Todos tenemos el derecho a la vida y al debido proceso. Esas son garantías no negociables en un régimen democrático. El que cometa un crimen debe ser juzgado y condenado pero, no se puede avalar ni la justicia a mano propia, ni darle al Estado un cheque en blanco para que aplique una pena de muerte de facto o desarrolle arbitrariedades inadmisibles
El Estado tiene la obligación de atender la seguridad ciudadana sin sacrificar los derechos humanos. Estos los tienen todas las personas y su respeto no es para garantizar la impunidad, sino para promover la justicia y la verdad en un contexto democrático.
Como lo ha reiterado la Corte Interamericana: "Los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio. Si bien los agentes estatales pueden recurrir al uso de la fuerza y en algunas circunstancias, se podría requerir incluso el uso de la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores".
A lo largo del tiempo, las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una constante de los barrios del país. Como bien lo señalan reportes históricos de COFAVIC y la data oficial disponible, casi 85% de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales son hombres jóvenes, por lo que se trata de una generación que ha sido impactada progresivamente por la violencia institucionalizada.
Actualmente, algunas de las principales causas del auge de la delincuencia y la violencia en el país son: la impunidad institucionalizada con la que cuentan los criminales, que el Estado haya cedido espacios vitales de control público a grupos armados civiles y bandas delictivas y, la proliferación de armas ilegales de alto calibre. Los criminales en 99% de los casos tienen garantizada la impunidad de sus actos. En algunas oportunidades, se les detiene y debido a la corrupción policial y judicial, en pocos días en su mayoría, están en libertad o dirigiendo las cárceles y, desde allí planificando con holgura graves delitos.
Además desde hace varios años, el Gobierno ha obstaculizado el ingreso a las cárceles a las ONG de derechos humanos venezolanas y la Iglesia Católica, dejando que los líderes negativos tengan mayor influencia. Ese vacío inexplicable de actores positivos, ha propiciado el aumento de la violencia y la desaparición del Estado como única autoridad.
A su vez, los funcionarios de los cuerpos policiales reciben señales indefectibles que cuentan con impunidad cuando se les instruye para que allanen un domicilio sin autorización judicial, cuando operan con pasamontañas, sin identificación alguna, en motos sin matrículas, tal y como se observó por la información pública disponible en los recientes procedimientos desplegados en la Cota 905 en Caracas, o como se observa en las avenidas de la ciudad y algunos estados de Venezuela.
Todos tenemos el derecho a la vida y al debido proceso. Esas son garantías no negociables en un régimen democrático. El que cometa un crimen debe ser juzgado y condenado pero, no se puede avalar ni la justicia a mano propia, ni darle al Estado un cheque en blanco para que aplique una pena de muerte de facto o desarrolle arbitrariedades inadmisibles.
Cort. TalCualDigital
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