Nueva York.- Los sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro pensaron que estaban por encima de la ley y actuaron con “impunidad” debido a quienes eran ellos y sus familiares.
Ese fue el argumento final del fiscal federal adjunto Brendan F. Quigley el jueves a un jurado en Nueva York, a quienes pidió declarar culpables a Efraín Campo y Francisco Flores de confabularse para entrar ilegalmente a Estados Unidos grandes cantidades de cocaína.
Los dos primos, cuya tía, Cilia Flores, es la esposa de Maduro, no fueron víctimas inocentes de un plan estadounidense, sino “aliados entusiastas” que trabajaron metódicamente durante meses en una complicada transacción de drogas en que la pensaban ganar $20 millones, dinero que ayudaría a impulsar la campaña legislativa de su tía y cimentar el poder de la familia.
“No son jovencitos”, dijo Quigley. “Son hombres hechos y derechos de 30 años. Uno de ellos, el señor Campo, es abogado”.
Campo y Flores enfrentan 10 años de prisión si los declaran culpables de tramar el contrabando de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.
Los argumentos finales comenzaron el jueves a las 9:30 a.m. y se espera que duren todo el día en este caso, donde se han alegado vínculos entre la familia del presidente venezolano y el narcotráfico. El caso es observado de cerca en todo el continente debido a sus implicaciones para las relaciones entre Caracas y Washington. Si los declaran culpables, ello fortalecería las acusaciones estadounidenses de que Venezuela no cumple sus obligaciones internacionales de combatir el tráfico de drogas. Si los declaran inocentes, ello fortalecería las alegaciones de Maduro de que es víctima de una venganza norteamericana.
La fiscalía alega que los acusados trataron de sacar provecho a sus relaciones políticas al planear el uso del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para despachar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. La defensa alega que sus clientes fueron “inducidos y engañados” por informantes corruptos de las autoridades federales estadounidenses quienes se aprovecharon de la credulidad de sus clientes, que esperaban ganar mucho dinero.
En su alegato final, de aproximadamente una hora, Quigley explicó metódicamente al jurado la supuesta confesión de Campo y Flores y docenas de mensajes de texto, así como grabaciones de audio y video que dijo probaban más allá de cualquier duda razonable que los acusados no sólo eran narcotraficantes sino que sabían que la droga se enviaría a Estados Unidos.
Las supuestas confesiones son suficientes para condenarlos, dijo Quigley. En ellas, Campo dijo que conseguiría las drogas de manos de rebeldes izquierdistas en Colombia. Flores dijo que ganaría $560,000 en la transacción. Los dos reconocieron estar al tanto de que las drogas tenían a Estados Unidos como destino. Campo dijo que no hizo énfasis en eso, según la confesión.
Quigley dijo a los jurados el jueves que se concentraran en las propias palabras de Campo y Flores en docenas de grabaciones que supuestamente documentan planes para trasladar por avión grandes cargamentos de drogas desde el hangar presidencial a una isla turística frente a la costa de Honduras, donde la descargarían para trasladarlas a México y de allí a Estados Unidos.
Campo alardeó de controlar completamente el aeropuerto de Caracas. Ni siquiera generales o coroneles podían interferir debido a quien era, dijo Campo, según las grabaciones.
“Tengo 30 años, 30 años. Estoy haciendo esto desde que tengo 18”, dijo Campo en una grabación.
La defensa alegó que eso era sólo un alarde y que sus clientes nunca tuvieron la capacidad o la habilidad de concretar la transacción. Roday alegó que Campo y Flores fueron engañados por algunos de los “informantes más deshonestos”.
Señaló que los fiscales abandonaron a su informante confidencial estrella, José Santos Peña, y cancelaron su acuerdo de cooperación después que la defensa reprodujo en el tribunal grabaciones de él en que habla supuestamente de tráfico de drogas desde la prisión.
Los fiscales dijeron a los jurados que se preocuparan menos sobre lo que Santos dijo en el banquillo de los testigos y más en las grabaciones, pero Roday dijo que era demasiado tarde. Los fiscales tuvieron suficientes oportunidades de abandonar a Santos, pero no lo hicieron porque no tenían caso sin él, dijo Roday.
Fue Santos, miembros del mexicano Cartel de Sinaloa, quien habló de llevar la droga a Estados Unidos. No hay pruebas, dijo Roday, de ninguna carga de drogas con destino a Estados Unidos.
“Él infecta todos los aspectos del caso”, dijo Roday al jurado.
Santos fue sólo uno de varios informantes corruptos que recibieron grandes cantidades de dinero o una reducción de sus condenas por delitos pasados si ayudaban a la DEA a que los tribunales condenaran a un miembro de la familia del presidente de Venezuela, dijo Roday.
Roday agregó que esto es lo más crítico que ha ocurrido en la vida de Campo y Flores.
Preguntó a los jurados si podían tomar una decisión importante sobre su propia vida sobre la base de la palabra de estos informantes.
“Si ustedes no están dispuestos a eso, ¿cómo pueden confiar en ellos para tomar una decisión sobre la vida de otra persona?"
Fuente: El Nuevo Herald
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