Para un Gobierno tan poco dado a tomar decisiones económicas y financieras acertadas, podría considerar bien acertado su compromiso para cumplir cabalmente con sus obligaciones financieras externas.
Caer en default no traería nada positivo o bueno ni para el país ni para la población en particular. Por lo contrario, derivaría en consecuencias inevitables por demandas y embargos; por las dificultades para conseguir exportadores dispuestos a trabajar con Venezuela y el cierre de negocios ante la falta de crédito son secuelas que conspiran para cobrarle caro a los venezolanos; un costo que no se justificaría por el supuesto alivio de la suspensión de pagos internacionales.
En septiembre de 2014, los economistas Ricardo Hausmann y Miguel Ángel Santos publicaron un artículo titulado ¿Habrá default en Venezuela?. En ese análisis Hausmann y Santos se preguntaban si Venezuela debería pagar la deuda. Una interrogante que ellos mismos respondieron: “siempre que se pueda cumplir con las obligaciones asumidas, eso es lo que se debería hacer. Es lo que la mayoría de los padres enseñan a sus hijos. Pero el cálculo moral se complica cuando es imposible cumplir con todos los compromisos y se hace necesario decidir cuáles cumplir y cuáles no”.
En su artículo, Hausmann y Santos enumeraron un cúmulo de defaults en los que había caído el Gobierno con acreedores y proveedores internos, los cuales lejos de haber disminuido se han incrementado en los últimos meses. Afirmaban que el Gobierno estaba en la obligación ética de cumplir no solo con los acreedores externos, sino también con los internos, e incluso estimaban que a estos últimos había que darle prevalencia, pues ellos eran los que garantizaban la buena marcha del país y la calidad de vida de los ciudadanos.
Las reservas internacionales del país han venido disminuyendo persistentemente en los últimos meses, para caer a razón de $85 millones por día hábil en las últimas seis semanas. Una espectacular merma que indica claramente que cada día se hará más y más difícil seguir sirviendo la deuda, especialmente si se tiene en cuenta los $5 millardos a pagar en noviembre de este año.
De allí se plantea que si el Gobierno podrá seguir sirviendo la deuda sin sacrificar muchas otras necesidades vitales para el bienestar de los venezolanos. Pareciera que al país se encuentra en una encrucijada.
Pero, VenEconomía es de la opinión que la disyuntiva del Gobierno no es caer en un default o dejar en la inanición a la nación. Y considera que la mejor opción es la de la reestructuración de la deuda.
De allí que lo sensato sería que el Gobierno en vez de empecinarse en realizar ese pago, llamar a sus acreedores para sentarse a renegociar la deuda con ellos, y así correr los vencimientos por unos dos a tres años. Esto le daría cierta libertad para manejar la crisis económica que atraviesa el país en la actualidad.
En su artículo Hausmann y Santos sugirieron que “si las autoridades adoptaran políticas con sentido común y buscaran el apoyo del Fondo Monetario Internacional y otros prestamistas multilaterales, como lo suele hacer la mayoría de países en problemas, se le aconsejaría renegociar la deuda externa”. Sostenían que de esa manera “el peso del ajuste se compartiría con otros acreedores”; “la economía ganaría tiempo para recuperarse” y “los tenedores de bonos harían bien reemplazando sus papeles actuales por instrumentos de más largo plazo que se beneficiarían de la recuperación económica”.
A los nueve meses de la publicación de su artículo, esas acotaciones de Hausmann y Santos siguen tan vigentes como el primer día.
La renegociación sería, en opinión de VenEconomía, una salida honorable para el Gobierno y le daría un respirito a los venezolanos. Pero, eso sí, difícil para quienes hoy deciden las políticas, ya que cualquier proceso de renegociación incluiría la divulgación de información completa y fidedigna sobre la marcha de la economía.
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