Analítica21 septiembre, 20230
Desde ayer las fuerzas de seguridad del Estado llevan a cabo un operativo en el Penal de Tocorón, para intentar desactivar a las bandas criminales que allí hacen vida.
De acuerdo a las investigaciones periodísticas, ese recinto penitenciario se había constituido en la principal base de operaciones de un grupo delincuencial que ha extendido sus actividades ilegales por varios países de Suramérica.
Contaba Tocorón con un modelo propio de “gobierno” en manos de los propios criminales, que gestionaban amplios recursos producto de los hechos ilícitos cometidos dentro y fuera del recinto.
Respaldamos las medidas que tiendan a combatir a estas agrupaciones delictivas y que permitan brindar paz y sosiego a la ciudadanía y exhortamos a las autoridades a informar con transparencia sobre el operativo y la ubicación de los líderes negativos que estaban allí recluidos.
A su vez nos preguntamos si el Ministerio Público tomará acciones penales contra los altos funcionarios que permitieron la transformación de un sitio que debía servir para que pagaran sus penas los reos y que se transformó, por complicidad, en un lugar para la evolución trasnacional de una banda delictiva.
Mucho dinero ha debido correr para que el Gobierno por décadas volteara hacia otro lado. El país reclama castigo a los delincuentes, para quienes empuñan en forma ilegal armas, trafican con drogas y con personas, extorsionan, pero también a sus cómplices de cuello blanco que despachan desde lujosas oficinas con escoltas.
Tomada de: Analítica
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