El Gobierno de Nicolás Maduro no tiene descanso en la profundización del proceso de involución que se empeña en aplicar en Venezuela.
Esta semana de nuevo le puso otro clavo a la urna donde se enterrará a la agonizante educación del venezolano.
La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) anunció que, para garantizar el acceso a las universidades públicas de acuerdo con el Plan de la Patria, había asumido entre el 70% y el 100% de los cupos de las universidades públicas. Metiendo en el mismo saco a las 13 universidades bolivarianas y a las universidades públicas supuestamente autónomas, como son entre otras, la UCV; Simón Bolívar, Carabobo, Los Andes y Zulia.
Esta toma de los cupos fue un madrugonazo de la OPSU a las universidades autónomas, al modificar de manera inconsulta y unidireccional la resolución No.450 del Consejo Nacional de Universidades que establece que las plazas para ingresar en las universidades públicas se asignarían 70% vía prueba interna, convenios académicos, culturales, deportivos y gremiales de cada universidad, y 30% vía OPSU.
Dicha resolución fue convenida en marzo de 2008 entre el Ministerio de Educación Superior y las autoridades universitarias, en concordancia con la Ley de Universidades que establece que el Consejo Universitario de cada universidad es el órgano que fija “el número de alumnos para el primer año y determinar los procedimientos de selección de aspirantes”, así como es la instancia que tiene la potestad de hacer las recomendaciones pertinentes sobre los procedimientos de selección de aspirantes.
Cabe recordar que en 2008 el Gobierno de Hugo Chávez eliminó la Prueba de Aptitud Académica del Consejo Nacional de Universidades, y a finales de año se comenzó a valorar con el Sistema Nacional de Ingresos, según el cual el índice académico del bachillerato aporta solo el 50% de los puntos para el ingreso (versus el 95% que privó hasta 2014) y el otro 50% lo aportan factores como: condiciones socioeconómicas, territorialización, participación en procesos de ingreso anteriores y actividades extracurriculares (es decir labores comunitarias susceptibles a ser partidizadas al depender su convalidación del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.
Si bien este cambio en los parámetros para ingresar a los estudios universitarios puede sumar a la igualdad de oportunidades y descentralización de las universidades, al abrir opciones de estudio superiores más cercanas al lugar de origen del ingente número de estudiantes que aspiran a una educación superior; también puede significar un retroceso en cuanto a la calidad educativa, dado el deficiente nivel de preparación de la educación primaria y secundaria, fuertemente ideologizada, que impera en el país desde hace más de una década.
Este paso arbitrario e inconsulto lo da la OPSU en momentos cuando las universidades han realizado o están en pleno proceso de evaluaciones de admisión internas para el próximo período lectivo. Con ello, cuando la OPSU asigna entre el 70% y el 100% de los cupos, pone a las universidades en una irresoluta disyuntiva: O deja colgados de la brocha a los estudiantes seleccionados en estas pruebas o asume una sobrepoblación estudiantil sin disponer de recursos presupuestarios, profesores, planta física, equipos ni materiales para garantizarles una educación de calidad.
En algunas universidades, como el caso de la Simón Bolívar, se llegó al absurdo de coparle todas las plazas disponibles para este año, lo que dejaría por fuera a quienes aprobaron las pruebas de admisión dado que la USB no tiene posibilidad económica alguna para ampliar su capacidad instalada, debido a que el Ejecutivo Nacional solo le aprobó el 26% de su presupuesto para su ejercicio académico en 2015.
Es decir, el gobierno en aras de una visión educativa basada en la cantidad y la supuesta equidad, inserta un nuevo factor de discriminación que truncará el futuro de miles de jóvenes venezolanos, a la par que obvia lo que debería ser el norte de un sistema educativo: la calidad. Este menosprecio por la calidad educativa, por la meritocracia, por la capacitación y el espíritu de superación de los educando ya lo ha evidenciado cuando impuso la prohibición de reprobar a los alumnos que cursan los niveles de educación primaria y secundaria, y privilegia la ideologización sobre el desarrollo del conocimiento y aprendizaje.
Este paso de la OPSU es un nuevo golpe a las universidades que no se han plegado a los caprichos de ideologización del Gobierno, un golpe certero para unas instituciones que llevan unos siete años viendo cómo se les reconduce el presupuesto sin posibilidad de cubrir elementales costos de salarios, ampliación y mantenimiento de la infraestructura, reposición de equipos, adquisición de insumos o acometer proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
¡Qué grave involución educativa, en un país que requiere como nunca antes del talento de su población para emprender su reconstrucción!
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