No dejan de acumularse noticias, declaraciones, iniciativas y gestos que revelan una creciente preocupación internacional por la gravedad de la situación venezolana. El espectro de las alarmas incluye desde el acelerado deterioro económico, el cercenamiento de las libertades, los signos de la corrupción y el narcotráfico, cada vez más difíciles de ocultar, hasta lo que Felipe González ha resumido, con pesar, como regresión de la democracia en Venezuela.
Mientras tanto, los aparatosos empeños del gobierno por negar el desastre no han hecho más que multiplicar las razones para ocuparse de nuestro caso. Pero entre preocuparse y ocuparse hay un puente largo que a muchos gobiernos, visiblemente a los del vecindario cercano, les está costando cruzar.
Las nuevas declaraciones de Dilma Rousseff, tras reunirse con Tabaré Vásquez en Brasilia, son una señal interesante. Lo que hace hablar a los presidentes de Brasil y Uruguay ya no es solo la presión de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, parlamentos y toda la información que fluye a través de los medios de comunicación.
La inocultable verdad es que en todos sus registros, no solo en el de los negocios y las cuentas por pagar, la crisis venezolana es una grave perturbación en un momento complicado para la región y la mayoría de sus gobernantes. Es por todo eso que desde Brasilia se clama por una solución pacífica y constitucional en Venezuela. Es decir, ni violencia ni golpe de Estado.
El desafío inmediato, urgente, es construir un puente entre las reflexiones que los presidentes intercambian en privado, las palabras que con cuidado eligen para declarar en público y los compromisos concretos en los que se traduzca la preocupación compartida.
Si de lo que se trata es de evitar que escale la violencia que ya se ha instalado en Venezuela, han de reconocer fuera de sus gabinetes que la responsabilidad fundamental recae en el gobierno. La tarea pendiente es, ni más ni menos, presionar por la recuperación de la institucionalidad prevista en nuestra Constitución.
En el camino, que ya es tortuoso y sombrío, el tema electoral tiene que tomarse más en serio regionalmente. Un estudio del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica revelaba que entre los venezolanos ha crecido la desconfianza en el CNE, pero que persiste la voluntad de votar en las elecciones parlamentarias. Obstáculo y oportunidad. En lo uno y en lo otro, un buen grupo de gobiernos vecinos puede y debe dar las señales adecuadas, con claridad, más allá de las advertencias y con sincera disposición a involucrarse constructivamente.
En momentos tan difíciles para los venezolanos el vecindario debe cruzar el puente del dicho al hecho, de inmediato, con la seriedad que quizá aún es tiempo de imprimir a la Unasur pero, sobre todo, sin marginar las capacidades institucionales que mantiene la OEA, con su Carta Democrática y sus sistemas de protección de los derechos humanos y de observación integral del proceso electoral.
Fuente: El Nacional
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