Los parlamentarios oficialistas han dicho que la Asamblea Nacional está en “desacato” y, por tanto, todas las decisiones que tomen son nulas
La Asamblea Nacional avanza en la conformación del comité de postulaciones electorales, el primer paso a sortear para la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), una decisión que pareciera depender más de los actores políticos venezolanos.
En una votación donde no estuvo el PSUV, los diputados opositores aprobaron la conformación del comité de postulaciones el 30 de octubre. Esta instancia está compuesta por 21 integrantes (11 parlamentarios y 10 de la sociedad civil) y se encarga de convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria los candidatos calificados a integrar el directorio del Poder Electoral.
La Ley Orgánica del Poder Electoral establece que para nombrar a los rectores del CNE deben existir tres postulados por la sociedad civil, uno por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales y uno por el Poder Ciudadano. Ninguna de estas personas debe estar vinculada a organizaciones con fines políticos.
Normalmente, se requieren hasta tres meses para realizar todos los procedimientos que establece la Ley; por tanto, en enero de 2020 se deberían presentar en plenaria los nombres de los posibles sustitutos de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania D’Amelio, Socorro Hernández y Luis Emilio Rondón.
Para la sesión del 5 de noviembre se espera la designación de los diputados que integrarán el comité. Por ello, Guaidó llamó a las distintas fracciones de la Unidad a revisar y proponer a sus candidatos, mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) supuestamente entregará una propuesta para ello.
"Se está negociando cómo será la conformación de la comisión que estudiará este tema. La fracción parlamentaria chavista tiene un documento que presentará ante la Asamblea Nacional el próximo martes con las propuestas que hacemos en esta negociación", dijo el gobernante Nicolás Maduro el 30 de octubre.
Por representación proporcional, a la fracción opositora le corresponde nombrar a ocho diputados mientras que el PSUV tiene tres plazas para el comité.
Los parlamentarios oficialistas han dicho que la Asamblea Nacional está en “desacato” y, por tanto, todas las decisiones que tomen son nulas. Esto compromete su participación dentro de las comisiones y otras instancias pues entrarían en la “ilegalidad”.
Francisco Torrealba, jefe de la fracción del PSUV, dijo que si la AN "no vuelve al carril constitucional", le corresponderá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia nombrar a los rectores del CNE, por medio de la figura de la omisión legislativa (artículo 336, numeral 7 de la Constitución).
¿Qué pasa después?
Luego de la conformación del comité, compuesto por los diputados, se evalúan las postulaciones de los 10 integrantes de la sociedad civil. Para esto deben nombrar un presidente, un vicepresidente y dictar un reglamento interno con la mayoría absoluta del voto de los miembros.
Los integrantes de la sociedad civil también son electos en la plenaria de la AN con el voto de las dos terceras partes de los diputados.
A partir de ese momento, el comité de postulaciones electorales tiene un plazo de 20 días para recibir y evaluar a los postulados de las universidades, el Poder Ciudadano y la sociedad civil. Después se establecen seis días para recibir las objeciones a los aspirantes.
Pasado este tiempo, la instancia elabora un expediente para cada aspirante a rector del CNE donde deben estar todos los requisitos para la postulación. Esa lista se envía a la plenaria de la AN, que deberá elegir a los rectores con el voto de las dos terceras partes.
CNE nombrado por el TSJ
La “omisión legislativa” ha sido el argumento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en tres oportunidades ha nombrado rectores o ratificado a los funcionarios vigentes.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) recuerda que en 2014 y 2016 el TSJ se valió de esta figura para designar a los rectores. En 2014 no se logró un consenso entre las diversas fracciones, mientras que en 2016 el máximo tribunal venezolano dijo que el “desacato” impedía la validez de algún nombramiento.
En 2003, el Poder Judicial designó rectores con carácter provisional ante la imposibilidad de que los diputados lograran acuerdo, y en 2005, en una llamada reestructuración tras dos faltas absolutas.
Para el OEV, el país no está “en condiciones normales. El nombramiento de un nuevo directorio del CNE resulta un desafío de primer orden en una coyuntura como esta, definida por una escalada en el conflicto político”.
La organización considera necesaria una negociación que lleve a “un acuerdo político nacional incluyente; un acuerdo que, entre otros aspectos, incorpore mecanismos consensuados para la designación de los rectores”.
Además, el OEV plantea que en ese acuerdo se puede establecer la posibilidad de actuar “ad hoc, es decir, a través de medidas especiales contempladas en estatutos específicos, justificadas a razón de la gravedad y las urgencias de la actual crisis y sin derogar la legislación vigente”.
Tomada de: TalCualDigital
No hay comentarios:
Publicar un comentario