Carlos Seijas Meneses / Publicado octubre 30, 2020
Maduro no podría cubrir los pagos en dólares de la enorme nómina pública, además de las pensiones, debido a la caída sustancial de los ingresos en divisas del país, y a que la actividad petrolera no está generándole al Gobierno ni siquiera una fracción importante de las divisas que le generaba cinco o seis años atrás, afirman economistas
Nadie quiere al bolívar. Los billetes soberanos quedaron para artesanías y confeti. Hasta el mismo gobierno de Nicolás Maduro, que por tantos años despotricó contra el dólar, usó la moneda estadounidense como referencia cuando fijó los precios de 27 productos básicos en abril. La apertura cambiaria, que inició con la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios en 2018, aceleró un proceso de dolarización de facto que ya venía gestándose por la hiperinflación, que este noviembre de 2020 cumple tres años machacando el valor y la confianza en el bolívar.
Hoy, al menos la mitad de las transacciones se hacen en divisas. Cuando alguien recibe bolívares rápidamente busca cambiarlos por algún producto o por dólares. Incluso puede perder si espera hasta la tarde del mismo día. En supermercados, farmacias, panaderías, tiendas de ropa, peluquerías, ventas de electrodomésticos y aparatos electrónicos, bodegones, restaurantes, y hasta en los buhoneros se paga con verdes.
Pese a esta realidad, el gobierno de Maduro ha dejado claro que no está en sus planes renunciar al bolívar y dolarizar oficialmente la economía, el clamor de trabajadores públicos y de pensionados, los más golpeados por la crisis hiperinflacionaria y el fenómeno de desigualdad que ha generado el creciente uso del dólar.
«¡Dolarizaron todo menos mi sueldo! ¡Menos mi sueldo!», gritaba una educadora ante guardias nacionales en una protesta el 21 de octubre. «Un mes de aguinaldo fue 1.500 bolívares (1,5 millones de bolívares). ¿Qué compré? ¿Ah? ¿Qué compré? Medio cartón de huevos, una harina y media mantequilla. No es justo, no es justo. Y no me voy a ir de aquí de mi país. ¡Quiero comer bien! No es posible que todas las mañanas me levante y no tenga qué darle a mis hijos. ¡No es posible! ¿Hasta cuándo?».
Trabajadores públicos, dirigentes sindicales, pensionados, la Asamblea Nacional (AN) y partidos de la oposición han pedido que se dolaricen los salarios y las pensiones.
La Comisión de Finanzas del Parlamento propuso en agosto fijar el salario mínimo en dólares y que sea cancelado de manera quincenal o semanal a los trabajadores en bolívares al tipo de cambio del día del pago, para «medianamente preservar el poder adquisitivo». El diputado Alfonso Marquina plantea que en una primera fase el monto sea 30% del costo de la canasta alimentaria, por lo que sería aproximadamente 76 dólares.
No obstante, para el gobierno de Maduro, convertir los actuales sueldos en bolívares a dólares a la tasa de cambio oficial o a la del mercado paralelo significaría reconocer que el valor del salario es ridículamente bajo, y pondría en evidencia las condiciones de pobreza en las que vive la mayor parte de los trabajadores afiliados al sector público, incluyendo a los educadores y profesores universitarios, afirma a TalCual el economista Leonardo Vera.
«Hay una especie de ilusión monetaria que quizás el Gobierno no está interesado en poner en evidencia. Esa realidad se esconde mientras los trabajadores ganen en millones de bolívares», dice.
Al cambio paralelo del 28 de octubre de 2020, el salario mínimo y la pensión mensual, que desde abril hasta la fecha se ubican en 400.000 bolívares, equivalen a 0,78 centavos de dólar, lo que ubica el salario mínimo diario en 0,02 centavos, muy por debajo del nivel de pobreza establecido por el Banco Mundial de $1,90 al día. La canasta alimentaria supera actualmente los 250 dólares, según el Cendas.
Sin caja
Para dolarizar oficialmente los ingresos de los trabajadores públicos y de los pensionados, se necesitan dólares, y el Gobierno no tiene.
Si Maduro decidiera dolarizar oficialmente los salarios y las pensiones y los fijara en 57 dólares mensuales (1,90 dólares diarios), para sacar de la pobreza extrema a los más de ocho millones de trabajadores públicos y pensionados que, según él, hay en Venezuela, necesitaría, por lo menos, unos 456 millones de dólares mensuales.
Vera señala que el segundo problema con la dolarización de los ingresos en Venezuela es que para el Estado sería difícil cubrir los pagos de la enorme nómina pública, además de las pensiones, debido a la caída sustancial de los ingresos en divisas del país por la crisis petrolera. Esta actividad no está generándole al gobierno ni siquiera una fracción importante de las divisas que les generaba cinco o seis años atrás.
«Para el gobierno de Nicolás Maduro es cuesta arriba dolarizar el pago de los sueldos y salarios de todo el personal afiliado al sector público. En este momento tiene muy escasas piezas monetarias en dólares, y lo poco que recauda internamente es en bolívares», señala Vera.
El propio Maduro reveló en septiembre que los ingresos en divisas desde entes públicos al Banco Central de Venezuela (BCV) cayeron 99% desde 2013 hasta septiembre de 2020. Se desplomaron de 56.609 millones de dólares a 477 millones de dólares.
En este sentido, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB afirma que el desplome progresivo en los ingresos petroleros ha sido de tal magnitud que hoy Pdvsa prácticamente no aporta recursos fiscales al Estado venezolano. «Esta merma en los ingresos se ha producido no solo por el deterioro en los precios internacionales del petróleo sino, sobre todo, por la drástica reducción en la capacidad de producción y exportación de hidrocarburos y sus derivados».
