Mientras en San Félix, estado Bolívar, la gente pierde la paciencia y en su desespero se lanza a un violento saqueo para obtener los alimentos de primera necesidad, aquí en Caracas mediante una orden judicial se ordena el desalojo de una serie de galpones donde la empresa Polar almacena los productos que van a ser distribuidos en la zona metropolitana.
Se trata entonces de un espacio de vital importancia porque desde allí se mantiene un suministro fluido y constante de mercancías hacia los puntos de venta que, de otra manera, habría que trasladar diariamente desde el interior de la república.
El gobierno no ha tomado en cuenta que si bien la disparatada Misión Vivienda puede ser una solución para aquellos sectores de la población que carecen de techo propio, también puede generar una variedad inmensa e incontrolable de problemas que comienzan con la insuficiencia de servicios básicos (agua, electricidad, transporte, escuelas, atención médica y seguridad) para atender a los nuevos pobladores.
No se trata de resolver manu militari, es decir a golpe y porrazo, un problema tan complejo y de tanto impacto social y ambiental como lo es el de la vivienda. Ya hemos visto como el traslado de esos pobladores hacia las nuevas instalaciones ha permitido que se cuelen por debajo de la mesa gente que tiene un largo historial carcelario, o que gozan de una fama poco honrosa como pandilleros de barrios.
De manera que cuando una familia logra mudarse hacia sus recién asignados hogares y se plantea reiniciar sus vidas en otro ambiente, descubre al poco tiempo que, simultáneamente y por culpa de la ineptitud y corrupción de los funcionarios del gobierno, los viejos problemas de inseguridad, consumo de drogas y presencia de pandillas juveniles se han trasladado hacia las casas y apartamentos construidos por la Misión Vivienda.
Es tal la magnitud del problema que ahora los cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana han tenido que intervenir conjuntamente para allanar y capturar a delincuentes que se habían apropiado de los edificios de la zona y, desde allí, salían a cometer delitos en el resto de la ciudad. Armas, municiones, drogas, carros robados, etcétera, fueron decomisados en los allanamientos que se llevaron a cabo.
Desde luego que los primeros afectados por esta falla garrafal del gobierno resultaron ser la gente honesta y trabajadora que habitan las nuevas edificaciones. No es justo que al ir a trabajar en horas de madrugada salgan con el alma en vilo, temerosos no solo de un atraco, sino de que al regresar se encuentren con la desgraciada noticia de que su hogar ha sido desvalijado por la delincuencia.
Como reza el dicho, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Como bien lo dijo a la agencia Efe Manuel Larrazábal, director de la sección de alimentos de la Polar, están paralizando la distribución de productos alimenticios hacia 19 municipios, incluyendo toda la capital y 2 estados vecinos. Nada menos.
Fuente: El Nacional
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