el velo. Ya no hay condiciones para sustentar el engaño. El pueblo, me refiero a esa mayoría constituida por casi 90% de la población, no admite más trampas, ni engaños, ni mentiras (ni siquiera las que se disfrazan de diálogo). El pueblo sabe quién es su enemigo. Sabe que hay una oligarquía que es enemiga del futuro de Venezuela. Y sobre ella ha tomado una decisión que tiene un carácter irreversible. Y puesto que el gobierno ha decidido imponer los intereses de la oligarquía roja a los del pueblo, los venezolanos no tienen ya otra alternativa: cambiar el destino de Venezuela, lo más pronto posible.
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