Un artículo de poca aplicación en condiciones norma-les y que pasará a la historia como el más útil para huir hacia delante, el 39 de la Ley contra la Corrupción, es el arma que ha esgrimido la Contraloría para hacerle el trabajo sucio al gobierno: sacar del medio a los que con votos pueden hacerles pasar un mal rato.
Como la oposición se ha fi jado un objetivo claro, allá van los organismos orquestados del régimen (léase Contraloría y Consejo Nacional Electoral) a hacerle el mandado. Desde que comenzó 2015 la MUD ha tenido la mira fi ja en las elecciones legislativas, pues consideran que tener el control de la Asamblea es un paso clave para promover el cambio tan necesario.
Encuestas y encuestadores van y vienen, y el gobierno sabe que las cuentas no les dan ni para amarrar un gallo. Por eso comienzan a hacer triquiñuelas desde ahora, no están dejando nada al azar y se han dado cuenta de que aquellos que han sido camiones de arriar sufragios en pasados comicios, tienen que ser detenidos a toda costa. Es, por decir lo menos, un trabajo preventivo.
Así, María Corina Machado, que se ganó su curul con una cantidad estruendosa de votos, fue sacada de la Asamblea porque se convirtió en una verdadera piedra en el zapato para la bancada roja fraudulentamente mayoritaria. De manera expedita, como funcionan los organismos cuando se trata de complacer al mandante, el 13 de julio fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por un año. Así pasó con Daniel Ceballos, un hombre que demostró su voluntad de servir al Táchira hasta en la cárcel; su pueblo se lo reconoce y le da su respaldo. Y a Scarano lo sacaron de la jugada el 16, con la misma excusa, el artículo 39. Se le sumó Pablo Pérez, pero su sanción es por 10 años y otras razones.
¿Cómo pretende el contralor que Ceballos y Scarano presenten a tiempo una declaración de patrimonio si el mismo gobierno los puso presos? María Corina no salió por su propia voluntad del Parlamento, así que hasta los que votaron por ella consideran que sigue siendo diputada.
Cualquiera podría decir que guerra avisada no mata soldado, porque ha sido una costumbre del régimen aplicar sanciones a opositores y líderes "molestos" en los años electorales. En el municipio Baruta lo hicieron con David Uzcátegui, que aspiraba a ser alcalde. Entre la Contraloría y la cárcel, el gobierno cree que puede vaciar las listas de candidatos opositores.
De lo que no se dan cuenta en las altas esferas del poder es que cada día los opositores son más, y que muchos están dispuestos a pelear y partirse el brazo para sacar al país de este abismo en el que lo han metido con corrupción, terribles políticas económicas y total inefi ciencia. Hay candidatos hasta debajo de las piedras, porque la reserva moral y el amor por el país no se mata con un artículo mal aplicado.
Hay diputados y funcionarios que se escapan del brazo de esa misma Ley contra la Corrupción. Y lo que sobra en el PSUV y demás apéndices rojitos es miedo.
Fuente: El Nacional
No hay comentarios:
Publicar un comentario