Contra todos los pronósticos, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, acudió a la Asamblea Nacional y dio la cara como era su deber. Esto dice mucho de cómo marchan las cosas en este régimen madurista pues cuando un alto funcionario quiere respetar a otros poderes lo hace siguiendo lo que indica la ley, sin que por ello se menoscabe su condición de jefe del Ministerio Público.
Hasta ahora los altos funcionarios que habían sido citados formalmente por las comisiones de la Asamblea Nacional para que informaran a los integrantes del Poder Legislativo sobre su gestión anual, se negaron a comparecer aduciendo cualquier excusa baladí que no era más que miedo parejo a que no estuvieran a la altura de dar respuestas concretas a las interrogantes de los parlamentarios, y que a fin de cuentas no son más que las mismas preguntas que se hacen a diario millones de venezolanos sobre la disparatada y derrochadora gestión de Nicolás Maduro y su entorno de amigotes, muchos de ellos vulgares enchufados que poco o nada saben del funcionamiento de sus ministerios y empresas del Estado, o del Banco Central, Pdvsa, Sidor, CVG, etcétera.
Que haya sido una mujer, la fiscal general Luisa Ortega Díaz (única valiente en ese staff de miedosos que pululan alrededor de Nicolás), quien dio la cara sin escabullirse tras una cortina de mentiras, da mucha tela que cortar. Los hombretones, uniformados o no, dieron marcha atrás cuando fueron citados y desobedecieron los mandatos de la Constitución de Venezuela que juraron solemnemente respetar.
Como pudo observarse en el transcurso de la interpelación, la fiscal general respondió a cada una de las preguntas que los diputados le formularon con respeto pero sin halagos o condescendencias que no venían al caso porque no se trataba de una cita para lanzarse flores y pronunciar requiebros, sino profundizar en los graves problemas que atraviesa Venezuela y que, en muchos casos, caen bajo la esfera directa del Ministerio Público.
Lo que se buscaba era profundizar en el conocimiento de tantos errores, omisiones o defectos mayúsculos en las actuaciones de la Fiscalía en casos de primordial importancia que afectan gravemente el Estado de Derecho. Que la fiscal Luisa Ortega Díaz respondiera prolijamente en algunos casos y que ofreciera cifras concretas en otros, era más de lo que se esperaba, aunque, desde luego, ello no la exime de responsabilidades ulteriores que pudieran surgir luego de su informe anual de gestión.
De acuerdo con las informaciones divulgadas por los medios de comunicación luego de cumplida la ronda de preguntas y de las intervenciones de los diputados, la fiscal Ortega Díaz reveló que Venezuela “cerró el 2015 con una tasa de homicidios de 58,1 por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en 17.778 personas que perdieron la vida por causa de un homicidio intencional o doloso”. Dijo además la fiscal “que este indicador es absolutamente preocupante porque confirma que tenemos un grave problema de violencia delictiva”.
Fuente: El Nacional
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