María de los Ángeles Graterol|Enero 31, 2021
Para el excalde mayor Juan Barreto, el municipio Libertador debería ser dividido y así conformar otras jurisdicciones a fin de dar mayor funcionalidad a un gobierno local que debería estar más cerca de la gente del Distrito Capital
A 452 años de haber sido fundada, pareciera que las autoridades de Caracas siguen sin tener muy claro el funcionamiento político-administrativo de la capital de venezolana. Su único municipio -Libertador- forma parte, junto a las municipalidades mirandinas de El Hatillo, Chacao, Baruta y Sucre, de lo que se conoce como Área Metropolitana de Caracas. Estas cinco jurisdicciones serían, según lo estableció en la Constitución de 1999 aún vigente, integradas en un sistema de gobierno municipal a dos niveles (el metropolitano y el municipal), regulados a través de una Ley Especial, a fin de alcanzar un «desarrollo armónico e integral de la ciudad», que a decir verdad, al día de hoy, no se ve en las calles de la urbe.
Esta mancomunidad no implica la pérdida de independencia territorial de Miranda. Sin embargo, tras la reciente «propuesta» presentada por la exjefa de gobierno metropolitano, Jacqueline Faría, de que Distrito Capital abarque esos otros cuatro municipios, muchas dudas han surgido al respecto, pues aún se desconoce si dicho planteamiento implicaría cambios territoriales o solo de competencias.
«El gobierno de Distrito Capital, como tal, debería ser lo que es el área metropolitana, y así comenzó en el debate esa ley del Distrito Capital que luego quedó reducida solo al municipio Libertador; entonces llevaremos otra vez a la discusión esa propuesta: que el gobierno de Distrito Capital abarque los cinco municipios», dijo Faría en entrevista con VTV el 4 de enero, antes de que fuera destituida del cargo.
Alcaldes que representan las localidades que serían afectadas se han pronunciado al respecto, alegando que tal cambio sería «írrito e inconstitucional», como lo calificó recientemente Elías Sayegh, alcalde de El Hatillo, pues, a su juicio el ahora gobierno de Distrito Capital no es ni democrático ni participativo, como debería ser según lo establecido en el artículo 18 de la Carta Magna de Venezuela.
«Ese gobierno no es democrático, entre otras cosas, porque no existe la separación de poderes públicos. Aprobar ese proyecto sería cercenar la autonomía municipal, porque tendríamos una especie de autoridad por encima de nosotros que es nombrada a dedo desde Miraflores«, señaló el alcalde de El Hatillo, al tiempo que explicó que eso generaría un problema político precisamente porque las nuevas autoridades obedecerían a «una forma de control político», lo que presume es lo que se busca al revivir esta propuesta.
La jefa de gobierno capitalino nunca aclaró cuáles serían los verdaderos alcances de lo que propuso. Por tanto, hasta ahora, todo lo dicho en torno a lo que soltó Faría son suposiciones. TalCual solicitó una entrevista al despacho de Gobierno de Distrito Capital y hasta el momento de publicación de este trabajo no se obtuvo respuesta.
El mismo Gustavo Duque, alcalde de Chacao, admitió que pudiese tratarse de una opinión personal de ella, pues el plan no ha sido validado por ningún otro vocero del gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, el propio gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, oficialista para más señas, dijo el pasado 28 de enero que «a Miranda nadie la divide, cualquier postura individual no contará con nuestro apoyo».
Perder el derecho a elegir
El constitucionalista Alí Daniels consideró que los alcaldes estaban haciendo una interpretación incorrecta de la situación. A su juicio lo que se planteó es que Faría tenga competencias sobre esos municipios, pues de lo contrario se tendría que hacer una reforma constitucional.
Ante una pérdida hipotética del derecho de los mirandinos a elegir sus representantes, Daniels introdujo el principio de progresividad, establecido en el artículo 19 de la Constitución venezolana que reseña lo siguiente:
«El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos».
Esto sólo significa que los derechos no pueden disminuirse, sino expandirse. «Si yo ya escogí al gobernante de Caracas, el tema es que yo ya tengo el derecho a seguir escogiéndolo, no me lo puedes quitar. Los propios alcaldes, canalizando esas iniciativas, pueden proponer un proyecto de ley«, explicó Daniels.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Sucre y Baruta concentraban 31% del total de la población mirandina, 22% y 9%, respectivamente. Y el exconcejal del municipio Baruta, David Uzcátegui, afirma que el 41% de la población electoral del estado Miranda está distribuida en estas cuatro jurisdicciones.
