No ha sido poco el esfuerzo que la oposición ha tenido que hacer para lograr que el Consejo Nacional Electoral admitiera la entrega de las firmas que constituyen el requisito que antecede a la petición formal de un proceso revocatorio, de acuerdo con las normas establecidas y que, sin exclusión alguna, son de obligatorio cumplimiento.
La oposición no ha dudado en cumplir con las exigencias, pero lo que siempre ha estado en duda es que el organismo rector se someta a lo que indica la ley y le dé el debido cumplimiento, que no es otro que aceptar las firmas presentadas, revisarlas minuciosamente y proceder a enterar a los peticionarios sobre el resultado de la revisión que ha llevado a cabo.
La revisión de las firmas, la comprobación de nombres y apellidos, así como los números de las cédulas culminó a mediados de la tarde del viernes pasado. Extraoficialmente, y basado en datos que no pueden ni deben variar por marramuncias extrañas, es posible anunciar que las más de 2.000 firmas entregadas –aunque el reglamento solo exige cinco proponentes– pasaron la prueba de fuego y fueron validadas como punto de partida para iniciar los próximos pasos que autorizan la recogida de las rúbricas de 1% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral (198.307 personas) y luego de 20% de los inscritos (3.966.144 personas).
El proceso de verificación de las rúbricas presentadas fue lento y engorroso debido a la precariedad de los procedimientos empleados, en su mayoría de forma manual, pero aún así se detectaron varios firmantes que no cumplían con los requisitos debidos o que habían firmado dos veces por equivocación o ignorancia.
Sin embargo, estas firmas anuladas no hicieron mella alguna en el resultado final que terminó siendo favorable a los peticionarios de la oposición. Queda en manos de los directamente interesados impedir que se tuerza la voluntad popular y se llegue al extremo de modificar lo que ya es un hecho conocido internamente en el CNE y, en especial, de la rectora presidente, Tibisay Lucena, cuyo comportamiento errático siempre ha actuado como un sorpresivo montón de piedras en el camino. Eso es lo preocupante.
El martes será el próximo directorio y Lucena se comprometió con un sector de la oposición a entregar las planillas para la próxima recolección de firmas.
Quienes llevaron a cabo la revisión y aquellos que prepararon el informe final para el directorio del CNE coincidieron en que para la comprobación de los millones de firmas exigidas para dar el tercer paso del revocatorio será necesario automatizar el proceso ya que, de otra manera, sería extremadamente complejo y lento así como escasamente confiable.
Para aligerar todo el proceso de revisión creen conveniente apelar a las captahuellas, una medida que la oposición debe analizar con extremado cuidado por razones más que obvias. No son tantas las virtudes sino los peligros que suponen su uso si no están previamente establecidas las reglas que regirán el monitoreo previo y durante el proceso.
La información contenida en este editorial será desde luego criticada y desmentida por el oficialismo. Pero es la realidad: si la quieren ocultar con fines inconfesables, pues allá ellos.
Fuente: El Nacional
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