Que un presidente se convierta en fiscal acusador y que, de la manera más burda y resentida, se aproveche de una autoridad de la que carece, porque así expresamente se lo prohíbe la Constitución al señalar la independencia de los poderes, no es más que otra demostración de vileza e ignorancia de las tantas que se han venido dando en estos años de autoritarismo cívico militar.
Para la democracia resulta vital que sus gobernantes al menos tengan la decencia de respetar las leyes que lo llevaron al poder y que, gracias a ellas, le permitan desarrollar sus planes y cumplir con las promesas formuladas a los ciudadanos en el transcurso de la campaña electoral.
Pero cuando un hombre llega al poder sin tener las condiciones para ello y mucho menos la experiencia exigida para atender los importantes asuntos de Estado que su alto cargo le impone, entonces ocurre que la realidad va poniendo al descubierto el grave error cometido por quienes lo llevaron a tan altas funciones sólo pensando en sus intereses particulares y no, como cabría esperarse, en las necesidades colectivas que inicialmente estamparon en su proyecto político.
A menudo, en la historia venezolana surgen estos personajes incoloros e insípidos que nunca llegan a alcanzar la estatura necesaria que motive una especial admiración o una lealtad que no sea aquella generada por la ambición, el oportunismo y la abierta posibilidad de meter manos en los dineros públicos. Esa ha sido una de las desgracias históricas que más ha golpeado el futuro y la felicidad de la república.
Detrás de cada uno de los héroes de la guerra de Independencia que lograron llegar al poder siempre con una prótesis mental caminando a su lado, alumbraba por encima de ellos mismos y de sus condiciones éticas las habilidades de su círculo íntimo para hacerle creer, sin el menor pudor, la grandeza de su mandato, la agudeza de su ingenio, la perspicacia de sus observaciones. Todo ello era necesario e indispensable para poder navegar en ese intensamente competitivo mar de la corrupción oficial.
Sin embargo, a medida que llegó la democracia se hicieron más subrepticias las vías para acercarse al poder y enriquecerse en el menor tiempo posible. Solo en los gobiernos militares se mantuvo el estatus de comandita para los grandes negocios, pero contando siempre con el concurso de los civiles, más hábiles y más conocedores que coroneles y generales.
Lo del gobierno de Pérez Jiménez y sus dos generales socios fue inaudito por el corto tiempo en el poder y la rapacidad que demostraron para llenar sus bolsillos a una velocidad típica de una competencia de Fórmula Uno.
Pero a los venezolanos les faltaba todavía por ver los capítulos finales de esta serie tan exitosa económicamente, valga decir, la de “Alí Babá y sus cuarenta conspiradores”, que a paso de vencedores y envueltos en la bandera tricolor tomaron por asalto el país y saquearon sus riquezas.
Llegaron limpios, sin medio en el bolsillo, flacos y mal vestidos. Hoy no quieren soltar el botín.
Fuente: El Nacional
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