Hace 24 años, un día 4 de febrero, un grupo de militares intentó darle un golpe de Estado al presidente de la República de Venezuela, Carlos Andrés Pérez (CAP). Un golpe sangriento, que cobró vidas inocentes.
Entre las razones que esgrimieron los protagonistas del golpe contra CAP, se cuentan el gran descontento social que existía en ese momento por la crisis económica y política imperante; la exclusión que generaban las políticas neoliberales de CAP (políticas que apenas tuvo tiempo para explicar a la población), la corrupción que venía profundizándose de los gobiernos de CAP I; Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi, y otras relacionadas con el descontento en las Fuerzas Armadas por el deterioro de valores democráticos.
Los culpables de este derramamiento de sangre y atentado contra un Gobierno constitucionalmente electo, aunque fueron hallados culpables de rebelión militar por tribunales del país, apenas pagaron dos años de una cómoda prisión donde recibían a políticos y hombres públicos, para luego recibir el sobreseimiento del entonces presiente de la República, Rafael Caldera. Pocos años después, Hugo Chávez, uno de los responsables de aquel golpe fallido llegó a la Presidencia con el voto popular y con la promesa de llevar al país al progreso y desarrollo, acabar con la pobreza y la exclusión social y combatir la corrupción.
Tras 24 años de aquel suceso, luego de más de una década de Gobierno de Hugo Chávez aplicando políticas diseñadas desde la isla de los hermanos Castro en medio de la bonanza de precios del petróleo nunca vistas, y otros casi cuatro años de mandato de su heredero político, Nicolás Maduro, Venezuela adolece de los mismos males, aunque redoblados y elevados a la enésima potencia, con los que justificaron ese Golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.
Hoy Venezuela está al filo del colapso económico y social, y en un estado de anomía política donde Maduro y su ejército élite de ¨combatientes y combatientas¨ no encuentran (ni quieren buscar) el giro que dé una vuelta de 180° a las políticas causantes de tal desastre.
En resumen, Maduro ha mostrado no tener la capacidad y competencias para desandar el camino al infierno que le dejó señalado Hugo Chávez.
Hoy el país sufre el colapso de la actividad productiva nacional, la caída de los precios del petróleo, reservas internacionales a niveles ínfimos, inflación y escasez, se le suma que para este 2016 se deberán cancelar un estimado de $9,9 millardos entre capital e intereses de las deudas de la República y de PDVSA, (eso sin incluir deudas a contratistas, empresas privadas y socios en las empresas mixtas). Este es un coctel explosivo que no se sabe en qué momento va a estallar, y que pone a Venezuela en una cuerda floja en constante oscilación.
La salida de esta hecatombe pasa por una negociación con el Fondo Monetario Internacional, el cual tendría sus exigencias de políticas cambiarias, monetarias y fiscales contrarias a las que contempla el Plan de la Patria, que esta semana ratificó Maduro en toda su extensión.
Dicho esto, el caos y el colapso que hunden al país indica que cada día se hace más impostergable cambiar a los responsables del colapso del país.
La diferencia es que hoy, la salida de Maduro se busca por la vía de la Constitución y las leyes, de manera democrática y sin derramamiento de sangre. ¿Lo permitirán aquellos que han demostrado no tener cortapisas para obtener el poder?
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