El régimen de Venezuela fijó finalmente para el 6 de diciembre las cruciales elecciones parlamentarias de este año, en una decisión que llevará al chavismo a medir fuerzas bajo uno de sus peores momentos en popularidad, ya que el 85 por ciento de los venezolanos considera que la situación del país es mala o muy mala y hay pocas probabilidades de que el escenario mejore en lo que resta del año.
Pero eso no quiere decir que la oposición tenga garantizado que conquistará la mayoría de los escaños, advirtieron analistas consultados, al señalar que el régimen de Nicolás Maduro utilizará el férreo control que ejerce sobre el sistema electoral para consolidar artificialmente un triunfo en unas elecciones que no se puede dar el lujo de perder.
“La oposición está en el mejor momento que ha tenido en los últimos 15 años para ganar una elección. No hay dudas de que va a conseguir la mayoría de los votos”, dijo desde Londres Diego Moya-Ocampos, analista para América Latina de IHS Global Insight.
Pero el régimen no va a permitir que la oposición consolide una mayoría en la Asamblea Nacional, “lo que sucedería si las elecciones fuesen realmente libres y transparentes” en Venezuela, señaló.
“Para el gobierno es un tema de supervivencia. Si el chavismo pierde esta elección, el mapa político del país cambiaría dramáticamente, porque quedaría en evidencia ante todos los sectores que mantienen a Maduro en el poder, que mantienen todo este aparato burocrático, de que son vulnerables”, explicó Moya-Ocampos.
“Si se produce una derrota electoral, la geometría de ese poder que sostiene a Maduro comenzará a reorganizarse, los distintos grupos comenzarían a reorganizarse hacia objetivos distintos al sostenimiento de Maduro”, agregó.
Según las últimas encuestas, la popularidad de Maduro está alrededor del 15 por ciento, ya que la mayoría de los venezolanos lo ve como el principal responsable de la aguda crisis económica que padece el país. La popularidad del chavismo, entre tanto, es algo más alta, en el orden del 25 por ciento, pero la lectura sigue estando entre las más bajas registrada en los 16 años de Revolución Bolivariana.
Las dudas sobre la capacidad de un Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el chavismo de realizar elecciones libres y transparentes han ido en aumento con el correr de los años, quedando en evidencia la parcialidad del organismo durante los comicios presidenciales del 2013, cuando declaró ganador a Maduro por un margen 224,000 votos (1.49 por ciento del total emitido) haciendo caso omiso de las múltiples denuncias de fraude realizadas por la oposición.
Según el opositor Henrique Capriles, quien compitió contra Maduro en esa elección, las irregularidades detectadas generaron dudas sobre la legitimidad de más de un millón de votos. Maduro se comprometió con la comunidad internacional a que su régimen realizaría un conteo manual de votos pero luego incumplió su promesa.
Varias de los observadores internacionales, incluyendo el Centro Carter, concluyeron que las irregularidades probablemente alteraron el resultado de la elección.
Y el control del régimen sobre el CNE también quedó en evidencia durante las elecciones parlamentarias del 2010, luego de que el organismo electoral implementó drásticos cambios en los circuitos electorales para darle más peso a la votación en los centros rurales, donde tradicionalmente ha dominado el chavismo.
Esa operación le dio al chavismo el 60 por ciento de los escaños en la Asamblea Nacional, aún cuando solo había sacado el 48 por ciento de los votos.
En esta ocasión “los malos manejos” deberían ser mucho más pronunciados para brindarle al chavismo un triunfo electoral -dijo desde Washington Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma Inter American Trends- debido a la aguda crisis económica y social por la que atraviesa el país y las pocas probabilidades de que se produzca alguna mejora substancial antes de la realización de los comicios.
“En las encuestas, el chavismo está por el piso y las señales económicas que estamos recogiendo hasta ahora es de que eso es muy difícil que vaya a mejorar”, resaltó De La Cruz, quien dijo que ese difícil escenario había sido una de las principales razones por las que el régimen se había retrasado en anunciar la fecha para realizar las elecciones.
“Es muy arriesgado realizar las elecciones este año, en medio de esta coyuntura económica, en la que no se ve ninguna mejoría. Ellos querían ver si podían de alguna manera dejar las elecciones para el próximo año, esperando en el ínterin de que se produzca algún milagro económico”, dijo el experto.
Sin embargo, las presiones internacionales sobre el régimen le llevaron a concluir que el costo político era demasiado alto y terminaron realizando el anuncio, comentó De La Cruz.
Ese anuncio recortó el plazo para conseguir el milagro, que podría provenir de algún conflicto en el Medio Oriente que dispare los precios del petróleo, o de la mano de un masivo préstamo del gobierno chino, que hasta el momento se ha mostrado renuente a realizar nuevos desembolsos al régimen venezolano.
“Ellos buscaban un préstamo de $10,000 millones. Ellos necesitan al menos ese monto para vivir de aquí hasta diciembre, pagar deuda externa, y darle un poquito de dinero a la gente para que sienta que la situación va a comenzar a mejorar”.
Incluso si el dinero no llega, De La Cruz coincidió en que Maduro de todas maneras tratará de manipular el sistema para sacar una mayoría en la Asamblea, lo que sucedería es que las dimensiones de la adulteración de resultados sería tan grande que sería mucho más fácil de quedar en evidencia.
“Por eso es que es tan importante que la oposición mantenga la presión para obligar que el régimen acepte la presencia de observadores internacionales” de Estados Unidos, de la OEA y de la Unión Europea, dijo De La Cruz.
Pero hasta el momento el gobierno no ha dado señales de que está dispuesto a hacer eso.
En su anuncio, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó que la observación internacional estará a cargo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), organización que tradicionalmente ha respaldado públicamente al chavismo, dejando por descartado la presencia de fiscales de la OEA y de la UE.
Fuente: El Nuevo Herald
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