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| El CNE despachó la recolección de firmas para activar el Referendo en apenas 10 días. Fotos cortesía |
El 28 de enero de este año, el Consejo Nacional Electoral anunció que no se recolectaron las firmas suficientes para activar el Referendo Revocatorio del mandato a Nicolás Maduro.
Yanet Zoila Yucra Maguiña / @yucra1
El chavismo se las arregló para “matar” el referendo contra Maduro y asegurarse de que la iniciativa no prosperara
El 28 de enero de este año, el Consejo Nacional Electoral anunció que no se recolectaron las firmas suficientes para activar el Referendo Revocatorio del mandato a Nicolás Maduro.
Además, el CNE aclaró que, tal como lo establecen las normas vigentes, no es posible activar otro proceso revocatorio. Con ello, esa posibilidad de “salida” de Maduro quedó sepultada.
Pero ¿Qué hay detrás del proceso que el CNE despachó en apenas unos días y que dio al traste con la iniciativa de un pequeño grupo de electores?
Al parecer, todo estaba “fríamente calculado” como decía el popular personaje de un programa cómico, para que la activación no prosperara.
Por ello, los expertos sostienen que el revocatorio estaba “muerto antes de nacer”.
Lo que pasó
Con su anuncio, el 17 de enero, el CNE parecía dispuesto a facilitar la celebración del revocatorio. Sobre todo porque autorizó sin contratiempo alguno la recolección de firmas de los electores.
Esta era una actitud muy distinta a la que exhibió en 2016. Ese año se dedicó a dificultar y retrasar el proceso impulsado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
En esa ocasión el CNE suspendió el procedimiento de activación del revocatorio presidencial. Lo hizo tras cinco sentencias emitidas por cinco tribunales penales estadales sin competencia en materia electoral. Ellos declararon ilegal la recolección del 1% de las firmas que ya habían sido validadas por la máxima autoridad electoral.
Pero, en este 2021, el CNE no exigió a los promotores del RR, los nuevos requisitos que estableció en 2016 . Los mismos sirvieron para limitar el derecho de los ciudadanos a solicitar la activación de esta figura constitucional.
De esta manera, el árbitro electoral no requirió la recolección de firmas equivalentes al 1% de los electores inscritos en el Registro Electoral. Todo para que los solicitantes fueran acreditados como legítimos promotores de la consulta.
La disposición estaba al margen de lo dispuesto en el artículo 72 de la Carta Magna .
Pero la anterior no era la única demanda adicional fijada por el organismo comicial en 2016. También exigió que sometieran estas primeras firmas a una “auditoría”, que realizaría el CNE. Todo, aparte de otros “trámites” administrativos que fue agregando imprevistamente.
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A contrarreloj
El CNE dejó a un lado requisitos adicionales e inconstitucionales. Pero, el pasado 21 de enero anunció los términos y condiciones para llevar a cabo la recolección de las firmas.
Una simple revisión permite concluir que estas exigencias igualmente tienen como intención obstaculizar la activación de la consulta. Así ocurrió en 2016, y por ende se hizo inviable esta figura constitucional.
El cronograma de actividades aprobado por el CNE estableció que la “Jornada de recepción” de firmas, se llevaría a cabo el 26 de enero. Esto, apenas cinco días después de que el CNE estableciera las condiciones y términos para su realización.
Al mismo tiempo, indicó que la recolección del 20%, requerido por la Constitución, se realizaría en el horario comprendido entre las 6:00 am y las 6:00 pm. Habilitó 1.200 centros en el territorio nacional, de “acuerdo al peso electoral de cada entidad federal del país”.
Esto significa que el CNE apenas dio a los impulsores de la solicitud 12 horas para recoger casi 4,2 millones de firmas.
Pero como si el limitado tiempo no fuera suficiente, además solo habría 1.200 puntos de recolección en el país. La cantidad también resultaba injustificada.
Todo o nada
Lo peor de las condiciones impuestas por el CNE es que reeditó la inconstitucional exigencia de alcanzar 20% de las firmas en cada estado del país.
Este requisito lo creó el CNE en 2016 y lo avaló la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
Pero, esta práctica sistemática de impedir a los ciudadanos activar los referendos revocatorios se remonta a 2003.
El CNE comenzó a establecer trabas y obstáculos que afectaron su ejercicio y lo limitaron más allá de las restricciones previstas en el artículo 72 de la Constitución. Lo hizo a fin de desconocer la iniciativa que había emprendido la sociedad civil y que se conoció como el “Firmazo”.
A partir de ese momento el CNE, a través de sus normativas, impuso restricciones adicionales. Todo para retrasar la ejecución de un eventual revocatorio, e incluso impedir su realización.
Dicho y hecho
Como era de esperarse, las limitaciones que enfrentaron los promotores de la consulta popular repercutieron negativamente en la celebración del evento del pasado 26 de enero. Algunos de esos convocantes de la oposición decidieron retirarse, aunque la consulta siguió su curso con las condiciones impuestas por el CNE.
