En medio de la crisis productiva que atraviesa el país, no solo por el colapso económico de la última década, sino también por la paralización comercial gracias a las medidas de confinamiento por covid-19, el gobierno de Nicolás Maduro decidió asfixiar aun más a la empresa privada tras anunciar medidas de intervención contra varias de las compañías alimenticias más importantes del país.
La vicepresidenta del chavismo, Delcy Rodríguez, informó este viernes 24 de abril sobre la ejecución de medidas contra un grupo de empresas, en aplicación de la ley de precios justos.
Explicó que se tomaron dos tipos de medidas. La primera solo aplica contra el Consorcio Oleaginoso Portuguesa (Coposa), empresa contra la que se dictó una ocupación temporal por 180 días prorrogables, por parte de las autoridades del oficialismo.
«La medida busca garantizar la producción y preservar que no se convierta en un factor de distorsión que genere especulación», explicó Rodríguez.
En un segundo lugar, se ordenó un mecanismo de «ventas supervisadas» contra Alimentos Polar, Plumrose y un matadero de Turmero, estado Aragua; ya que «se convertían en marcadores referenciales especulativos que están afectando a la población en general».
Esta decisión tiene como objetivo que se preserven y reserven los «precios acordados» de los productos, mediante la supervisión de las actividades de estas compañías, especialmente en lo referente a la comercialización de los productos.
Además, informó que las autoridades económicas del país sostuvieron una reunión con representantes de las principales cadenas de supermercados, entre las cuales figuraron Central Madeirense, Unicasa
Tomada de: TalCualDigital
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