Para Juan Barreto, alcalde mayor electo para el período 2004-2008, las autoridades que gobiernan el Área Metropolitana de Caracas deben ser electas por sus ciudadanos y considera que debe hacerse una reforma de la Constitución. Piensa que lo ideal sería presentar una enmienda puntual para lograr este fin. No obstante, consideró que no se ha hecho «por una razón de control político de la capital».
Lo anunciado por Faría no es «una idea ni buena ni mala» para Juan Barreto. Al menos esa será su postura hasta que se conozca su alcance. Sin embargo, piensa que la alcaldesa del Libertador, Érika Farías tiene un área muy extensa que atender, de allí su interés por desconcentrar el poder municipalizando otras parroquias.
«El asunto del área metropolitana viene siendo tratado desde hace mucho tiempo. Se ha hablado de dividir a Libertador en cinco municipios, donde Catia sea uno autónomo. Catia tiene más habitantes que muchos otros municipios del país, más que Baruta, incluso. La zona sur de El Valle, el Cementerio, podrían ser otro municipio, para dar mayor funcionalidad a un gobierno local que debería estar más cerca de la gente».
Para él, la solución de la ingobernabilidad que existe en el Área Metropolitana pasa, además de la división de Libertador, por un salto cualitativo de darle el poder a las personas de elegir a sus representantes.
Revivir a Alcaldía Metropolitana
De cara a la necesidad de coordinar las jurisdicciones en el Área Metropolitana de Caracas, se crearon la Alcaldía y el Cabildo Metropolitano de Caracas, por orden constitucional. En el año 2000 se promulgó la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, que regía el funcionamiento de ambos órganos. Sin embargo, nueve años después, esa norma quedó derogada con la aprobación de la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital. ¿Los fines de este cambio? Meramente políticos.
Con esa derogación de la ley se le quitaron competencias y bienes a la alcaldía metropolitana, entre ellas las relacionadas con la policía y las escuelas, y se la transfirieron a la nueva figura administrativa que crearon: el Jefe de Gobierno de Distrito Capital. Así violaron lo ya establecido por la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por la ciudadanía venezolana.
Justo un año antes, en 2008, el opositor Antonio Ledezma había ganado, con el 52% de los votos, las elecciones de esa alcaldía. Durante tres votaciones consecutivas triunfó la oposición. Alí Mansour fue el último alcalde mayor, pues en 2017, violando la Constitución -sí, otra vez-, la Asamblea Nacional Constituyente ordenó la eliminación del Área Metropolitana de Caracas y trajo de vuelta la extrema ingobernabilidad.
A 12 años de haberla sepultado, los alcaldes mirandinos -excepto José Vicente Rangel Ávalos, del municipio Sucre y chavista para más señas- están de acuerdo con revivir a la alcaldía metropolitana.
Darwin González, el alcalde de Baruta, señaló que ese ente es necesario para poder solucionar los problemas locales. Además, lo ve como el camino que podría llevar a la coordinación y homogeneización de las distintas voces que hay sobre la ciudad en cuanto a temas transversales como los servicios públicos y la seguridad; en tanto que Elías Sayegh comentó que sería ideal contar con un verdadero segundo nivel de gobierno que coadyudara a las alcaldías, pues los recursos que tienen son insuficientes ante las labores que tienen que desarrollar.
Municipios huérfanos
El presupuesto 2021 para el estado, aprobado en diciembre 2020 en una discusión del Consejo Legislativo de Miranda, se proyectó en poco más de 11.195 millones de bolívares. Sin embargo, habría que evaluar si en efecto se hace una correcta distribución entre todas las municipalidades. Duque aseguró que en sus tres años de gestión, han funcionado con entre 5% y 10% del presupuesto que debería tener asignada su alcaldía. No obstante, destacó que su labor ha sido eficiente.
Sobre el tema, el exconcejal de Baruta, David Uzcátegui, dice que al pasar a los municipios al Distrito Capital se estaría restando a Miranda más del 50% de su presupuesto, razón por la que seguir adelante con esa iniciativa repercutirá no solamente en los municipios comprometidos directamente, sino también en los otros 17 que componen el estado.
«Quitarlos significa que los municipios que quedan en Miranda, Barlovento, Valles del Tuy, Los Salias, Carrizal, etc, terminarían mermados en recursos, y la capacidad que puedan tener nuestras instituciones de solucionar problemas quedaría reducida», detalló Sayegh.
Para Darwin González, un estancamiento del crecimiento económico despunta como uno de los principales problemas que podrían crearse de llevarse a cabo el plan de la destituida Faría como jefa de gobierno de Distrito Capital, y cuyo sustituto, Nahum Fernández, nada ha dicho al respecto.
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