En la Gaceta Oficial N° 40845, del 10 de febrero de 2016, Nicolás Maduro sorprendió a la opinión pública al crear una superempresa petrolera dependiente del Ministerio de la Defensa, cuyas competencias incluyen: la rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros, administración de taladros; importar, exportar, comercializar y distribuir productos químicos para el sector minero, transporte marítimo y construcción de infraestructura civil entre otros negocios.
La empresa, cuyas siglas son Caminpeg, y ha sido constituida como compañía anónima, cuyo presupuesto lo administrará el Ministerio de la Defensa Nacional, sin dependencia alguna del Ministerio de Petróleo y Minería, y sin tener que coordinar sus actividades con Pdvsa. El primer aspecto sorprendente, de esta trascendente e incomprensible decisión, es que el gobierno nacional no haya dado ninguna explicación que justifique haber decidido desconocer el principio fundamental de nuestra política petrolera: la centralización de las políticas en el Ministerio de Petróleo y Minería y las operaciones en Petróleos de Venezuela.
Como era de esperarse, inmediatamente surgieron las críticas a tan descabellada decisión, por parte de expertos petroleros de distintas tendencias ideológicas. Buenos ejemplos de esta realidad son, entre otros: el comunicado de Gente del Petróleo en el cual, justificadamente, se alertó que “quienes podrían estar al frente de la responsabilidad de dicha empresa son personas formadas para la defensa del territorio y no para administrar y operar una organización dedicada a prestar servicios en materia petrolera y minera”. Igualmente, la página web Aporrea publicó un crítico artículo de la periodista Rosa Natalia, en el cual sostiene que “Padrino López dio un golpe de Estado y ahora es presidente paralelo sin que mediase rueda de prensa, tanquetas en Miraflores, buques yankees en las costas de Curazao. Nada. Un golpe de Estado silente y leguleyo. Una Gaceta y un decreto 40845 y 2231”.
Esta justificada polémica es la expresión del rechazo a una decisión que ha irrespetado a la opinión pública venezolana, al no dar una detallada explicación y mucho menos realizar una consulta lo suficientemente amplia sobre un asunto tan delicado. Los venezolanos siguen esperando que Nicolás Maduro justifique con razones de gran peso las razones que tuvo para tomar esa importante decisión. Además, es mucho menos aceptable esa posición cuando, inmediatamente después de la derrota electoral del pasado 6 de diciembre, ordenó el regreso de los cientos de militares que desempeñaban cargos civiles a sus funciones específicas dentro de la Fuerza Armada, insinuando que eran los responsables de la aplastante derrota electoral. Esa decisión fue recibida con escepticismo, pero también con esperanza por los demás miembros de la Fuerza Armada dedicados al cumplimiento de sus obligaciones castrenses y en general por todos los venezolanos. La participación militar en los asuntos de gobierno nunca ha sido beneficiosa para Venezuela, ni para la institución armada. Fue un gran acierto de la generación militar de 1958 y de todas las demás que mantuvieron el apoliticismo militar durante los gobiernos democráticos hasta 1989.
Lamentablemente, la trampa chavista de la alianza cívico-militar y la falta de sentido y visión institucionalista, así como las desmedidas ambiciones de quienes han ejercido los altos mandos, ha traído como consecuencia que durante estos diecisiete años se hayan confundido las funciones militares con las de gobierno, haciendo a la Fuerza Armada corresponsable de la debacle en la cual se encuentra sumida Venezuela. Ante este cuadro de cosas, desearía hacerle muchas preguntas al general Padrino, pero por razones de espacio le haré solo algunas: de acuerdo con su dilatada experiencia, ¿cree usted que la Fuerza Armada está cabalmente capacitada para asumir las competencias de Caminpeg?; ¿le fue requerida su opinión y al resto del Alto Mando para la toma de esa decisión y qué respondieron?; ¿no cree usted que cuando se le asigna una misión totalmente ajena a la Fuerza Armada, se le irrespeta y se duda de su competencia para cumplir la misión constitucional que tiene asignada?; ¿cree usted que hoy día la Fuerza Armada ostenta el prestigio, reconocimiento y respeto de la opinión pública, tal como otrora lo ostentó?; ¿no cree usted, que sería injusto responsabilizar ante la historia a las nuevas generaciones militares del estruendoso fracaso ocasionado por las ambiciones de Hugo Chávez y de sus seguidores? Ojalá estas preguntas lo hagan reflexionar y le permitan, adoptar las decisiones más convenientes, en el difícil momento histórico que enfrenta la República, para beneficio de Venezuela y de la institución armada.
Fuente: El Nacional
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