SIMÓN BOCCANEGRA/TalCualDigital
Con las Naciones Unidas topó el gobierno de Nicolás Maduro. Un verdadero examen, con preguntas específicas y muy, pero muy concretas, realizó el Comité contra la Tortura a los representantes del gobierno nacional.
Este tendría razones muy serias para estar preocupado porque lo que le tiraron fue eneas. Una cosa debe haberle quedado clara a los funcionarios venezolanos y es que las tropelías que su gobierno realiza no pasan desapercibidas para la comunidad internacional.
Véase una muestra: "¿Cuál es la postura del gobierno respecto de los colectivos, grupos armados que actúan fuera de la ley pero que posiblemente estén en coordinación con agentes de la ley? ¿Prevén la prohibición y desmantelamiento de esos grupos?"
Directo al clavo y con pleno conocimiento de causa. Rangel Ávalos sudó mucho al oír cuestiones como está: "¿Están en estado de excepción o de emergencia que les obligue a utilizar al Ejército y a la Milicia para mantener la ley? ¿No basta la policía?"
En efecto, sorprende a la gente de otros países, acostumbrada a que, sólo en caso de grandes conmociones civiles las fuerzas militares tomen las calles, que en nuestro país sea una práctica normal la utilización de fuerzas militares cumpliendo labores de orden público, para las cuales, por cierto, no están ni entrenadas ni psicológicamente preparadas.
Los ejércitos están entrenados para matar y su ocasional empleo en funciones de orden público se hace con muchas precauciones y mucha vigilancia institucional precisamente para precaver la posibilidad de matanzas como las del 27 de febrero de 1989.
Preguntas de igual calibre y que solicitan respuestas muy concretas y referidas a cada caso sobre las denuncias de torturas y malos tratos, horrores de las cárceles o violaciones y atropellos contra las mujeres. Como para que se escondan los pobres emisarios del Poder.
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