L os corruptos están temblando, pero de la risa. La semana pasada el presidente Nicolás Maduro anunció la reforma a la ley Anticorrupción y la creación de una especie de policía especial que se encargará de poner tras las rejas a los que se apropien de lo que no es suyo. Ahora sí que estamos completos.
Alguien dijo que en Venezuela cuando hay un problema se dicta una ley. Que se cumpla es algo secundario. Eso explica que tengamos dos leyes para el desarme en menos de diez años, pero los malandros estén mejor armados hoy que antes de que se dictaran dichas normas. Tenemos vigente una ley anticorrupción desde hace muchos años, el único problema con ella es que no se aplica o, en todo caso, se le aplica a algunos “chinitos” de Recadi que andan por ahí. En el tema que nos ocupa queremos destacar que quien dicta la ley es el presidente del PSUV, partido con mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, poder encargado de designar al contralor general de la República, funcionario que en teoría debe velar por la pulcritud administrativa. Pues bien, el titular de ese cargo falleció hace más de tres años y el partido oficial no ha movido un dedo para elegir a su sustituto. La razón es que no tiene los votos para imponer uno que se haga el loco cuando el corrupto es rojo rojito y le aplique cualquier artimaña legal a un opositor cuando a los cálculos electorales del PSUV les convenga. Esos mismos diputados del PSUV son los que han negado con sus votos cualquier investigación de supuestos hechos de corrupción que se han producido en el país. Votaron en contra de investigar el maletín de los 800 mil dólares decomisado en el aeropuerto de Buenos Aires.
Tampoco apoyaron investigar y determinar quiénes eran los responsables de la pérdida de miles de toneladas de alimentos importadas por Pudreval. Se negaron a indagar sobre el desfalco al fondo de pensiones de Pdvsa. Rechazaron investigar las denuncias hechas en Argentina que indicaban un sobreprecio en la compra de arroz.
No quisieron ni oír lo que dijo el cantante español Bertín Osborne, en una televisora española, sobre el hecho de que un general le había pedido comisión para comprarle carne. Los actos de corrupción roja rojita son como un batazo entre dos: pican y se extienden.
En resumen, los diputados del PSUV son como mínimo cómplices por omisión en los actos de corrupción que se han producido en Venezuela en todos esto años. Complicidad que se extiende hasta la Fiscalía General de la República y a los tribunales de justicia.
No hay duda de que en el período democrático también se cometieron gravísimos actos de corrupción y que la impunidad que los rodeaba fue una de las justificaciones que dieron los golpistas del 4 de Febrero para violar su juramento de respetar la Constitución, pero lo que se ha visto en “revolución” deja chiquito a lo ocurrido antes.
Compartimos lo dicho por Andrés Velásquez: este es el gobierno más corrupto de la historia nacional, y mire que ha tenido competidores fuertes.
Maduro anunció también la creación de un Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, una especie de policía especial que investigará los casos que se presenten. El mismo estaría conformado por gente incorruptible.
Nos vamos a atrever a sugerirle algunos nombres. Creemos que Guido Antonini Wilson debe estar en ese equipo por su experiencia en el traslado de capitales. Los exmagistrados Aponte Aponte y Velásquez Alvaray deberían ser los asesores legales. Es imposible dejar fuera del grupo de Pudreval a quienes compraron la comida que después se pudrió. El grupo estaría incompleto si no se integra al mismo Elías Jaua, experto en el uso de aviones de Pdvsa.
No estamos diciendo que los mencionados sean corruptos, pero sí que saben de la materia y la experiencia es importante aprovecharla.
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