Datanálisis calcula que en 2020 los ingresos petroleros caerán de 14.000 millones a 3.500 millones de dólares, una reducción de 75% respecto a 2019. Esta caída obedece al aumento de las sanciones, la salida de Rosneft de Venezuela, la disminución de la demanda mundial de crudo por el impacto de la covid-19, el desplome de los precios del barril y la caída de la producción petrolera en Venezuela.
Leonardo Vera indica que si el gobierno dolarizara los ingresos de los venezolanos tendría también que autorizar la dolarización del sistema financiero nacional. De esta forma, los clientes podrían retirar de los cajeros automáticos sus sueldos y pensiones en billetes verdes.
Una dolarización controlada
Sin embargo, el gobierno ha demostrado que tampoco tiene interés en permitir que la banca pueda adoptar libremente la moneda norteamericana.
A pesar de no tener la capacidad de dolarizar formalmente la economía, el Ejecutivo tampoco ha permitido que la dolarización informal avance a sus anchas. Las garras de los controles las volvió a mostrar el 10 de octubre cuando ordenó el cese inmediato de cualquier producto o servicio que los bancos estén ofreciendo a sus clientes «para facilitar con cargo a las cuentas en moneda extranjera en ellos mantenidos, el pago en divisas de bienes y servicios» en Venezuela.
La medida impide que haya una transferencia entre bancos bajo un sistema de compensación o sistemas privados de intercambio de dólares que no estén bajo el control del Banco Central, que es el último que tiene la palabra en medios de pago en Venezuela (tarjetas de débito, puntos de venta, pagos móviles, puntos electrónicos, transferencias electrónicas y tarifas que se cobran).
El economista Luis Arturo Bárcenas asegura que la resolución del BCV deja en evidencia que el gobierno no quiere perder el monopolio de los medios de pago.
«El gran interés del Gobierno es promover la dolarización hasta un nivel que no atente contra sus propios intereses. Dejar correr la bola hasta que le venga en contra. La misma ministra Delcy Rodríguez lo dijo: una cosa es usar los dólares transaccionalmente y otra cosa es promover una dolarización más profunda, porque eso atentaría no solo contra las capacidades del Banco Central de controlar sus medios de pago, también atentaría con su capacidad de generar ingresos».
El 18 de octubre, la ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, descartó toda posibilidad de adoptar el dólar estadounidense como moneda de curso legal, y aseguró que la decisión es que el bolívar siga siendo la moneda oficial en el país.
«Si hubiera que cambiar el bolívar por otra moneda, sería por una creada en el país, no por otra divisa», dijo la funcionaria al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, en una entrevista durante su programa dominical, por donde además aseguró que Venezuela ya superó la hiperinflación, a pesar de que aún no han pasado los 12 meses que deben transcurrir con tasas de inflación intermensual inferiores a 50% para que el país salga de este proceso. En enero los precios aumentaron 62,2%, según el Banco Central de Venezuela (BCV).
Por otro lado, Bárcenas sostiene que al gobierno no le interesa permitir que se dolarice por completo la economía porque eso significaría perder el monopolio de la creación de ingresos vía financiamiento monetario, la principal causante de la hiperinflación. Explica que, además de crear dependencia de los estratos más pobres a través del sistema de bonificaciones, que no equivalen a nada en función de la realidad macroeconómica actual, el Gobierno genera ingresos con la emisión de bolívares.
«En la medida en que el gobierno emite dinero, con cierto retraso en comparación con el crecimiento de la inflación, de alguna forma está teniendo una especie de impuesto, y el dolarizar haría que ese mecanismo cesara porque ya no habría dependencia por parte de la población de un dinero que solamente emite el Banco Central, que son los bolívares. Hay un conjunto de venezolanos, entre ellos empleados públicos y milicianos, que siguen expuestos a las decisiones del gobierno en materia de emisión de bolívares, y si dolariza por completo, perdería ese monopolio tanto de los ingresos como de la dependencia de las personas a esos ingresos, que no es baja todavía».
Leonardo Vera agrega que dolarizar la economía también implicaría definir en qué moneda el sector público pagaría a sus proveedores, y qué tipo de régimen monetario se implementaría, si uno en donde el dólar se oficialice como moneda, o un régimen bimonetario en donde habría dos monedas en circulación. Si es el último, unos seguirían cobrando en bolívares y otros en dólares, lo que profundizaría la desigualdad social. «Es un dilema nada fácil de resolver», expresa Vera.
Dolarizar no sería suficiente
En una economía tan destruida como la venezolana, dolarizar los salarios no sería una medida suficiente para proteger completamente el poder adquisitivo de los trabajadores. De hecho, el rezago del ajuste del tipo de cambio comparado con el crecimiento de los precios de bienes y servicios, ha hecho que la moneda estadounidense pierda capacidad de compra en el país.
Según Ecoanalítica, a finales de octubre una persona que cobre en dólares compraba poco menos de un tercio de lo que compraba en enero de 2019.
Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras, afirma que la capacidad de compra de la gente pasa por algo más complejo que solo subir el salario, necesario pero inútil si no viene acompañado de incentivos a la producción, entorno de competitividad ni de una dirección de las políticas públicas hacia la generación de confianza.
«Para lograr ese anhelado poder adquisitivo de la gente, que se revierta el círculo vicioso y entremos en uno virtuoso, necesitamos consensos políticos para diseñar ese modelo económico, sensatez en el rol de cada actor que conforma el quehacer diario de la nación y querer ser útiles al país y su gente», dice Cusanno.
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