Cada día en Venezuela se amplía el espectro de lo prohibido. Lo que no se prohíbe con leyes y penalizaciones, se veda con el sistema de administración de justicia, o con la fiscalía o con cualquier otro ente sumiso al poder de la élite que tiene el mando del país.
Entre los derechos más golpeados para meter a toda una nación por el redil del bolivarianismo castrocomunista están el de la libertad de expresión, el de opinión y el de información. Poco importa que estos estén explícitamente garantizados en la Constitución Nacional. Una veintena de leyes restringen la libertad de prensa, entre otras, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Comunicación para el Poder Popular, tal como denunciara el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
La erosión de estas libertades se refleja con total claridad en cuanta medición se realice a nivel nacional e internacional: Para muestra está el informe anual de Freedom House, donde Venezuela obtuvo en 2014 su peor calificación en más de una década, debido principalmente por el aumento en los ataques y amenazas contra periodistas y la falta de transparencia en la propiedad de los medios. O el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, en el que Venezuela cayó este año 21 puntos para ubicarse en el puesto 137 (de 180 países).
Desde 2007, cuando se sacó del aire y eliminó la concesión a Radio Caracas TV, fueron desapareciendo sostenidamente uno a uno los canales de TV independiente, entre ellos uno de gran impacto como fue Globovisión, el canal de noticias 24 horas, adquirido por afectos al Gobierno. Cayeron también en la garra hegemónica de la información del Gobierno las emisoras de radio y, más recientemente, la prensa escrita que viene recibiendo certeros mazazos con la severa restricción a divisas y a la compra de papel.
Esta última avanzada es una forma de censura a la información. Recientemente la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), reiteró su alerta sobre el deterioro que la restricción a los medios impresos para tener acceso al papel representa para la democracia y la libertad de prensa en Venezuela. El Correo del Caroní, El Impulso, El Carabobeño, El Nacional, El Regional de Zulia, Reporte de la Economía y Tal Cual son siete de los diarios que enfrentan en este momento una grave crisis de suministro de papel. Los dos últimos sobreviven apenas con sus emisiones por Internet y Tal Cual, además, en su edición como semanario.
Esto sin contar con la persecución judicial, por cualquier razón baladí, a periodistas, reporteros gráficos, analistas, editores y propietarios de medios de comunicación.
Uno de las más insólitos y emblemáticas de estas criminalización de la información es el caso de la demanda interpuesta el 23 de abril de 2015, por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en contra de accionistas, directores, consejo editorial y dueños de El Nacional, Tal Cual y La Patilla, porreproducir un reportaje del diario español ABC, que además circulo por la prensa internacional, en el que se denunciaba los supuestos vínculos del parlamentario oficialista con el narcotráfico.
La ¨perla¨ de esta denuncia la lanzó la jueza 12ª de juicio, María Eugenia Núñez, este martes al imponer una medida de prohibición de salida del país a 22 directivos de los tres medios, acusándolos de difamación agravada continuada, y sometiéndolos a un régimen de presentación semanal.
Es decir, se le pone un cerco total al derecho de informar, en momentos cuando la prensa internacional está denunciando chanchullo tras chanchullo de funcionarios venezolanos. Tal como es el caso de los diarios El Universo de Ecuador y El Nuevo Herald de Miami, que han develado operaciones fraudulentas realizadas a través de unas compañías fantasmas que recibieron hasta $90,2 millones del sistema Sucre desde Venezuela sin exportar ninguna mercancía.
¡Lo que se silencia, deja de existir!
No hay comentarios:
Publicar un comentario