 |
| David Vallenilla investigación de la CPI / Foto: Archivo |
Tamara Suju, abogada penalista y especialista en derechos humanos, aclaró que no existe una determinación legal de cuánto tiempo puede tomar la siguiente fase iniciada por la Corte Penal Internacional, y dependerá en gran medida de que tanto colabore el Estado venezolano con la Fiscalía
Por Erika Hernández -noviembre 4, 2021
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dio por concluido el miércoles 3 de noviembre el examen preliminar sobre el caso de Venezuela, determinando que por primera vez en la historia un país de Latinoamérica pase a la fase de investigación formal por crímenes de lesa humanidad.
Con esta decisión se demuestra que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad que no se han juzgado correctamente y que es de interés de la justicia llevar los casos ante la sala de cuestiones preliminares de la CPI.
Durante un encuentro en el Palacio de Miraflores, Khan y Nicolás Maduro firmaron un memorando de entendimiento que sirvió como notificación formal de la apertura de la investigación.
En el documento, el gobierno mencionó que no está de acuerdo con la decisión, pero aseguró que brindará a la Fiscalía toda la colaboración necesaria debido a que Venezuela suscribe el Estatuto de Roma.
En el memorándum de entendimiento, la Fiscalía también le está dando al gobierno la oportunidad de juzgar casos de acuerdo a los estándares internacionales.
 |
| Prensa Miraflores |
“Hasta el momento esto no ha ocurrido, pues en el país no se ha hecho el juzgamiento de cadenas de mando por los crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establecen los estándares internacionales. Una muestra de ello es que no existe un solo antejuicio de mérito en proceso para condenar a algún alto cargo del Estado”, explicó a El Nacional el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
Se da por entendido que el fiscal de la CPI informó sobre la investigación a todos los Estados suscritos al Estatuto de Roma, especialmente a los seis que presentaron la denuncia sobre Venezuela ante la Corte en 2018.
La Fiscalía de la CPI deberá presentar en las próximas semanas un informe completo en el que exponga los motivos específicos que le llevaron a tomar esta decisión.
Solicitud de revisión de la decisión
Una vez realizada la notificación sobre la apertura de la investigación, el gobierno está en su derecho de pedir en los próximos 30 días una revisión de la decisión. Esto se denomina, según el estatuto de Roma, una inhibición de la competencia de la corte.
La solicitud deberá estar acompañada de evidencia de que está realizando investigaciones y juicios genuinos. Además, tendrá que demostrar que la Fiscalía no cumplió con los requisitos necesarios para dar pase a la fase de investigación.
Será el propio fiscal quien decida si rechaza o no esta solicitud, y de ser así Venezuela puede recurrir a la sala de cuestiones preliminares.
Cabe destacar que mientras se revisa esta solicitud la Fiscalía deberá poner en pausa la investigación, destacó a El Nacional el experto en derecho internacional y coordinador de la ONG Defiende Venezuela, Simón Gómez.
Conforme al Estatuto de Roma, la Fiscalía puede en cualquier momento revertir su decisión de iniciar la investigación. En el caso de Venezuela, la Fiscalía señaló el memorándum de entendimiento que reconocerá cualquier esfuerzo, reforma o investigaciones que se adelanten en el país.
“El gobierno de Maduro sigue teniendo la misma disyuntiva que antes de firmar el acuerdo: o produce avances genuinos y tangibles en el enjuiciamiento a presuntos responsables (altos funcionarios) o el proceso ante la Corte Penal Internacional avanzará”, indicó el abogado internacionalista Mariano de Alba.
Conforme al Estatuto de Roma, la Fiscalía puede en cualquier momento revertir su decisión de iniciar la investigación. Por eso, el acuerdo dice que la Fiscalía reconocerá “cualquier esfuerzo, reforma o investigaciones” que se adelanten en #Venezuela. 8/
— Mariano de Alba (@marianodealba) November 4, 2021
Profundizar la investigación
Tamara Suju, abogada penalista y especialista en derechos humanos, aseguró a El Nacional que aunque el gobierno de Maduro presente la solicitud de revisión de la decisión, esta será rechazada por el fiscal de la CPI porque existen testimonios y evidencias suficientes que demuestran la impunidad en los casos de violación a los derechos humanos en Venezuela.
De ser así, el siguiente paso de la Fiscalía de la CPI es profundizar en la investigación y seleccionar los casos que va a presentar ante la sala de cuestiones preliminares.