La jornada estuvo marcada por la escasa información en los puntos de recolección de firmas, el retraso en la instalación de los centros, la agresión a trabajadores de la prensa, así como la movilización de los simpatizantes del oficialismo, sobre todo de funcionarios y trabajadores públicos, que acudieron a manifestar su apoyo a Maduro.
En el ínterin, las pocas personas que asistieron a expresar su voluntad de activar la consulta revocatoria fueron amenazadas y acosadas. Diosdado Cabello, declaró públicamente que una vez transcurrida la jornada de recolección de firmas pediría al CNE la lista de rúbricas.
Esas declaraciones hicieron recordar el triste episodio de la llamada “Lista Tascón”. Este era el listado de las personas firmantes para activar el revocatorio contra el mandato de Chávez en 2004,. El mismo lo dio a conocer por el ya fallecido diputado del partido Movimiento Quinta República (MVR), Luis Tascón, y que se usó para identificar a quienes estamparon su rúbrica y así discriminarlos.
Fin de la historia
El 27 de enero, a menos de veinticuatro horas de haberse cerrado el proceso de recepción de firmas para activar la revocatoria presidencial, la Junta Nacional Electoral presentó a la consideración del CNE su informe, en el que dice haber recibido 98,58% de la transmisión de manifestaciones de voluntad, contabilizando 42.421 firmas (1,01% del Registro Electoral).
El CNE declaró con una velocidad inusitada sin lugar la solicitud de referendo revocatorio al mandato de Nicolás Maduro. Así quedan cerradas las puertas al revocatorio presidencial.
Los caminos electorales
El revocatorio “está muerto”, dijo Jesús Castellano, politólogo y docente universitario. A su juicio, la oposición “solo tiene una vía electoral en su horizonte: las elecciones presidenciales de 2024. “Son enormes retos los que tiene por delante la oposición”, manifestó.
Lo dice, sobre todo porque las presidenciales han sido lo menos deseado por la oposición, principalmente por la que lidera Juan Guaidó.
Esta parte de la oposición plantea la posibilidad de adelantar elecciones presidenciales antes de 2024. “Esa idea luce remota”, asegura el experto.
Lo que propone Castellano es que “las fuerzas democráticas de Venezuela presionen para que se fortalezcan los pasos que se dieron en los comicios de noviembre del 2021. Sobre todo “reforzar la credibilidad en el voto”.
Entre tanto, la docente de la Universidad de Carabobo, María Puerta Riera “la ruta electoral no se agota con la finalización del proceso revocatorio contra Maduro”.
Cree que “la oposición debe, primero, recuperar la confianza del elector. El tema electoral no se agota, como lo demuestra la experiencia de Barinas”.
«Es importante entender cuáles batallas se pueden dar. Barinas es un primer paso y el revocatorio era uno en falso”, dijo.
“Creo que la oposición debe enfocarse en reconstruirse y redefinir su estrategia política. Si no se reorganiza, pierde una oportunidad de cohesión y fortalecimiento del músculo político”, advirtió.
En este sentido coincide Guillermo Tell Aveledo, politólogo de la Universidad Central de Venezuela. Estima que la clave para los detractores de Maduro es “ver los caminos electorales hacia el futuro”.
Pero, para lograr un proceso efectivo, “la oposición debe lograr un nivel mayor de coordinación de su maquinaria y su estrategia”. También debe tener “disposición a remendar sus problemas y disidencias para reconquistar su estabilidad interna”.
Sin estado de derecho
Benigno Alarcón, director del centro de Estudios Políticos de la UCAB, sostiene que tras la muerte del revocatorio, se muestra que “en Venezuela no existe Estado de derecho, ni separación de poderes”. El Consejo Nacional Electoral continúa siendo un órgano parcializado y subordinado a los intereses del Ejecutivo. No garantiza el derecho de revocar y, por lo tanto, tampoco el derecho a elegir”.
Dice que “las dificultades legales, reglamentarias u operativas, que se derivan de la inexistencia de una ley que regule la materia nadie las niega ni desconoce. Pero tal vacío legal, no puede esgrimirse como excusa para desconocer la vigencia de un derecho que está por encima de cualquier otra ley o reglamento vigente o futuro”.
A su juicio, la primera lección aprendida es que “si no hay garantías electorales para revocar, tampoco las hay para elegir. El derecho a revocar, contemplado en los artículos 70 y 72 de la Constitución vigente, fue desconocido”.
La otra lección es “la Integridad Electoral comienza por la integridad, imparcialidad e independencia de los rectores. Las condiciones electorales no son una abstracción, sino que dependen en buena medida de la voluntad de quienes tienen el poder para decidirlas y controlarlas”.
“Es así como, pese a haber nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral, hemos visto como las condiciones electorales varían según las probabilidades que tiene el gobierno de ganar una elección”, agregó.
Tomada de: Impacto Venezuela
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