La Fiscal General presentó el informe sobre los avances de Venezuela en materia de derechos civiles y políticos. Los evaluadores del Examen de Derechos Humanos de la ONU resaltaron la discrepancia en las cifras que presentó el Estado sobre materia carcelaria, independiencia judicial, violencia, leyes sobre protección a las mujeres y seropositivos, uso de fuerza y tortura
Este 29 de junio, la comisión de DD.HH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) interpeló al Estado Venezolano en cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Esta primera intervención se celebró en el Palacio Wilson, en Ginebra, Suiza.
Más de 18 organizaciones sociales presentaron sus informes ante el comité internacional para exponer la situación actual de Venezuela en materia de derechos civiles y políticos. Por su parte, el Estado Venezolano entregó su Cuarto Informe Periódico al Comité del año 2012, que será puesto en tela de juicio sobre su actuación gubernamental ante examinadores extranjeros.
En dos sesiones privadas, organizaciones sociales como Espacio Público, Provea, Amnistía Internacional, Centro para la Paz, AVESA, Cofavic, Foro Penal, Ipys, International Association of Judges – Grupo Iberoamericano, International Bar Association Human Rights Institute, Human Rights Watch, Laboratorio de Ciencias Sociales, Observatorio Venezolano de Prisiones, Observatorio Venezolano de Violencia, Red LGBTI de Venezuela, Sinergia y la Vicaría de derechos humanos de Caracas destacaron el incumplimiento internacional del Estado Venezolano en proteger los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, a pesar de las reformas y los avances jurídicos que se han legislado en el país.
También hicieron enfásis en las violaciones de DD.HH y el incumplimiento al debido proceso, uso excesivo de la fuerza y los casos de torturas en las manifestaciones de febrero de 2014.
En defensa del Estado Venezolano, la Fiscal Luisa Ortega Díaz, en conjunto con 35 delegados oficiales, destacaron la tarea del Gobierno Nacional y presentaron cifras sobre la cantidad de detenidos y causas procesadas de torturas:
Ortega Díaz señaló que en Venezuela el derecho a la vida es inviolable, "es sagrado. La Carta Magna prohíbe la pena de muerte y es obligación del Estado proteger la vida en cualquier circunstancia".
La comisión del PIDCP cuestionó la presentación de la fiscal e hicieron acotaciones sobre la aplicación de las leyes civiles vigentes en los últimos 15 años. Los examinadores resaltaron la discrepancia en las cifras que presentó el Estado sobre materia carcelaria, independiencia judicial, violencia, leyes sobre protección a las mujeres y seropositivos, uso de fuerza y tortura.
También destacaron que el Estado debe realizar planes de prevención para mejorar el hacinamiento de cárceles y eliminar el autogobierno de los delincuentes en los recintos penintenciarios. Pidieron estadísticas más desagregadas en cuanto los derechos de las personas LGBTI y criminalización y suministrar mayor información sobre los asesinados en las manifestaciones de 2014.
Respuesta del Estado Venezolano
Ante el cúmulo de preguntas de los examinadores, la fiscal de la República recalcó que más que preguntas objetivas “parten de falsos supuestos” el debate sobre la situación de la DD.HH en Venezuela:
“Hicieron jucios de valor, muy subjetivas.Los representantes de este comité estuvieron realizando interpretaciones, elucubraciones y opiniones, sólo 28 min fueron preguntas. El estado venezolano es respetuoso a la protección de los DD.HH, no es cierto que no se respeta el debido proceso”, indicó Ortega Díaz.
Sobre el caso de la juez Afuini, Ortega Díaz acusó al comité de cometer una infamia en contra del Estado: “La jueza Afiuni no fue violada ni torturada. ¿Dónde están las pruebas?” , cuestionó la fiscal.
Sobre el proceso penal acusatorio, indicó que Venezuela respeta el debido proceso y niega que existe impunidad en el país: “Se debe tener claro el Proceso Penal Venezolano que antes era inquisidor y ahora debe ser acusatorio, respetar el debido proceso”.
La fiscal de la República cedió la palabra a la magistrada Carmen Zuleta sobre las cifras oficiales del sistema penal en Venezuela e hizo enfásis que existe independencia de poderes en el país, especialmente cuando se aprueba leyes habilitantes: “En Venezuela la función legislativa puede ser compartida por el poder ejecutivo cuando usa leyes habilitantes…la (ley) habilitante se aprueba mediante aprobación de AN no es una decisión arbitraria” resaltó Zuleta.
Finalmente, los examinadores insistieron en el cumplimiento del diálogo y el suministro de información por parte de la misión permanente de DD.HH de Venezuela en Ginebra : ” El Dialogo implica un intercambio de opiniones y esperamos recibir como respuesta opiniones también. La información no es suficiente sobre casos de personas que fueron asesinados cerca de las manifestaciones”, declaró la examinadora Vardzelashvili.
La comisión del PIDCP, compuesto por 18 examinadores independientes, tienen el objetivo de monitorear y vigilar la implementación de los derechos políticos y civiles, acordados en el Pacto de las Naciones Unidas, para garantizar su cumplimiento frente a la comunidad internacional. En la sesión del próximo 30 de junio, el Estado Venezolano responderá las interrogantes planteadas por los delegados extranjeros.
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