Daniels advirtió que no todos los casos podrán llegar a la CPI porque son miles de víctimas y el personal de la CPI no está en la capacidad de poder recaudar tanta información. “Ellos no escogen casos por el impacto político, sino por si cuentan con los suficientes elementos probatorios para lograr una condena”, señaló.
Suju dijo a El Nacional que la CPI puede “pedir la comparecencia de testigos, víctimas y victimarios. En este punto, ellos podrían tener que acudir a la corte o la corte podría trasladarse al país para hacer una visita insu y realizar este tipo de entrevistas”.
Si lo consideran necesario, los representantes de la Fiscalía podrían realizar incluso entrevistas personales a víctimas y testigos aunque se encuentren en otros países. Cabe destacar que muchos vieron obligados a salir de Venezuela tras el asedio del gobierno de Maduro, y se encuentran en condición de refugiados políticos en otras naciones.
Suju aclaró que cuando la Fiscalía profundice sobre los casos, ellos se reservan el derecho de confidencialidad para proteger a las víctimas.
“Las víctimas podrán dar sus testimonios de forma confidencial y sentir que no van a hacer expuestos ante el régimen. También se reservan cómo van a realizar este tipo de procedimientos y cómo van a recabar la información”, indicó la abogada.
 |
| Foto: Archivo |
Las víctimas serán contactadas a través de los abogados u ONG que han presentado los casos ante la CPI.
Aunque es mucho lo que se ha especulado sobre el tiempo que le tomó a la CPI dar este paso, Daniels afirmó que el caso de Venezuela está dentro del promedio. Aunque criticó que no se haya iniciado con los hechos de 2014.
Sin embargo, el fiscal de la CPI señaló que aunque se abrió la investigación para los hechos de 2017 en adelante, esto no significa que no se puedan incluir hechos previos.
“Incorporar a los hechos de 2014 demostraría que no se trató de un hecho aislado, sino que el aparato represor ya estaba conformado en 2014 y actuó de manera sistemática desde entonces”, precisó el también abogado.
Gómez afirmó que el éxito de esta etapa depende de la capacidad del fiscal para recabar pruebas de calidad que comprometan a determinadas personas.
Órdenes de aprehensión
“Lo que puede pasar en esta fase de investigación es que si la Fiscalía de la CPI determina que los crímenes por los que se inició el proceso continúan cometiéndose, por ejemplo, siguen las detenciones arbitrarias, las torturas, o la represión sistemática contra grupos minoritarios como ONG o partidos políticos, ellos pueden emitir órdenes de comparecencia y órdenes de aprehensión”, indicó Suju.
Las órdenes de comparecencia son aquellas que emite la CPI cuando se tiene la certeza de que a la persona a la que citan va a presentarse ante la corte. Mientras que las órdenes de aprehensión se realizan cuando las autoridades tienen dudas de que el ciudadano se presente en la corte.
Gómez añadió que si el fiscal encuentra pruebas de que una persona ha participado en estos crímenes, puede solicitar una orden de comparecencia o de arresto y se le formularían cargos.
“Esto puede suceder desde el primer momento en qué se abre la investigación, aunque en el caso de Venezuela es muy pronto porque se debe profundizar un poco más. Pero si continúan las torturas contra los presos políticos, la represión contra las organizaciones u opositores, la cosa cambia en este sentido”, agregó.
¿Cuánto tiempo toma el proceso?
No existe una determinación legal de cuánto tiempo puede tomar la investigación de la CPI. Gómez indicó que cada situación es particular y si se establece un plazo puede que no se haga una investigación lo suficientemente exhaustiva como para que el resultado sea exitoso.
“El fiscal va a tomar el tiempo que considere necesario”, precisó.
Sobre este punto, Suju agregó que la culminación de la investigación dependerá de qué tan colaborador sea el Estado con la Fiscalía.
“Más allá de los acuerdos establecidos, el gobierno tendrá que demostrar más adelante si verdaderamente está dispuesto a colaborar con la CPI”, manifestó el coordinador de Defiende Venezuela.
Los defensores de los derechos humanos hicieron un llamado a mantener la esperanza, ya que aunque se trata de un largo proceso se espera que culmine a favor de la justicia para las víctimas.
“Tenemos la esperanza que se haga justicia. No mañana, ni pasado mañana. Pero si vamos a demostrar que estos criminales no tienen la intención de realizar investigaciones serias ni de hacer justicia porque ellos mismos son los protagonistas, los acusados. Hay que reconocer que las víctimas han sido muy valientes en dar sus casos para realizar las denuncias. Su valentía y sacrificio va a ser recompensado con la justicia”, destacó Suju.
@ErikaHDelaR
Tomada de: El Nacional APÓYANOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario