El Cicpc encabeza nuevamente la lista de los organismos de seguridad con mayores denuncias de tortura, un delito que, si bien es sancionado por las leyes venezolanas, muchas veces es ocultado por las responsabilidades que genera sobre el Estado
La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo puso en boca de la opinión pública las torturas que sufren los detenidos por razones políticas en Venezuela, aunque no son los únicos. El Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos Humanos (Provea) evidenció que durante los primeros nueve meses del año, 21 personas han muerto en todo el país bajo torturas.
19 de las muertes registradas se produjeron en centros de detención preventivos bajo el control de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y policías regionales.
Una de las muertes es atribuible a custodios de la Comunidad Penitenciaria Fénix en Barquisimeto, estado Lara, y otra, en el caso del capitán Acosta Arévalo, a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
De acuerdo a las investigaciones y denuncias de Provea, de enero a septiembre de 2019 se han registrado 34 casos de tortura en el país, que reúnen a 554 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos.
Esta cifra representa un aumento de 508% en comparación con las 109 víctimas de torturas que se registraron durante todo 2018. La ONG destacó además que es el registro más alto que han documentado en 31 años de monitoreo a la situación de los derechos humanos en el territorio nacional.
"Debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un subregistro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de casos de torturas", alerta Provea.
Hombres, jóvenes y pobres es la principal descripción de la mayoría de las víctimas de torturas en el país, generalmente recluidos en cárceles o centros de detención preventivos (408). Le siguen los militares presos por motivos políticos, acusados de rebelión o actos conspirativos (124). El resto (22) fueron civiles detenidos por razones políticas o en el ejercicio del derecho a la manifestación.
Hasta septiembre, cinco mujeres denunciaron haber sido víctimas de torturas, y con tres de las víctimas no se pudo conocer su género. El resto fueron hombres (546). Las edades oscilan entre los 18 y los 50 años, y la mayoría de las lesiones infligidas a estas personas consistieron en golpes, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, patadas e insultos.
Responsables de torturas
El Cicpc encabeza nuevamente la lista de los organismos de seguridad con mayores denuncias de tortura, un delito que, si bien es sancionado por las leyes venezolanas, muchas veces es ocultado por las responsabilidades que genera sobre el Estado.
Con esto, el Cicpc retoma el puesto que en 2018 ocuparon la PNB y la Dgcim, "coincidiendo, el primero, con su actuación para aplastar la rebelión popular, y el segundo, con su papel en la persecución y hostigamiento contra militares señalados de formar parte de conspiraciones e intentos de golpe de Estado", señala Provea.
Hasta septiembre de 2019, el Cicpc acumula ocho denuncias que lo involucran en la comisión de torturas contra 258 personas, por lo que es responsable del 46,57% del total de casos registrados en los primeros nueve meses del año.
La Dgcim es el segundo organismo con más denuncias de torturas (10 casos que involucran a 124 víctimas). Según Provea, este es "un notable incremento" del número de víctimas.
La sede este organismo, situada en el sector Boleíta Norte (municipio Sucre del estado Miranda), se ha convertido en el nuevo centro de torturas en el país.
Al menos 199 casos de torturas se han registrado en ese recinto entre enero de 2018 y septiembre de 2019. Luego del asesinato del capitán Acosta Arévalo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, solicitó una visita a dichos espacios para constatar las condiciones de reclusión y el trato brindado a los detenidos. La solicitud fue negada.
Los custodios penitenciarios adscritos al Ministerio para Asuntos Penitenciarios reúnen la tercera mayor cantidad de víctimas de torturas debido a dos casos, donde se involucraron a 101 personas.
Las torturas ocurrieron en la cárcel de “Fénix”, en el estado Lara, y en la cárcel modelo de Barcelona (Anzoátegui). Por su parte, la Guardia Nacional fue señalada de haber torturado a 46 personas, en su mayoría personas detenidas en el contexto de manifestaciones y privados de libertad en “Fénix”.
En el estado Carabobo se concentra la mayor cantidad de víctimas con 201 personas torturadas, la mayoría en la sede de la Subdelegación del Cicpc de Valencia. Le sigue el estado Miranda con 181 víctimas, 124 de ellas torturadas en la sede de la Dgcim en Boleíta.
Ocultan el delito
Provea recuerda que además de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, donde dos funcionarios de la Dgcim fueron sentenciados por homicidio preterintencional con causal a pesar de las evidencias de tortura, han habido otros episodios donde el Estado ha favorecido la impunidad y ocultado la existencia de este delito.
La ONG destacó los sucesos ocurridos en los calabozos del Cicpc subdelegación El Hatillo, que ocasionaron la intervención de esa sede. En el primero de ellos, un grupo de presos grabó y distribuyó un vídeo donde se observa a una mujer siendo atada y crucificada en el patio de esa institución.
Meses más tarde, varios funcionarios de esa sede fueron acusados de torturar a tres funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que se encontraban detenidos por presunto secuestro y extorsión. Las torturas incluyeron golpizas, electrocución y abusos sexuales. Solo en este caso procedió la acusación por tortura.
El investigador de Provea Inti Rodríguez recordó que han pasado cuatro años desde que el Estado venezolano debió informar al Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas sobre los avances en la adopción e implementación de las recomendaciones y observaciones formuladas por la ONU durante su período de sesiones N° 53, realizado en 2014.
En ese año se evaluó el grado de cumplimiento por parte del Estado venezolano de la Convención Internacional Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Además, el país sigue en mora con la ratificación del Protocolo Facultativo sobre las visitas in loco del subcomité para la Prevención de la Tortura, y con la armonización del concepto de tortura establecido en el artículo 17 de la Ley para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y el artículo 1 de la Convención contra la Tortura.
Con información de Provea
Tomada de: TalCualDigital
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