Cuando la barbarie se apodera de la justicia y señorea a todos los poderes públicos, cualquier despropósito puede surgir en cualquier lugar y por cualquier situación.
Hoy en Venezuela, gobierna la barbarie, y esto no es un lugar común ni es una exageración.
Entre otros barbarismos de diferente índole, hoy destaca en la prensa el que está aconteciendo en los gobiernos regionales y municipales, electos por el voto popular.
Resulta que en ese quehacer de no respetar ni aceptar el disenso, se viene ejecutando una cacería de brujas en contra de los alcaldes electos en la fórmula opositora al Gobierno Nacional. De los 77 alcaldes de oposición tras las elecciones de diciembre de 2013, a 33 (42,8%) se le han abierto procesos judiciales por diferentes motivos, no sustanciados.
Allí están los precedentes del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, confinado en una cárcel acusado de no atender una orden del TSJ que exigía que no se permitieran las guarimbas, cuando se desataron las protestas en febrero de 2014. Un cargo similar le fue imputado al alcalde de San Diego (Valencia- estado Carabobo) a Enzo Scanaro, el cual salió en libertad hace pocos meses.
La salud y la vida de Ceballos están en riesgo luego de cumplir una semana en huelga de hambre, la cual inició para exigir el cese de la represión y la censura, la libertad de los presos políticos y elecciones parlamentarias libres y observadas por organismos internacionales independientes. Sobre Ceballos, al igual que sobre Leopoldo López, existen medidas de protección y amparo solicitadas por la OEA, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el Parlamento Europeo.
Otro precedente es el caso del ex alcalde metropolitano Antonio Ledezma, el alcalde más votado del país, hoy pagando casa por cárcel por razones de salud, mientras se le sigue un juicio por supuestos delitos de conspiración y asociación, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo".
Más recientemente, el hacha vengadora cayó sobre la alcaldesa del municipio José Antonio Páez (estado Apure), Lumay Barreto, a quien se le despojó del cargo tras una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ que determinaba que había abandonado su cargo, debido a una ausencia de seis días de la burgomaestre. Cabe acotar que el artículo 87 de la Ley del Poder Público Municipal, establece que los alcaldes y gobernadores pueden ausentarse hasta por 14 días sin solicitar permiso. Y cabe recordar, que Hugo Chávez estuvo tres meses fuera del territorio nacional con condiciones de salud extremas, sin que la Asamblea Nacional ni el TSJ declararan la ausencia absoluta, como exige la ley.
Pero, quizás el caso que evidencia que actualmente no hay límites para los atropellos a los gobiernos opositores, es el de la alcaldía del municipio Mario Briceño Iragorry (Maracay- estado Aragua), donde ocurrieron hechos graves de violencia cuando un grupo de trabajadores afectos al oficialismo irrumpió en contra de la sede de la alcaldía. Los violentos no solo ocasionaron destrozos físicos a la sede, sino que dejaron un saldo de tres periodistas del equipo de prensa del ente heridos, uno de ellos, el periodista gráfico Alejandro Ledo, en estado de gravedad tras ser lanzado desde la platabanda del inmueble.
Ningún hecho de tal nivel de violencia, venga de donde venga, puede tener justificación alguna de ningún ciudadano, menos aún de quienes detentan cargos públicos en los gobiernos regionales o en los poderes públicos.
La lógica y la sensatez deberían privar en estos casos, y no las solidaridades automáticas. Condenar, investigar y penalizar a los culpables debe ser el llamado. Lo contrario, es complicidad frente a un delito donde la vida de venezolanos se puso en riesgo.
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