En los últimos días, mientras el dólar hacía una escalada histórica para ubicarse en Bs.423,39:$ el viernes pasado y llovían las informaciones sobre nuevas denuncias desde el exterior en contra de altos cargos por vinculaciones con el narcotráfico, el Gobierno preparaba una arremetida represiva contra dos de los presos políticos protegidos por amparos de diferentes organismos internacionales: Daniel Ceballos y Leopoldo López, ambos dirigentes del partido Voluntad Popular.
El sábado por la mañana las redes sociales en Venezuela reventaban informando que el recién electo candidato a alcalde de la MUD para el municipio San Cristobal (Táchira), en horas de la madrugada había sido trasladado irregularmente, sin orden de un juez y sin notificarle a sus abogados, a la Penitenciaría de San Juan de Los Morros (Guárico).
De igual manera, Lilian Tintori de López, esposa de Leopoldo López informaba por su cuenta twitter, que no tenía ninguna información sobre López, no sabía de su paradero ni de su estado de salud, responsabilizando a Nicolás Maduro sobre lo que pudiera pasarle a López y a Ceballos.
Horas más tarde, comenzó a circular un video de López anunciando que ambos habían comenzado una huelga de hambre con el objeto de reivindicar la lucha de los venezolanos que exigen el cese de la persecución y de la represión que se lleva a cabo contra quienes piensan distinto al régimen; exigiendo la libertad de todos los presos políticos. Además de pedir que el CNE fije de una vez por todas la fecha de las elecciones parlamentarias, exigir garantías de transparencia en ese proceso comicial así como la presencia de la OEA en los mismos.
Hoy Ceballos, está en una cárcel común de alta peligrosidad, con la cabeza rapada, uniformado y conviviendo con presos por asesinatos, robos, atracos a mano armada, secuestro, narcotráfico entre otros delitos más. Esto es un trato totalmente inusual en los casos de presos por razones políticas, y algo que preocupa sobremanera debido al conocido dominio que tienen los pranes sobre los otros reclusos, y a la cercanía de los mismos con algunos dirigentes del régimen bolivariano.
Cabe recordar que Ceballos, preso a raíz de las manifestaciones de febrero de 2014, ya pago su pena de 12 meses por supuesto desacato a una medida cautelar del TSJ que exigía a los alcaldes que impidieran las guarimbas. Sin embargo sigue preso, ello porque el TSJ decidió que debía pagar por separado otra causa por rebelión y agavillamiento, también por los hechos de febrero.
Por su parte, López está otra vez en aislamiento, sin que se le permita la visita de sus abogados y familiares para constatar su estado de salud.
Este trato arbitrario y desproporcionado, es una nueva violación a los derechos humanos de los presos políticos, algo reconocido por diversas organizaciones internacionales entre otras, la ONU, la OEA, Parlamento Europeo, Amnistía Internacional; diversos gobiernos del mundo, incluyendo algunos de los cercanos al proceso revolucionario pregonado por Chávez, congresos de América Latina y España, así como de más de 30 ex presidentes, que están exigiendo su liberación y protección.
No es de gratis que hoy Venezuela haya obtenido su peor calificación en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, ni el que venga ocupando desde 2005, un sitial en el apartado de países donde existen “violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos”.?
Sin duda son horas oscuras para Venezuela, que como acota Diego Arría en sus redes sociales, ¨¿Cómo será la magnitud de la violación a los DD.HH. en Venezuela que despertó a gobiernos que habían sido indiferentes ?¨, asegurando que las acciones que están adoptando son indicativas de que “muchos de ellos están conscientes de que cuando se destape y se conozca la dimensión de la tragedia venezolana, estos diputados y senadores de muchos países de América Latina no querrán decir que no levantaron su voz”.
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