El término forajido –nos dice el DRAE– es usado como sinónimo de bandido, malhechor, asaltante o bandolero, entre otros. Y nos aclara que, además de personas, existen “países forajidos”, entre los que se cuenta la Venezuela de Maduro, como se puede comprobar en cualquier lugar de búsqueda en Internet.
Los “Estados forajidos –transcribimos– son vistos como aquellos que poseen gobiernos fracasados durante su gestión (…) y se caracterizan por no respetar los derechos humanos y convertir las normas éticas y sociales de la comunidad en un comportamiento de bandidos. Un Estado forajido incumple leyes y convenios internacionales, así como las decisiones de los organismos internacionales que tienen como finalidad preservar el orden y la paz mundial (…) Actualmente Venezuela es el vivo caso de un Estado forajido debido al constante rechazo e incumplimiento de todas las decisiones por parte de los organismos internacionales, especialmente en el caso de la liberación de los presos políticos, del respeto de los derechos humanos”, y el desconocimiento y acoso al recién elegido Poder Legislativo, contra el que actúa un tsj devenido en partido político de Maduro. El chavismo en el poder no ha cumplido ninguna decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni de organismos de protección del sistema universal de derechos humanos, a la par que viola constantemente la Constitución.
La última “hazaña” forajida de Maduro es la amenaza de la misión venezolana ante la OEA de “destituir” a su secretario general, Luis Almagro, por anunciar que a fines de abril el Parlamento venezolano solicitaría en ese organismo la invocación de la Carta Democrática, mecanismo de defensa de la democracia aprobado por la OEA en 2001. Para el embajador chavista, Bernardo Álvarez, tal anuncio configuraría “un intento de usurpar la autoridad y soberanía del Estado y en el desconocimiento de su gobierno”. Álvarez tiene el tupé de argumentar que “ni el secretario general ni otro Estado miembro pueden invocar la Carta Democrática sin autorización del gobierno” porque “no se da el requisito que recoge el artículo 20 de que haya una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”. Álvarez pretende que el mundo crea las mentiras del gobierno más desprestigiado del continente, al jurar que “en Venezuela no hay ninguna situación fáctica que encaje o se subsuma bajo lo establecido en la Carta, porque no existe una ruptura o alteración del orden constitucional”. Es decir, que para Álvarez un tsj (con varios magistrados con antecedentes penales) al servicio de Maduro, que declara inconstitucionales las leyes aprobadas por la AN elegida por el pueblo, “no significa una ruptura del orden constitucional”. Recientemente, ante la consulta del gobierno de Maduro a la ONU sobre la legalidad de la Ley de Amnistía, la organización reconoció su legalidad y sujeción a los estándares de derechos humanos, de ahí el rechazo de la ONU a la decisión del tsj de declararla inconstitucional. Repulsa también expresada por varios gobiernos y miles de demócratas del mundo.
Al enchufado embajador no le parece que “afecte el orden constitucional” la negativa de Maduro a recibir ayuda humanitaria internacional de medicinas y alimentos para paliar la hambruna y la criminal escasez ocasionada por la desbordada corrupción oficial, mientras los hospitales operan con solo 5% de insumos y equipos”; o que se haya cuadruplicado la mortalidad de recién nacidos; que haya muerto una docente embarazada sin atención médica porque el MPPE le debe una millonada a las aseguradoras; que Barrio Adentro esté en ruinas; y que cientos de venezolanos mueran con enfermedades curables porque no dispusieron de medicamentos, mientras las medicinas que llegan de Cuba y China están vencidas, y cuñados del ex ministro de alimentación habrían cobrado presuntamente 6 millones de dólares de comisión por traer carne descompuesta al país. ¿Piensa Álvarez que tantas muertes y delitos “no alteran el orden constitucional”; mientras Maduro sigue regalando a Cuba 100.000 barriles de crudo al día, recientemente envió a los Castro 1.400 millones de dólares para “agricultura urbana”; le ha cargado a la quebrada Pdvsa 3.500 millones de dólares que adeudaba Nicaragua a nuestro país, o le vende electricidad a Brasil 7 veces más barata que el precio internacional, en tanto que los estados Bolívar y Anzoátegui están a oscuras? Que Venezuela tenga la inflación y escasez más altas del mundo habiendo disfrutado Chávez y Maduro de más del doble de los recursos recibidos por los gobiernos juntos de Betancourt, Leoni, Caldera (1 y 2), Luis Herrera y CAP (1 y 2) y que hoy estemos sin luz ni agua, sin alimentos ni medicinas, por la ineptitud, negligencia y corrupción del régimen ¿no viola los derechos de los ciudadanos y el orden constitucional? Sustituir la propiedad privada por lo que el chavismo ha llamado “propiedad social” ¿no ha sido la causa del derrumbe de la producción y de las criminales colas en las que la violencia y la escasez reinan, hasta el punto de que “en Delta Amacuro acaban de saquear un camión de basura en búsqueda de comida descompuesta”? Que hasta el ministro de la Defensa envíe un comunicado a oficiales y tropa pidiendo extremar sus medidas de seguridad porque la delincuencia ha asesinado a varios militares con armas de guerra provenientes de los cuarteles (a cuyas muertes hay que sumar las casi 30.000 de 2015), ¿no constituye prueba del fracaso rotundo del gobierno militarista de Maduro, y una negación del derecho constitucional a la seguridad personal? Si asesinaron a un escolta de Cilia Flores, ¿qué cabe para los venezolanos de a pie? “Cada 3 horas una madre entierra a su hijo”, titula la prensa internacional para ilustrar la negación del derecho a la vida en la Venezuela de Maduro. Que el fiscal del caso de Leopoldo López dijese que los cargos contra él fueron inventados por el régimen, como ocurre con los demás presos políticos ¿tampoco afecta “el orden democrático”? Que los diputados opositores se vieran obligados a encadenarse a las puertas del CNE para reclamar por enésima vez la planilla para procesar el revocatorio de Maduro y fueran salvajemente desalojados por la guardia nacional (con minúscula), previa agresión de los grupos violentos del gobierno, ¿tampoco afecta “el orden constitucional” y justifica la invocación de la Carta Democrática?
La popularidad de Maduro está en picada: generosamente le otorgan 15%. Opositores y 60% de los chavistas piden a gritos su salida, mientras la AN le reclama oficialmente su muy oculta partida de nacimiento. Solicitud que seguramente al embajador forajido le parecerá un intento de violentar el inexistente orden constitucional.
Fuente: El Nacional
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